El pasado viernes 17 de mayo, el diario New York Times denunció que el general Nicasio Martínez Espinel, jefe del Ejército colombiano, había decretado una orden que orientaba a los mandos militares a intensificar las acciones militares y exigía resultados sin importar que las bajas y heridos fueran inocentes civiles.
A tal efecto, indica el Times, “a inicios de año, a los generales y coroneles se les pidió firmar un compromiso por escrito de intensificar los ataques e instruye a “los soldados que exijan perfección” al momento de ejecutar ataques letales”. Según sectores militares opuestos a esa orden, “la orden implica reducir las normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas”.
Pues bien, la reacción no se hizo esperar. El propio comandante en jefe del Ejército, sin perder tiempo y a cinco días de emitir la orden y publicada la denuncia, reconoció que su orden fue malinterpretada. El martes 21 de mayo, ordenó su modificación, según declaró al periódico El Tiempo. Así, la instrucción de aumentar las capturas, muertes y rendiciones quedó anulada. Aunque habrá cambios en otras órdenes claves, indicó el ministro de Defensa Guillermo Botero.
Sin embargo, las modificaciones plantean atemperar la orden, pero no la esencia de ella. Al parecer se mantiene en vigor pues instruye a los oficiales a no “exigir perfección” al ejecutar las acciones letales, incluso si hay dudas considerables respecto a los objetivos sobre los que se despliegan. “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, dice la orden militar. Esto quiere decir que del 100 por ciento de acciones, hay entre un 30 o 40 por ciento que pueden ser un falso positivo.
Durante la segunda mitad del pasado siglo XX, los pueblos de América Latina fueron víctimas de crímenes y desapariciones de miles de sus ciudadanos, al sufrir horrorosas dictaduras militares. La humanidad conoció el apoyo de los Estados Unidos a esos ilegítimos gobiernos de facto y muchas de ellas, organizadas desde Washington, como la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual estuvieron seriamente comprometidos el expresidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger.
La gran mayoría de los generales y altos oficiales vinculados a esas criminales dictaduras están pagando cárcel, pero aún hoy, a 70 años de aquellas barbaries, miles de familias en nuestra región piden justicia para las víctimas. Nada diferente a lo que sucede en Colombia, donde supuestamente existe una “democracia” y un Estado social de derecho.
Esas imperdonables y dolorosas experiencias al parecer no han calado en la conciencia de algunos sectores castrense en Colombia, sobre todo en los altos mandos, cuyo objetivo estratégico debía ser la defensa de la soberanía del país y de sus habitantes y ha sido todo lo contrario. Las fuerzas militares han sido utilizadas desde hace medio siglo para combatir a la oposición política interna y se han convertido en la guardia pretoriana de la oligarquía colombiana y defensora de los intereses extranjeros.
La denuncia del New York Times es una alerta para no repetir los horrores vividos durante los ocho años de los falsos positivos (2002-2010), ocurridos durante el gobierno militarista de Álvaro Uribe Vélez. Según el diario estadounidense, se calculan más de 5000 jóvenes inocentes asesinados de acuerdo a informes de las Naciones Unidas. Sin embargo, sus familiares y la sociedad colombiana aguardan aún para que los máximos responsables de dicho gobierno y jefes militares sean juzgados por la CPI.
Considerados crímenes de lesa humanidad, estos deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual no ha sido posible por la negativa de la Fiscalía General de la Nación a entregar los expedientes de altos mandos militares complicados en dichos crímenes. Esto pone de manifiesto la complicidad e impunidad en la actuación del sistema judicial colombiano y del poder ejecutivo, no solo del actual gobierno sino de las anteriores administraciones.
Por supuesto, la denuncia del NYT fue rechazada por el sector uribista, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal, que llegó a caracterizar al diario neoyorquino de un pasquín. Lo anterior demuestra el mediocre nivel y analfabetismo político de una congresista, que lejos de preocuparse, investigar y verificar la certeza de que se cometen tales actos criminales por los uniformados de su país, la emprende contra el diario estadounidense. Ella debía buscar justicia y velar por que no haya impunidad, para eso fue elegida por una parte de la población, no convertirse en una defensora a ultranza de un sector que lejos de defender a su pueblo está defendiendo la impunidad con la que actúan las fuerzas del orden en un conflicto, cuyas cifras de muertos y heridos se resumen en el libro de la Memoria Histórica, Basta Ya. El informe permite confirmar que entre 1958 y el 2012 el conflicto social y armado interno ha ocasionado la muerte de 220,000 mil ciudadanos colombianos.
