Uno no sabe si los funcionarios de Planeación Nacional están dedicados a perder tiempo o si sus directores —sobre todo cuando pintan para genios—, como se lo recomendara el presidente Duque a los costeños en estos días, son un sartal de mentiras. Porque esa es la sensación que queda luego de que se descubriera que unos cuantos de los funcionarios de dicha entidad estaban dedicados, al parecer calladamente, a elaborar un muy importante documento para el no menos importante Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (Conpes), que apuntaba nada menos que a la reactivación económica de Colombia.
Y algo peor sucede con el Congreso de Colombia, que ha decidido empantanar el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú con maniobras arteras, así en el argot legislativo las consideren también como recursos normales. Luego de un eventual pedido de urgencia del presidente Duque para su aprobación, nuestros irresponsables parlamentarios se han dado mañas no solo para frenarlo sino probablemente para hundirlo a pedido de los grandes gremios económicos y sectores políticos como el Centro Democrático, que siguen favoreciendo el fracasado desarrollismo neoliberal del que se han alimentado injustamente sus élites.
Cerrándole al pueblo colombiano, pese a las evidencias múltiples que lo reclaman, el único camino de desarrollo posible en las circunstancias actuales, el mancomunado de países latinoamericanos y del caribe para cuidar, reponer y explotar razonablemente sus riquezas naturales, esenciales para salvar al hombre del calentamiento como reclaman los científicos del clima, y proporcionarle las oportunidades de empleo masivo y bienestar a sus ciudadanos que el esquema empobrecedor de extracción minera e industrialista ha agotado de manera irremisible hacia futuro.
El documento de Planeación por su parte no era un modelo de creación económica para sacar de la miseria (subdesarrollo más coronavirus) a nuestro país que fruto de 50 o más años de estos estudios raya en la inviabilidad, sino que tenía el objetivo más bien pedrero de recomendarle a su gobierno que la forma de hacerlo no es con el mismo perro con distinta guasca, como enseñaba el viejo dicho, sino con el mismo perro y la misma guasca. Viejo truco que ya había funcionado antes, no para sacar el país de la crisis permanente sino para que, por enésima vez, nuestros pensionados industriales tuvieran una vez más la opción de sobrevivir entre pares ecuatorianos, salvadoreños o bolivianos, por cuenta del trabajo cada vez más barato del resto de los colombianos.
Solo que esta vez evitaron ponerle nombres dramáticos como “Exportar es lo máximo” o “Colombia exporta” o “Exportar o morir” como para no recabar en la memoria escasa de sus conciudadanos pobres tantas veces engañada. Se limitó Luis Alberto Rodríguez, quien es ahora el jefe, a asegurar que era un documento por joder donde se corroboraba la verdad económica sabida, aunque jamás comprobada, de que la reactivación pasaba por la reducción de costos de las empresas, cuyo mejor camino no era como lo pensaban Trump y semejantes, quitándole impuestos a la renta y capital como se había hecho múltiples veces sin resultado alguno, sino eliminando los costos laborales como se había hecho otras tantas veces, también sin que se moviera una raya la aguja de la incompetencia veterana de nuestros industriales.
Hipótesis que se alternan o se añaden en el tiempo cuando las oportunidades las pintan calvas, en este caso como engaño, para mantener la ilusión de que en algún momento vamos a alternar con la tecnología y economías desarrolladas si salvamos a nuestros ya centenarios quijotes de la Andi con un nuevo sacrificio del pueblo. Una añagaza con la que algún premio nobel —precisamente por ello— engrupió a los países atrasados de que todos pasaríamos por las mismas etapas antes de ser ricos y competentes. Añagaza en la que se durmieron nuestros economistas mientras al borde de despertar se la reforzaron con otra no menos descabellada como la del neoliberalismo, que si no fuera por las estadísticas y estudios de Piketty, de la Onu, de Oxfam y de la realidad misma, que nos avisan que unos pocos vivos son dueños del mundo, de su riqueza y del trabajo de los demás, continuaríamos pensando en pajaritos preñados como cualquier ministro de hacienda de Colombia que se respete.
Obviamente el inoficioso trabajo causó escozor cuando se filtró a los medios, no porque estos se escandalizaran de que los pobres tuvieran una vez más que sacrificarse sin sentido, sino porque la solución planteada se repetía cuando las afugias de trabajadores, informales y clases medias —a costillas de quienes se bajarían los costos de los empresarios— no daban sino para llorar largamente. De allí el estupor de gente apenas con sentido común para concluir que allí había gato encerrado sin necesidad de recurrir a ningún manual casero de hacer mercado para advertirlo.
El doctor Rodríguez esquivó la primera mentira añadiéndole a la vagancia de sus funcionarios, la excusa de que lo que sí harán es actualizar la legislación laboral el próximo año para adecuarla a las nuevas circunstancias, que no aclaró si son de coronavirus, recoronavirus o poscoronavirus, pero “que sí lo exigían las dinámicas de las zonas rurales, las nuevas formas de empleo, incluido el teletrabajo, y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes”. De donde cualquiera deduciría que su objetivo sería buscar oportunidades para que todos estos sectores golpeados como los que más por el atraso secular y la pandemia tuvieran ocasión de superar su condición y entrar por fin en una vida digna.
Pero no, el estudio de Planeación parece partir de un supuesto contrario. De que los golpeados por las penurias del sistema y el virus no son los campesinos, trabajadores, empleados sino los grandes empresarios por lo que habría que apoyarlos para que puedan echar gente sin que les cueste hacerlo. Es decir, reducir la nómina para jalarle a reemplazarlos por tecnología y robots para competirle no a gringos ni europeos sino a peruanos y haitianos, mientras se nos acaba de chamuscar el mundo, que es lo que todos debemos tener bien claro.
Pues insólito sería pensar —cuando el carácter hipercapitalista persiste, a pesar de la catástrofe sanitaria— que nuestros industriales van a dedicar los nuevos beneficios para dar empleo, cuando jamás lo hicieron en mejores circunstancias, y no para adquirir tecnología en el camino de obtener una precaria productividad regional como objetivo. Habría que suponer para ello un cambio de mentalidad por la que el bien de todos los colombianos estaría por encima de sus intereses egoístas inmediatos, suposición solo posible apelando a la mayor ingenuidad de todos los colombianos.
Que en épocas pasadas ha servido a los propósitos mezquinos de siempre, pero que en las circunstancias actuales —cuando los verdaderos resultados que nos deje la pandemia están lejos de ser evaluados en toda su dimensión y parece una locura sostener que ya en pocos meses estaremos al otro lado, pues nuestra economía ya arrancó— constituyen realmente un salto al vacío. Salto al vacío que lo único que garantiza es que la gravísima situación social que se ha gestado, y que no solo acabó con los relativos avances en pobreza y miseria de que se ufanan nuestros gobernantes, sino que continuará gestándose ante la permanencia del virus, llegará a ser insostenible dentro de una economía y democracia tan limitadas como la nuestra.
Mientras tanto la aprobación por el Congreso de la República del Acuerdo de Escazú, que podría ponernos en la ruta de un modelo de desarrollo regional auténtico con base en nuestras riquezas naturales y dispuesto para la mano de obra no solo profesional sino poco capacitada como la de nuestros bachilleres y juventud sin trabajo, espera infructuosamente ante la irresponsabilidad de todos sus miembros y no solo de los promotores de su fracaso, la bancada de ultraderecha del Centro Democrático que sigue jugándole al capitalismo salvaje para beneficio de unos pocos mientras lanza al resto del país a una debacle anunciada.
