La Constitución Nacional establece en su artículo 49 que: “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
“Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.”
Por su parte, la ley 100 de 1993, reglamentaria de esta norma, ha consignado en su artículo 3 que “ el Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social”. .
Estas normas claras, precisas, ejecutables y de obligatorio cumplimiento para el Estado, según parece, no han sido bien entendidas por el gobierno de turno, ni salvaguardadas por los organismos de control y ni las altas Cortes encargadas de esta función social, en razón a que en Colombia su población está siendo desconocida, mancillada y vilipendiada por aquellas entidades encargadas de operar el servicio de salud, a través de un trato digno, oportuno y eficiente a sus usuarios.
En todas las regiones del país, la ciudadanía sufre las consecuencias de la ineficiencia de las EPS y la IPS encargadas de realizar la función de brindar el servicio de salud a las personas que a diario lo necesitan. Siempre, un paciente se tiene que enfrentar a los miles de requerimientos y argumentos negativos que le presenta
El pueblo colombiano no tiene a dónde acudir para presentar sus quejas o denuncias. Ya no se acude ni a los derechos de petición, tutelas o desacatos, porque, hay miles de ellas esperand
n, buscando que las personas se cansen o que no puedan tener el acceso al servicio. Largas colas de horas esperando, multitudes famélicas rogando que les den una autorización para un procedimiento, y luego para que le suministren los medicamentos, exámenes, cirugías, tratamientos y pago de incapacidades que no están llegando
La pasividad de estas entidades es sencillamente increíble y en muchas ocasiones, hay que aguantarse la mala atención que les brindan los asesores nombrados para esta función.
o que les den solución, pero, siempre la respuesta es la misma y los dueños de estas, el gobierno, y las entidades encargadas de su control, en la más absoluta indiferencia.
Por esta razón ya es hora de que la ciudadanía exija que se cumpla la Constitución y la ley en lo referente la garantía de la prestación integral de la salud para la población. Igualmente, que se determine si realmente la Corte Constitucional está cumpliendo con su función de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución Política.
Todos debemos ser solidarios con esta terrible situación, por esta circunstancia, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, en aras del interés general y del control y vigilancia de los recursos de la ciudadanía, en cierta forma, sería conveniente que investigaran, el destino final de los miles de millones de pesos que se reciben por concepto de cotización en salud de los Colombianos y, saber en qué y cómo los están invirtiendo, porque, a los pacientes no les está llegando el servicio que están pagando y cínicamente los están obligando a que de su propio peculio cancelen en las clínicas y droguerías, lo que a ellos les corresponde.
Hay que pensar que el país necesita con urgencia muchas reformas que los están asfixiando, empezando con la ley 100 de 1993.