La semana del 27 de mayo, el Senado tenía la tarea de evaluar a los generales que serían ascendidos al grado inmediato superior. Once de ellos están siendo revisados por el gobierno luego de la denuncia del NYT, pues se encuentran señalados como violadores de los DD. HH. por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. De hecho, se dice que algunos tendrían procesos en la Fiscalía General de la Nación y que otros se han postulado a la Justicia Especial de Paz.
Además, según el Times y documentos publicados por Human Rights Watch, el gobierno de Duque nombró a nueve oficiales vinculados a asesinatos a mediados de la década de los 2000, incluidos algunos que ahora ocupan los cargos más altos dirigiendo ofensivas militares en toda Colombia.
En medio de este serio escándalo surge la oposición de un importante grupo de senadores que cuestionan la propuesta de Guillermo Botero de judicializar las protestas sociales, propuesta nada diferente a la que aplicaron los gobiernos fascistas de Franco en España, Mussolini en Italia y las dictaduras militares en América Latina en décadas pasadas. ¿Realmente en Colombia existe una democracia y un Estado social de derecho como proclama el gobierno? Respóndase usted mismo, querido lector.
Resultan contraproducentes esas órdenes y la agresividad de los altos mandos militares, cuando solo mediante el diálogo y no por las acciones militares se pudo lograr que las Farc-Ep, con un importante sentido político y vocación de paz decidió, dejara las armas. Cabe decir que deja mucho que desear que solo un 20 por ciento de lo acordado se haya cumplido y ahora se trate de imponer cambios y trampas a lo ya pactado. Y esa conducta no es solo del gobierno, del que se sabía era enemigo de la paz, sino de las fuerzas políticas colombianas, que deben exigir desde sus bancadas en el Congreso el cumplimiento de la implementación de los acuerdos de paz. Eso sería lo honorable y lo que espera el pueblo colombiano que merece vivir en paz.
Se sabe que este movimiento guerrillero era considerado el mayor, mejor armado y preparado en el país, también que los acuerdos de paz no fueron producto de una derrota militar, sino del interés de responder pacíficamente a los clamores del pueblo agotado por cincuenta años de guerra. El gesto de haber entregado sus armas, si bien fue algo plausible, fue estratégicamente errado (algo a lo que el histórico comandante en jefe de las Farc-Ep Manuel Marulanda no hubiera accedido, salvo que la contraparte reciprocara con coherencia un verdadero interés por la paz, como hubiese sido liberar a todos los prisioneros políticos e iniciar el acuerdo de la Reforma Rural Integral).
Tampoco Jacobo Arenas o Alfonso Cano hubieran aceptado entregar las armas, que son garantía de que se cumplan los acuerdos. Actualmente esa masa guerrillera es una tropa inerme y desarmada. La conducta del gobierno de Santos y Duque debieron de tomar en cuenta ese gesto y haber reaccionado con mayor agilidad y sin burocratismo a las necesidades de estos combatientes que hoy muchos de ellos se sienten traicionados. Trabajar por la paz fuertemente en el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana, debe ser tarea priorizada del Gobierno de Iván Duque, así como acceder, a dar continuidad a los diálogos con el ELN y lograr al igual que con las Farc un acuerdo de paz.
Reconocer que las Farc-Ep, sin recibir ningún beneficio a cambio, concentraron sus fuerzas en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), centros donde la guerrilla no tiene, según quienes lo habitan, las más mínimas condiciones para una vida higiénica y digna, sufriendo ataques a sus miembros que han conllevado al asesinato de 115 exguerrilleros y 31 miembros de sus familias, incluyendo niños; conociendo el proceder del Gobierno y el Poder Judicial en el caso de Jesús Santrich, al desconocer la decisión de la JEP de ponerlo en libertad y estas graves noticias del proceder de las FF. MM., es lógico que cause en los desmovilizados, profundas preocupaciones ante la evidente falta de garantías para sus vidas y futuro.
Estos elementos debían ser tomados en cuenta no solo por el gobierno, que está obligado a cumplir lo que está avalado por las Naciones Unidas con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad para que se cumpla la implementación de los acuerdos de paz, también por la sociedad colombiana y sus partidos políticos y sus organizaciones sociales. Esperemos que se actúe con coherencia y sensatez, especialmente quienes tienen las altas responsabilidades en el gobierno.
Combatir con todas las armas legales y ordenar a las fuerzas públicas que tomen las medidas correspondientes para extirpar la violencia narcoparamilitar, la fuerza que está provocando la desestabilización del país, con los horrendos crímenes que están cometiendo contra el movimiento social y político colombiano. Solo así Colombia podrá escribir páginas de gloria con toda la fuerza e inteligencia que tiene su pueblo y ponerla no solo al servicio de su país sino también de toda la región.
