Lo que se logró con los acuerdos de paz (Acuerdo de La Habana y después Acuerdo del Colón) en lo que respecta a aquello que se comprometió las Farc se ha cumplido: Nadie puede objetar alegando que esto sea indeseable. El cese de confrontaciones con ese grupo, la dejación de armas, el desmonte de la organización con el sometimiento de cada guerrillero a unas reglas del juego cuando antes no aceptaba ningunas, la entrega de bienes. Incompletas o sin serlo a entera satisfacción de todos, esto nadie puede tildarlo de negativo.
Lo mejor que aporta este paso es que permite y casi obliga a que desaparezca el pretexto con el cual nuestros dirigentes habían justificado no haber adelantado las reformas que el país necesita, siempre bajo el argumento de que esa era la pretensión de la guerrilla.
Por supuesto no es esto el ideal ni pocos los insatisfechos. Fue el acuerdo posible, o por lo menos el logrado, y ya está sobre la mesa sin que haya lugar a cuestionar el comportamiento de la guerrilla.
Los que hoy hacen política buscando polarizar en contra del proceso es muy poco lo que discuten al respecto, puesto que lo que objetan no es tanto su cumplimiento como lo que consideran malo de lo pactado.
En sentido contrario el gobierno se ha visto forzado a buscar o aceptar cambios en lo ya acordado, ya sea por considerarlos convenientes o porque las circunstancias y la oposición los han forzado. Algunos de estos puntos los representantes de las Farc los han aceptado (siendo claro que es que no tienen alternativa).
Es decir que ante las Farc, o entre esa guerrilla y el gobierno la relación ha sido de incumplimientos que llevan a modificaciones por parte de este último con aceptación por parte del otro.
Excepto para quienes juegan a que lo suscrito debe ser ‘vuelto trizas’
el proceso es un hecho cumplido y los cambios que aún se discuten
son más maniobras políticas para buscar votos
Excepto para quienes juegan a que lo suscrito debe ser ‘vuelto trizas’ el proceso es un hecho cumplido y los cambios que aún se discuten son más maniobras políticas para buscar votos que verdaderas intenciones —y menos aún posibilidades— de que se revise lo adelantado.
Lo que en cambio debe ser motivo de preocupación no es el cumplimiento de la guerrilla puesto que este ya se dio; ni el incumplimiento del gobierno ante ellos puesto que este ha sido negociado. Lo que está pendiente es el cumplimiento del gobierno —en este caso del Estado—- con el resto de los colombianos.
Por un lado, con las victimas puesto que una cosa es comenzar —por ejemplo, dar tierras a algunos pocos o adelantar la vigencia de la ley del JEP con diferentes maniobras—, y otra cosa es la ejecución total de lo comprometido, lo cual parece no solo más difícil, sino en el mejor de los casos, remoto.
Veinte o treinta mil títulos adjudicados no son nada comparado con los 4 000 000 que se suponen tienen ese derecho; y los tres millones de hectáreas para ese punto del acuerdo no se sabe de dónde aparecerán; y la expectativa más optimista de la JEP es que solo deberán atender un máximo de 2000 casos, pero que eso puede tardar hasta 30 años.
Cumplirle a los colombianos aunque sea solo lo pactado con las Farc, implica la decisión de cambiar las prioridades del Estado. Por un lado, buscar más la respuesta a las necesidades insatisfechas de los ciudadanos y no limitarse al simple crecimiento del PIB; eso supone abandonar todo el modelo neoliberal de soberanía del mercado, y dedicar la capacidad de planeación y de intervención a ese nuevo propósito. Por otro lado, y como consecuencia de ello, orientar no tanto o no solo la legislación sino los recursos económicos para ello, o sea abandonar la hasta hoy ortodoxia del Consenso de Washington.
‘Defender los Acuerdos de Paz’ de los inconformes con su contenido será solo retórica para buscar votos. Lo que falta es saber cuál de los candidatos se compromete a cumplirlos, diciendo con cuáles cambios, qué programas, y de dónde los recursos.
