Resulta inexcusable que miembros de la alta cúpula del Ejército Nacional se vean envueltos en escándalos como los que se han hecho públicos en las últimas semanas. Esto porque, en principio se trata de una institución que representa los más altos valores. Sin embargo, como se ha hecho evidente en demasiadas oportunidades en lo que va de este milenio, esto no es cierto. Tal vez por el turbio panorama que enmarca la guerra, el Ejército Nacional se ha visto en más de un escándalo, muchos de los cuales han tenido que ver con sus métodos para enfrentar el conflicto político que ha cifrado buena parte de nuestra historia reciente. En este artículo me propongo analizar algunos de ellos a la luz de su misión institucional, la cual reza “El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación”.
Como se encuentra bien documentado, uno de los casos más notorios y canallas fue el de los “falsos positivos”. En palabras de Human Rights Watch: “Entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia. Soldados y oficiales, presionados por superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en la guerra contra la guerrilla, se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. Estos casos de “falsos positivos”, cometidos a gran escala durante siete años, constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”. Este episodio sombrío, que constituye uno de los grandes casos que conduce la JEP en la actualidad y sobre el que ha estado recabando información y testimonios, por parte de muchos de sus protagonistas, se refiere a la flagrante violación del apartado de su misión que señala como prioritaria la protección de la población civil. A pesar de ello, el ejército ha tenido una larga y vergonzosa tradición de acoso y violencia contra la ciudadanía, en especial contra aquella más vulnerable, que pertenece en su mayoría a la Colombia rural.
“Los ´falsos positivos´, cometidos a gran escala durante siete años,
constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas
ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”.
En esa misma línea, se encuentran las penosas relaciones entre el Ejército Nacional y los grupos paramilitares que tiñeron de sangre y terror al país. Varias investigaciones sobre el fenómeno paramilitar señalan a miembros de la cúpula castrense como facilitadores de la acción paramilitar en diversas masacres, como la del Aro en Antioquia, por mencionar una de ellas. Este ejemplo, sirve para enunciar, otra violación a la misión institucional del ejército, pues es claro que, con su ayuda, los paramilitares se apropiaron de varias regiones del país, con lo cual vulneraron el territorio que las fuerzas armadas han jurado proteger.
Ahora bien, si la primera década del siglo XXI estuvo marcada por la guerra desmedida con su alta cuota de sacrificio, la segunda, ve en el diálogo y el acuerdo, dos claves para desarticular el ejercicio bélico y dar paso a una dinámica inédita para las fuerzas armadas, a la cual no han logrado adaptarse del todo, pues aún parecen prevalecer en su interior facciones que añoraban aquellos tiempos desmedidos. Sin embargo, con el nuevo gobierno del presidente Duque, esas facciones logran un nuevo aire y pronto forman parte de la nueva cúpula militar. Esto, a pesar de las denuncias e investigaciones que involucran a varios de sus miembros, incluido el actual comandante, el general Nicasio Martínez en los “falsos positivos”. Fue poco después de su nombramiento, que se publica el informe del New York Times que generó una purga al interior de la organización con el fin de encontrar y castigar a los delatores, a lo traidores, para hacer uso de la jerga. Esta purga, que la revista Semana denunció en su edición llamada Operación Silencio da cuenta del talante de quienes están al mando del actual Ejército Nacional.
Sin embargo, ahí no termina el tema, como Semana lo demostró con su edición titulada Las Ovejas Negras que ha salpicado en graves casos de corrupción a por lo menos cuatro altos mandos, acusados de socavar recursos estatales en beneficio propio, cuando estaban destinados a “contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo”.
Estos hechos, no deben pasar desapercibidos, no deben quedarse estancados bajo las viejas estrategias dilatorias de siempre. El gobierno debe pronunciarse de manera contundente y la justicia tiene el deber y la obligación de aplicar sanciones, de castigar a los culpables y el ejército, como institución, debe plantearse un profundo ejercicio autocrítico que le permita asumir con altura y dignidad su responsabilidad en los hechos que han manchado su misión en las últimas décadas para con ello contribuir a la paz y la reconciliación de los y las colombianas y por otra parte debe hacer un proceso de saneamiento de sus rangos para que en realidad logre ser lo que el país necesita que sea.
