En estos días de debate sobre el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos procesados, los argumentos en contra son débiles, no tienen ningún sustento científico. Según los críticos del posible tributo que afectaría a los más pobres entre ellos los obreros, porque, según ellos, este sería su único alimento disponible a la hora del almuerzo “una gaseosa y un pan”.
Lo sorprendente es que no se cuestione que ese sea el único alimento de un obrero, y además, escandalosamente se naturalice, se acepte como normal. El debate debería centrarse en el acceso a una dieta de valor nutritivo como derecho humano. Y no solamente la discusión porque a la bebida se le aumentan $50 o $100 pesos.
Si lo miramos en términos de productividad con una alimentación de buena calidad todas las personas, no solo los obreros, incluido los niños, tendría mayores posibilidades para el desarrollo y mantenimiento de su organismo, de manera que sería más productivo y con mayor capacidad intelectual.
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Lo que indudablemente llevaría en últimas, a un mejor desarrollo socioeconómico y productivo de una región o país. Los resultados son a mediano y largo plazo:
No se puede seguir con miradas reduccionistas, desenfocadas y descontextualizadas, se debe pasar de una mirada simple a una más compleja, dando espacio a posturas desde perspectivas diversas. Donde se conjuguen diferentes paradigmas sobre un tema que nos compete a todos.
Resulta francamente sospechoso y falta de ética que se permita y se pretenda mantener este tipo de alimentos, por defender no al consumidor sino a las empresas que son las que realmente ganan con este tipo de malos hábitos alimenticios de la población de estratos bajos. Las empresas por si mismas debería empezar por producir alimentos saludables que otorguen beneficios a sus consumidores y no generen daño.
En consonancia con lo anterior, no se ha esbozado siquiera ningún cuestionamiento a las macroempresas fabricantes de estos productos que durante décadas han incrementado su capital gracias al consumo de estos de los desfavorecidos y que han contribuido al crecimiento de sus empresas, llámese gaseosas, refrescos, empaquetados, embutidos etc.
En un debate anterior, en el cual se cayó esta misma propuesta de grabar las bebidas azucaradas, escuché a un congresista opositor de la medida que con una lamentable afirmación “no está probado que estas bebidas se relacionen con alguna afectación a la salud".
Es pertinente invitar a legisladores y periodistas a documentarse mejor sobre el tema, esto no es un invento ni una excusa para buscar recurso, solo basta consultar a la OMS quien afirma que grabar los productos azucarados pueden reducir los padecimientos y salvar vidas, reducir los costos en salud y aumentar para invertir en servicios de salud.
Por otra parte, con relación a los llamados alimentos procesados, si hay evidencias, según revistas científicas de que “el consumo de estos productos aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y hasta muertes prematuras”. En el mismo sentido La OMS también recomienda disminuir el consumo de estos productos que tienen alguna relación con el riesgo de cáncer colorrectal.
Estos productos embutidos no son económicos y no están alcance de las clases de menos ingresos, al contrario, son productos costosos y de alto consumo de las clases medias y altas. Se deberían grabar para que paulatinamente se disminuya el consumo, se reduzcan los riesgos de enfermedades como ciertos tipos de cáncer y se obtenga recursos para educar en prevención y detección temprana de este tipo de enfermedades cuya mortalidad es alta.
Las bebidas azucaradas no son baratas, hagamos cuentas: una gaseosa de 200 CC. vale $ 2.000, 2 guayabas valen $500.
