Se pensó que el 2024 sería un año estelar para la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, dado que, tras ocho años de funcionamiento, se conocerían las primeras sentencias y, a su vez, se activaría el Sistema Restaurativo; sin embargo, el año va cerrando como uno de los más turbulentos en su corta historia. Por un lado, el exsecretario de las extintas Farc viene librando un intenso pulso que ha puesto en tela de juicio el sentido mismo de la justicia transicional, y por el otro, con el arranque de los procesos adversariales, se medirá la capacidad del Tribunal con los elementos de la Fuerza Pública más reacios a reconocer y aportar verdad.
Desde esa perspectiva, son dos las grandes pruebas que el esperan al magistrado Alejandro Ramelli como cuarto presidente de la JEP en sus ocho años de existencia.
Primera prueba: resolver la tensión con los exFarc.
El pulso público que se viene dando desde febrero tomó un nuevo rumbo con un documento que los siete integrantes del último secretariado fariano radicaron ante la JEP. Al ya conocido malestar con los procedimientos y metodologías del tribunal transicional se agregaron tres peticiones: 1). La renuncia a su derecho de presunción de inocencia -algo inédito en la historia de la justicia transicional-; 2). La solicitud de emitir una sola resolución de conclusiones que abarque la totalidad de los macrocasos que los comprometen; y 3). La renuncia a la persecución penal para aquellos exguerrilleros que no sean considerados como máximos responsables.
De fondo, las peticiones evidencian hastío y tedio con el tribunal, a la conocida falta de sentencias condenatorias se suma la apertura indiscriminada de macrocasos, que, en relación puntual a los comparecientes de las extintas Farc, los tendrá respondiendo por un buen tiempo. A lo que se agrega que al expedir resoluciones de conclusiones parciales; es decir, condenas específicas sobre cada macrocaso y no una sola que unifique la responsabilidad como máximos responsables, las sanciones, así sean de carácter restaurativo, se extenderán en el tiempo, obligándolos a seguir respondiendo ante la JEP a la par que cumplen con las penas.
Parece que la JEP decidió -apuntalando sus procedimientos en la centralidad de las víctimas- ir por una especie de caso a caso, dejando de lado una pretensión maximalista -lo que los exFarc con sus peticiones buscan restituir- y convirtiendo en máximos responsables a exguerrilleros que no solo no ostentaban mando, sino que además tenían un rol menor o si acaso logístico en la estructura insurgente.
Al diluir la figura del máximo responsable en el pleno de la exguerrillerada -en algún momento, un magistrado auxiliar me habló de la figura del “monstruo local”-, desestimando la línea de mando, la JEP le abrió la puerta a una ordinarización de la justicia transicional y a una investigación que en la práctica resulta inabarcable en su mandato temporal.
Solo esto explica su creciente tamaño, puesto que la JEP -una entidad tan valorada por la comunidad internacional- se va convirtiendo en una institución con un pesado armazón burocrático. Que se haría más pesado si pasa a tener manejo institucional sobre el Sistema Restaurativo; una suerte de “INPEC transicional” cuyo costo se fija en miles de millones de pesos.
Segunda prueba: la activación de la ruta adversarial y la instrumentalización de la justicia transicional.
El pasado 18 de septiembre la jurisdicción estrenó su faceta hasta ahora más desconocida, la que implica, tras concluir un dilatado proceso de audiencias, la apertura de un juicio adversarial. En esta primera oportunidad contra el Coronel (r) Publio Hernán Mejía en el desarrollo del macrocaso 03 Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Mejía deberá responder por su presunta responsabilidad en 35 hechos de falsos positivos que dejaron 72 muertos.
Con este juicio se activa la ruta adversarial de la JEP, reservada, según se dispone en el Acuerdo de Paz, para aquellos comparecientes -tanto exFarc como exintegrantes de la Fuerza Pública- que se niegan a reconocer responsabilidad o aportar verdad plena en las primeras etapas procesales de los macrocasos.
