Las Farc entran en el escenario político con todo a su favor. No solo se trata de los medios de comunicación que se les adjudicaron: treinta y una emisoras en total. Ni de las casi tres decenas de congresistas que tienen garantizadas. Ni de los avances sociales y democráticos contemplados en el acuerdo de La Habana, que van a reclamar como obra propia.
Lo que da viabilidad inmediata al proyecto fariano es que los comandantes guerrilleros aprovecharon los años en Cuba para conocer a fondo el país y entrevistarse con cuanto líder, sector u organización social quisieron. Así tienen ahora, un mapa actualizado de las necesidades de la población, los recursos y las estrategias posibles, en lo que constituye formidable punto de partida para un ambicioso programa de gobierno. Esto sin contar con que tuvieron la oportunidad de tejer una red de amistades y solidaridades que se extiende por todo el territorio nacional, incluyendo aquellos conglomerados urbanos a los que hasta entonces habían tenido poco acceso.
El proyecto político de la insurgencia tiene a su favor una ventaja adicional. Va a desarrollarse en un país destartalado y corrupto, donde a pesar de los esfuerzos continúan grandes poblaciones sumidas en la pobreza, cuando no en la miseria; donde la democracia es una ficción aprisionada por las maquinarias de los partidos tradicionales y su pléyade de politiqueros. Un país donde la podredumbre esta estimulada por el guiño mermeladero que parte del alto gobierno.
A todas estas circunstancias favorables para las Farc súmese que la clase política tradicional no se da por enterada de que el escenario cambió. Sus integrantes siguen más interesados en perpetuar la dieta que engorda bolsillos y se nutre de la nómina y los contratos.
La culpa será del aparato político decadente,
Y de los ciudadanos que no tuvimos el valor civil
ni los cojones de exigir las transformaciones indispesables
Esta reflexión no pretende descalificar la solución negociada del conflicto ni los acuerdos. Darnos la oportunidad de vivir en paz es un imperativo ético. El asunto es que la política tradicional debe cambiar a fondo, o demos por liquidada nuestra democracia burguesa. La culpa no será de las Farc, que siempre han estado en lo suyo. La culpa será del aparato político decadente, que no tuvo la clarividencia de aceptar sus errores y depurarse. También de los ciudadanos que no tuvimos el valor civil ni los cojones de exigir las transformaciones indispensables.
En una reunión reciente con presencia de los negociadores del gobierno y del senador Roy Barreras, quien fue protagonista en el cierre de las negociaciones, expresé mi preocupación de que los múltiples organismos creados en el posconflicto queden en manos de los barones electorales de siempre. De manera similar señalé mi escepticismo frente a la normatividad que habrá de expedirse para desarrollar el Acuerdo Final, si la redacción de los proyectos legislativos requeridos queda en manos de los compadres políticos del gobierno.
Ante estas preocupaciones el senador Barreras hizo unas manifestaciones sorprendentes. Se mostró de acuerdo en que la actividad político-electoral da muestras de grave corrupción y mencionó la necesidad de adoptar medidas para transformarla, agregando que en su concepto el ajuste más importante es acabar con las listas abiertas, reforma que acaso tendría que ser adoptada por una Asamblea Constituyente.
Pero el asunto es más complejo, honorable senador. Cerrar las listas no es la solución. Esa medida permitiría a los partidos ejercer una disciplina para perros y volver al reino del odiado bolígrafo. Es la estructura misma de los partidos la que está carcomida por los contratos y los puestos, el problema no radica tan solo en la manera como las colectividades adelantan sus procesos internos.
Aunque la solución sugerida por Barreras se queda corta hay dos cosas en sus expresiones que se deben destacar. Por un lado es la primera vez que uno de los mandamases partidistas acepta que nuestra vida electoral se corrompió. Por otra parte, reconoce que las soluciones de fondo tienen que provenir de una Asamblea Constituyente. Un espacio, agrego yo, donde los ciudadanos conscientes y no solo las maquinarias clientelistas tengan la palabra.
La Asamblea tendría que ocuparse de otras situaciones inaceptables en una democracia y relacionadas con nuestra organización institucional. Es el tema por ejemplo del fuero especial consagrado en favor de quien desempeña la Fiscalía.
Las normas actuales permiten al titular de aquel despacho actuar con total libertad e impunidad, dando un pésimo ejemplo. No hablamos tan solo de contratos multimillonarios con asesores de pacotilla. Es también el trato privilegiado tenido en el pasado con los antiguos clientes del Fiscal General. Aquello que el senador Robledo ha denunciado abiertamente cuando pide que se explique la pasividad del ente investigador frente a Saludcoop, la EPS más grande del país. Y es que según aduce el congresista, “la inacción de la Fiscalía tuvo origen en los contratos por $4.943 millones de pesos de Eduardo Montealegre con Saludcoop, que crearon una ruta jurídica –inaceptable, según las autoridades- para convertir en privados los recursos públicos de la salud”.
