Un reciente debate en la Comisión Segunda de la Cámara —citado por el representante de Arauca José Vicente Carreño Castro — reveló la crisis en la reparación individual de víctimas en Colombia, que evidencia una vez más la interminable afectación del conflicto interno.
Solo un 13 % de las víctimas a nivel nacional ha recibido una reparación individual —administrativa o judicial—, que se reduce a solo 963.000 víctimas, frente a una población total de casi 7 millones 400.000 —sujetos de reparación—, convirtiéndose esta cifra en el pobre y exiguo resultado, con la implementación hace 10 años de la ley de víctimas y tierras (Ley 1448 de 2011).
Esta situación se agrava en Arauca, porque el porcentaje de atención se reduce a un 7 por ciento del total de víctimas en ese departamento (152.953 personas), frente a una población general de 265.000, lo que de paso significa que más de la mitad de los habitantes en Arauca son víctimas, como lo explicó el representante Carreño en esta sesión, quien solicitó en este debate la creación en este departamento de una seccional territorial de la Unidad de Víctimas, que no dependa en lo absoluto de la establecida en Norte de Santander.
En Casanare, se han reparado en estos diez años solo al 11 por ciento de la población total de las víctimas (79.900), alrededor de dos puntos por debajo de promedio nacional, en donde escasamente se han pagado casi 10.000 indemnizaciones administrativas y 38 indemnizaciones judiciales, aun en un departamento que ha sufrido en los últimos treinta años los embates de la violencia, inicialmente con la presencia de guerrillas, la consolidación de las autodefensas y el doloroso desenlace a finales de la primera década de este Siglo, sin contar con la compleja y temeraria configuración que ha tomado actualmente el conflicto, incluida una crisis en la convivencia y seguridad ciudadana en el área urbana, que sin duda a futuro nos va a arrojar una alarmante cifra de víctimas, en donde siempre la población civil es la que asume el costo de más de doscientos años de guerra civil en Colombia.
En cuanto a la “reparación colectiva”, que es el reconocimiento a la afectación de grupos étnicos, no étnicos y organizaciones sociales, con mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, se reduce lamentablemente a nivel nacional en la fase de identificación a 220 casos de reparación y solo 172 en la fase de implementación, sin que la Unidad de Víctimas revele en este debate de control político, ni los casos específicos de esta reparación ni mucho menos la inversión presupuestal para una efectiva reparación.
En cuanto al retorno, reubicación o integración local, se advierte un bajo retorno o reubicación, porque mientras que en el año 2013 se registra más de 34 mil hogares, en 2019 no alcanza siquiera los tres mil hogares, en donde no se revela el monto específico a nivel departamental y nacional –incluidos Arauca y Casanare— ni como se ha adelantado este programa en cada uno de los 32 departamentos del País.
Esta mínima cobertura de reparación a las víctimas, sienta además a la reflexión sobre la incapacidad del Estado para afrontar uno de los aspectos más importantes del conflicto interno, incluso pone en la cuerda floja la legitimidad y eficacia del proceso de paz con las Farc –algunos le atribuyen mucha improvisación— mucho más cuando la mencionada ley de víctimas fue un “prerrequisito” para los Acuerdos de La Habana.
Una ineficacia en la reparación que también se evidencia en la otrora negociación a nivel nacional con el Acuerdo de Ralito –que no se alcanzó a concretar con las Autodefensas de Casanare— que sin duda explican el actual fracaso en esa reparación, en el sentido de que los entonces actores del conflicto no habrían aportado los recursos necesarios para tal fin, como lo advirtieron con antelación expertos y diferentes sectores involucrados en el tema.
Coletilla. Al terminar este debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, se logra un interesante acuerdo –entre Unidad de Víctimas y congresistas, encabezado por Carreño— en el sentido de aunar esfuerzos para conseguir recursos adicionales en el presupuesto nacional del año entrante, con el fin de aumentar el porcentaje de indemnizaciones administrativas y judiciales a las víctimas del conflicto.
De todos modos, alcanzar la reparación del ciento por ciento de las víctimas será una titánica tarea a futuro, aún más cuando desde los noventa se está vendiendo el aparato productivo del país, y el gobierno nacional tiene que apelar a impuestos y créditos para sostener incluso los gastos básicos del Estado.
