Los argumentos expuestos por Gustavo Bolívar, en una defensa abierta del gobierno Petro que circula ampliamente por las redes sociales, resultan absolutamente irrebatibles. Nada en ellos puede tacharse de falso. Bolívar hila su exposición sobre la base de que están desmontados por completo las infundios argüidos por los adversarios políticos del actual presidente. Hechos contundentes lo demuestran.
Además, advierte que para 2026, la oposición no tendrá de qué acusar a la presente administración, porque, sencillamente, las realidades la habrán aplastado por completo. Que durante este gobierno la economía del país se iba arruinar, contrasta con hechos como que se está pagando la ruinosa deuda que dejó Iván Duque, el precio del dólar bajó, contrariamente a lo que se decía, igual a como sucede con la cifra de desempleo.
Que iba a instalarse una dictadura, contrasta con la libertad absoluta con que cuentan todos los medios, dedicados obsesivamente a atacar a Petro. Que nos íbamos a volver como Venezuela terminó desmentido por el notorio descenso del índice de inflación que recibió el gobierno en 2022. El sector agropecuario crece a un ritmo del 10 por ciento, la economía se ha diversificado, la industria turística goza de un gran repunte.
Que las fuerzas militares y de policía iban a ser pisoteadas, lo contradicen la serie de beneficios otorgados a estas por el actual gobierno. En salarios, pensiones, favorabilidad para hacer carrera y ascender. Que el país iba a ser entregado al narcotráfico queda hecho añicos con el decomiso en dos años de 1.800 toneladas de cocaína. Que iba a ser regalado a las guerrillas queda desmentido por el combate abierto declarado a bandas como la de mordisco.
Es cierto, se han abierto diálogos de paz con buena parte de las organizaciones armadas, en busca de una solución civilizada a la violencia que nos azota, pero también se les ha puesto de presente que el gobierno no es débil, como para que pretendan burlarse de él. Aquí, además, no hay asomo alguno de comunismo, como predecían las aves de mal agüero. Hay respeto por la propiedad privada, la libre empresa, la libre movilización.
Que se trata de un gobierno corrupto, dedicado a apropiarse el erario público, ha quedado desmentido por los hechos. Sí, el escándalo de la UNGR sucedió en este gobierno, pero ha sido este mismo quien lo ha perseguido, buscando la condena de los implicados y pidiendo perdón al país por lo ocurrido contra su voluntad. Que sería un gobierno castrochavista, igual dijeron al comienzo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Considerado hoy el mejor gobierno mexicano de su historia, capaz de entregar su mandato con un índice del 79 por ciento de aprobación, hasta el punto de que su sucesora, apoyada por Obrador, arrasó a sus contradictores en las urnas. Hay un argumento de Gustavo Bolívar que resulta doloroso admitir. A quienes aseguraban que se trataría de un gobierno tramposo, que se robaría las elecciones, se les desmontó su calumnia en las votaciones regionales de 2023.
Bolívar concluye que el discurso del odio con el que los enemigos del actual gobierno lo agraden diariamente, carece en los hechos de la más mínima razón
En buena parte del país, numerosos departamentos y municipios, resultaron vencedores los candidatos de la oposición, incluido Bogotá, sin fraude gubernamental alguno. El gobierno central reconoció sin excusas todos esos triunfos. De este modo, Bolívar concluye que el discurso del odio con el que los enemigos del actual gobierno lo agraden diariamente, carece en los hechos de la más mínima razón.
Su razonamiento electoral llama a reflexionar en varios sentidos. Siempre se dijo que el régimen político colombiano es marcadamente presidencialista, que el poder del primer mandatario de la nación es amplísimo frente a las demás ramas del poder público. Hoy cabe pensar que eso solo funciona cuando el gobierno actúa en el sentido tradicional, de defensa del establecimiento y sus privilegios. Entonces sí que cuenta con poderes para imponerse.
En caso contrario, como ahora, aflora otra amarga realidad. Tanto el poder legislativo, como la estructura institucional regional y local, sacan a relucir, sin menor vacilación, su mayor poder de decisión. Está visto que las mayores trabas a las intenciones de Petro provienen de los territorios, de sus congresistas, de sus poderes, corruptos e intocables. Y, paradójicamente, son estos quienes finalmente administran los recursos que se destinan a las regiones.
Y quienes se los roban descaradamente, como quedó demostrado con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial previstos por el Acuerdo Final de Paz. Revisado apenas un 20 por ciento, se sabe que embolataron más de once billones de pesos. Las obras contratadas y pagadas no existen. Acueductos, alcantarillados, vías, etc. Y la impunidad es total. Los buenos propósitos del gobierno central terminan engrosando ese agujero negro territorial.
Opuesto radicalmente al cambio. Por eso, en las regiones, cunde el desencanto con el gobierno central. Ciertos los razonamientos de Bolívar, pero, por sí solos, no sirven para remediar el cáncer que devora los territorios.
