Las propuestas para el sector eléctrico de la Costa Atlántica dadas a conocer por el presidente Iván Duque el 28 de noviembre pasado, después que no hubo oferentes del sector privado a las fórmulas de la Financiera de Desarrollo Nacional, fueron plasmadas en un proyecto de ley dado a conocer en los últimos días por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Las iniciativas coinciden con las consignadas en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sector eléctrico. Se trata, arguye el gobierno, de “desarrollar el artículo 365 de la Constitución Política”, pero en esencia se va es a continuar enajenando el patrimonio público y convirtiendo los servicios públicos en un negocio cuyo móvil principal es la ganancia, una política desastrosa para la Región Caribe y para los usuarios convertidos en clientes.
El proyecto de ley propone que la nación asuma el pasivo pensional y prestacional de los pensionados de Electricaribe y las deudas de esa empresa con el Fondo Empresarial utilizadas para la compra de energía después de la intervención sucedida el 15 de noviembre de 2016. Las primeras están calculadas en 1.2 billones de pesos, hoy a cargo de la trasnacional española Fenosa-Naturgy, a sea que sería un regalo para los españoles. También dice el proyecto de marras que se podrán utilizar las regalías mineras para acometer inversiones en infraestructura eléctrica sin afectar las tarifas que pagan los usuarios, como muchos sectores lo venían exigiendo. Pero la pregunta clave es: ¿por qué si la nación y los territorios, en el caso de las regalías, pondrían varios billones de pesos para enfrentar la crisis eléctrica ocasionada por la privatización y los saqueos de Fenosa-Naturgy durante 16 años, no se habla de capitalizar esos cuantiosos recursos a favor de la nación y de la región? Según el proyecto de ley, en la composición accionaria los españoles seguirán ostentando el 85,38% del capital social.
De hacerse efectivo el estropicio, como lo ha llamado el senador Jorge Robledo en carta enviada en diciembre pasado a las autoridades de la Costa y a sus habitantes, estaríamos en Colombia ante un “capitalismo de amigotes”. Un regalo tan exorbitante sin su debida contraprestación accionaria, y en medio de una crisis económica y social que se agrava día tras día, es absolutamente inequitativo y profundizará la desigualdad inaudita que padece nuestro país.
Para empeorar el panorama, el susodicho proyecto de la Superservicios pretende cobrarles injustamente a millones de usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y sectores empresariales, que no son responsables de la crisis eléctrica, una sobretasa de cuatro pesos el kilovatio hora-mes, cerca de 200.000 millones de pesos anuales. Se contempla incluso un cobro adicional del 2% sobre una contribución que hoy pagan las empresas vigiladas por la SSPD de sus gastos de funcionamiento, siendo que ya pagan el 1%, rubro que en últimas sale de los bolsillos de los sufridos usuarios a través de las tarifas onerosas en la cuenta llamada AOL (Administración, Operación y Mantenimiento).
Importantes fuerzas vivas de la región, como los comités defensores del patrimonio público, vienen exigiendo que se hagan con recursos oficiales, como las regalías y otras fuentes, las cuantiosas inversiones requeridas urgentemente, que no se vean afectadas las tarifas y que sean capitalizadas a favor de las entidades estatales. En resumen, que la operación del servicio eléctrico de la Costa sea del sector público, ya que de él van a salir las erogaciones que ya no admiten más dilaciones. Por lo demás, es contraproducente pensar en segmentar el mercado cuando debe ser al revés, fortalecer verticalmente a Electricaribe con las generadoras públicas de la Costa y responder cabalmente por los derechos convencionales de los trabajadores y pensionados que tantos sacrificios han aportado.
