Con un sugestivo nombre que evoca a la diosa de la caza (protectora de la naturaleza), en abril de 2019 fue lanzada la Operación Artemisa, cuyo objetivo es detener la deforestación en los Parques Nacionales Naturales (PNN) mediante el concurso de acciones de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la fuerza pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el conjunto del Sistema Nacional Ambiental. ¿Es esta la estrategia más indicada para proteger los bosques tomando en consideración la compleja problemática que encierra la deforestación en Colombia? Hagamos cuentas.
Las crecientes acciones deforestadoras en las áreas protegidas de Colombia, que han coincidido con la desmovilización de la mayoría de los combatientes de las FARC de los territorios que antes controlaban; surgen principalmente como producto del accionar de disidencias guerrilleras, narcotraficantes y otros actores, que tienen como propósito proveerse de tierras para sembrar coca y otros cultivos, implementar ganadería extensiva y comercializar la madera.
En efecto, el presidente de la República expuso los tres propósitos de Artemisa:
Parar la “hemorragia” deforestadora que se ha visto en los últimos años, recuperar la selva tropical húmeda y judicializar a los que están detrás de esa cultura deforestadora. A la fecha se informa que en la Campaña participan 22.300 integrantes de la Fuerza Pública cuyo logro ha sido el control de incendios forestales; la recuperación de 5.300 hectáreas en PNN; incautación de madera; decomiso de vehículos, armas y maquinaria; y rescate de fauna.
Estos resultados son importantes para enfrentar y detener la deforestación, pero los errores cometidos y la ausencia de medidas complementarias despiertan fuertes críticas sobre la estrategia. Por ejemplo, en los operativos más recientes realizados en la Serranía de La Macarena cerca al parque nacional Tinigua, luego de enfrentamientos con disidencias guerrilleras fueron atropelladas las comunidades y judicializados 20 campesinos, al parecer sin tener en cuenta que algunos de ellos habitan territorios no ubicados en zonas protegidas, y que otros lo hacen en el PNN desde antes de su declaratoria como tal. Estas acciones se suman a anteriores operativos en los que incluso se detienen niños, se causan daños en pertenencias de los campesinos y se queman alimentos cosechados.
Así, los cuestionamientos se dirigen a que el principal sustento de la Operación sea de tipo militar y penal, desconociendo el componente social de manera integral y estructural. El involucramiento de brigadas contra la minería ilegal, batallones de selva, de alta montaña y batallones contra el narcotráfico; y el anuncio de la creación de la Fuerza de Tarea de Protección Ambiental, con integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para impedir el accionar de economías ilícitas contra el ambiente, así lo confirman.
Se evidencia entonces la presencia de lo represivo y la ausencia de soluciones sociales. La Operación debería estar acompañada de: formalización de la propiedad de la tierra y ordenamiento del territorio, implementación de temas de la Reforma Rural Integral como el acceso integral a tierras, cumplimiento de compromisos derivados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), distinción entre trabajadores del campo y mafias deforestadoras, diálogo participativo con los campesinos presentes en las áreas protegidas, investigación y juzgamiento de funcionarios corruptos que encubren a los delincuentes, entre otras medidas.
De todos modos, una política integral y sostenible de preservación y restauración de la biodiversidad, debería concebir la participación activa de los integrantes de las comunidades rurales como guardabosques, recibiendo una compensación por su trabajo, con la garantía de su integridad personal y la satisfacción de sus derechos sociales.
En síntesis, la acción estatal para enfrentar y detener la deforestación debe concebirse como una estrategia integral y armonizada entre las diversas entidades y niveles territoriales, con un fuerte componente social acompañado de medidas coercitivas y la necesaria participación de las comunidades rurales en la definición de alternativas de solución. Por lo anterior, la Campaña Artemisa como está planteada exige revisión.
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