No es incidental que el primer juicio en la historia de la JEP sea contra un exmilitar, puesto que en el desarrollo del macrocaso 03, muchos de ellos, especialmente los que ostentaban mando, se han negado, casi que de forma sistemática, a reconocer verdad. El ejemplo más ilustrativo es el del general (r) Mario Montoya, una figura representativa en la historia del último ciclo del conflicto armado -llegó a ser conocido como el general de la seguridad democrática- que ha convertido su paso por la JEP en un escenario de negacionismo, de revictimización y de burla.
Con fortuna, la JEP es un modelo hibrido, que, comprendiendo que no todos los comparecientes asumen el mismo compromiso para reconocer responsabilidad o para aportar verdad -así su sometimiento haya sido voluntario-, tiene la facultad de activar una ruta adversarial muy similar a la de la justicia ordinaria. A partir de la activación de esta ruta la Fiscalía de la Unidad de Investigación y Acusación debe presentar y sustentar, ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad del Tribunal para la Paz, los hechos y conductas que incriminan al imputado en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Activada esta ruta queda atrás la posibilidad de las sanciones restaurativa co-construidas con las víctimas en los territorios más afectados por el conflicto, porque el procedimiento judicial buscará una condena retributiva -seguramente en alguna guarnición militar- para un imputado renuente a reconocer a las víctimas. Se pierde así la posibilidad de saber qué pasó, cómo pasó y quién dio la orden, ya que si el juicio termina en una condena, el criminal de guerra y lesa humanidad condenado pasará a cumplir una pena privativa de la libertad no mayor a 20 años.
Y aunque es cárcel, resulta siendo una sanción menor a la que se dispone en la justicia ordinaria, fijada entre los 40 y 60 años. De ahí que se considere que el sometimiento a la JEP de algunos exmilitares de alta graduación solo haya sido parte de una estrategia para instrumentalizarla, buscando prima facie una sanción retributiva menor a la que se dispone en la justicia ordinaria, pero nunca con la intención de aportar verdad. Propiciando escenarios de negacionismo y de revictimización con las madres, padres, hermanos, hijos, hijas que solo quieren saber la verdad de lo qué pasó y que confían en que la JEP pueda desentrañar esa verdad.
A pesar de que la importancia de la justicia transicional no es tanto como se entra, sino como se sale -algo que le escuché al magistrado Ramelli-, la justicia transicional per se no modifica las identidades construidas en la guerra, puede que haya comparecientes que sí se transformen en medio de un proceso que les implica mirarse desde el dolor de las víctimas, eso es algo que sí ha pasado, tanto con exFarc como con exintegrantes de las Fuerza Pública, pero no pasa con todos. En ciertos casos las identidades de la guerra nunca se alteran y antes se terminan reforzando en la lamentable instrumentalización que se hace de la justicia transicional.
Eso es algo que viene pasando con algunos exmilitares que vuelven sobre “argumentos” justificativos ya conocidos, desestimados por la justicia ordinaria y hasta por la verdad histórica; pero a eso vuelven, una y otra vez, ya que solo pretenden conservar la identidad que asumieron en medio del conflicto así eso les cueste una condena de cárcel. Conllevando a que desde la justicia transicional se propicien escenarios de revictimización.
Ya veremos si en medio del juicio que continuará a mediados de octubre el Coronel (r) Mejía decide reconocer su responsabilidad o aportar verdad -algo que realmente dudo-, esa es una posibilidad de la que todavía dispone, y ya veremos si su actitud, de ahora en adelante, se torna reiterativa en otros comparecientes, especialmente de la Fuerza Pública.
Por lo demás, el magistrado Roberto Vidal, concluye su periodo como presidente sin haber encontrado la forma de tramitar las tensiones con el exsecretariado de las Farc; sin una primera sanción en territorio como resultado de una resolución de conclusiones definitiva; y lo más preocupante, sin claridad sobre la financiación del ambicioso Sistema Restaurativo. No desestimo sus logros, pero sí son mayores los desafíos que le deja al magistrado Ramelli.
