El país conoció la reciente declaración de la última dirección nacional de las extintas Farc-EP, en la que dirigiéndose a las víctimas de los secuestros cometidos por la desaparecida organización rebelde, reconocen su carácter de crimen de humanidad, a la vez que reiteran públicamente su solicitud de perdón, y exaltan la vía del diálogo sobre la verdad como el camino más adecuado para lograr la reconciliación.
Lo anterior en el marco del caso 001 que adelanta la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP. Ya la sala había enviado a los comparecientes el auto en que se imputaron los hechos por los que deberían responder, y estos a su vez habían expresado su posición al respecto. Faltaba escuchar a las víctimas con relación al tema, cosa de la que se ocupa ahora la Jurisdicción.
La posición de los últimos responsables de la desaparecida guerrilla ha sido siempre la misma, reconocer la responsabilidad que les cabe por esos hechos, aportar verdad, suplicar a las víctimas el perdón como gesto reparador, y someterse a lo que finalmente determine la Jurisdicción. Esa actitud revela la disposición plena de admitir los hechos más graves cometidos durante el conflicto, algo que debería ser valorado en su justa dimensión.
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La posición de los últimos responsables de la desaparecida guerrilla ha sido siempre la misma, reconocer la responsabilidad, aportar verdad, suplicar a las víctimas el perdón
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Desde luego que no faltan los críticos, que ante este tipo de gestos salen a vociferar con argumentos rebuscados y ruines. Desconocen de manera deliberada, que los hechos admitidos por las antiguas Farc y por los que están respondiendo ante la justicia, tuvieron lugar en el marco del sangriento conflicto armado vivido en nuestro país durante 53 años. Resulta reprochable que las guerrillas hubieran secuestrado, pero hay que examinar el contexto en que lo hacían.
Pese a toda la propaganda según la cual la insurgencia estaba financiada desde Moscú, Pekín, Praga o La Habana, la verdad era que las Farc no tenían cómo sostenerse, ni cómo pagar con recursos propios los inmensos gastos que demandaba la guerra. Una vez se alzaron los marquetalianos, las urgencias económicas se encargaron de conducirlos a ese tipo de prácticas. Enfrentar las inmensas operaciones de exterminio lanzadas por el Estado costaba mucho dinero.
Así que el repudiable secuestro se tornó una práctica. En un pleno del Estado Mayor Central de las Farc del año 1983, se hizo reconocimiento explícito de las gravísimas consecuencias políticas que tenía el secuestro, y se asumió el compromiso de abandonarlo apenas hubiera posibilidad. En adelante fue tan intenso el curso de la confrontación, que pese al reconocimiento no se pudo cumplir con ese anhelado propósito.
Peor aún. La comisión cotidiana del secuestro terminó por degradar sus criterios orientadores. Se suponía que los ricos, los oligarcas, los responsables últimos de la guerra debían ser los que la financiaran también del lado del pueblo. La dura realidad se encargó de demostrar que esos eran imposibles de secuestrar. Así que se fue echando mano a otros, menos pudientes, menos ricos, hasta terminar atrapando a gente que nunca lo ameritaba.
Igual sucedió con la orden de capturar prisioneros en combate con miras a obtener un canje por los guerrilleros presos. La idea de capturar generales, almirantes, altos mandos nunca se materializó. Fueron cayendo oficiales subalternos, suboficiales, soldados y policías por los que el Estado no mostró mayor preocupación. Entonces se pensó en tomar políticos, ministros, senadores, gobernadores, gente por cuya libertad el poder se moviera sin vacilaciones.
Cayeron personas de talla menor, que nada representaban para el Estado. Había el ejemplo del hermano del expresidente Gaviria, por el que se realizó una pronta negociación con el Jega, con intermediación cubana, garantizando el traslado de los captores al exterior. Las Farc pensaron en algo así, pero jamás fue posible. En cambio las operaciones militares, los bombardeos y desembarcos fueron el pan de cada día.
La decisión política del Estado era que bien podían morirse todos esos secuestrados. La culpa recaería en las Farc y habría más odio contra ellas. Finalmente, en un acto histórico de cordura, tras haber pasado por trances amargos, las decisiones de las Farc brotaron por su propio peso. Había que liberar a todos los secuestrados, militares y policías, civiles por los que se aspiraba a cobrar dinero. A inicios del 2012 se determinó abandonar el secuestro para siempre y así sucedió.
Hoy se responde por ello, tras haber firmado una Acuerdo de Paz, dejar las armas y convertirse en partido político. En los términos del Acuerdo que lo hizo posible. Un Acuerdo que marcó un antes y un después en la historia de Colombia. Que es despreciado tercamente por un sector de la vida nacional. El mismo que se niega radicalmente a reconocer sus responsabilidades en el conflicto, sus crímenes, su falta de humanidad. Los uribistas, a los que es urgente vencer en las urnas en 2022.
