En los cien días del gobierno de Gustavo Petro las relaciones con Venezuela han tenido impulso sin pausa. Restablecimiento de embajadas en Bogotá y Caracas, reapertura de la frontera, encuentro de mandatarios en Caracas. Los empresarios, mientras tanto, van más lento. La invitación del presidente Nicolás Maduro a retomar las inversiones se ha visto con cautela, mientras se traen a la mente las expropiaciones de Hugo Chávez.
Empresas como Argos, Éxito, Avianca, Alpina, Nutresa, Colombina, entre otras, no tuvieron un final feliz en Venezuela. Algunas fueron expropiadas, otras tuvieron que salir cuando la operación se hizo insostenible en medio del conflicto político del chavismo. Hatos enormes, miles de hectáreas de tierras, empresas de toda clase, edificios, fueron protagonistas en los contactos telefónicos del presidente Chávez en sus Aló Presidente “Este es el decreto número 7.700. Me gusta ese número”, comentaba mientras leía la resolución por teléfono. Entre el 2002 y el 2012 1.168 fueron expropiadas.
Cementos Argos es un caso emblemático. El 13 de marzo de 2006 fue expropiada su planta que funcionaba en Llanadas de Monay, estado Trujillo, tras la sentencia de Chávez: “El cemento es del pueblo”. Desde entonces son 16 años esperando una indemnización que no ha llegado “hasta el sol de hoy”.
Todas las multinacionales cementeras fueron indemnizadas. Argos no
Ocho años operó Argos en el mercado venezolano a través de su fábrica, Corporación de Cementos Andinos, que le compró al Estado en una subasta internacional en 1997. Durante esos años, diez centros de producción de cemento disputaban el mercado con marcas extranjeras como Holcim, Cemex, Lafarge, y una prestigiosa venezolana, Cementos del Catatumbo. En todas se cumplió la sentencia del comandante.
Las multinacionales salieron de Venezuela con el monto correspondiente a la expropiación, Cemex tuvo que acudir a los buenos oficios del entonces presidente de México Felipe Calderón para que se le pagara. Argos no recibió nada. Tuvo que sortear inicialmente un problema legal por la acción interpuesta de un tercero que decía tener la propiedad. En 2012, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de la cementera colombiana.
La capacidad que tenía la planta de Cementos Argos en Venezuela era de cerca de 1 millón de toneladas de cemento, en el momento de la expropiación presupuestaba una producción de 770.000 toneladas de clínker. Sus planes eran vender 600.000 toneladas de cemento en el mercado local y exportar a Panamá y Haití unas 300.000 toneladas de clínker. Sin una cifra oficial, se hablaba de monto de indemnización en torno a los 250 y 300 millones de dólares.
Hoy la planta está totalmente deteriorada, dicen conocedores del negocio del cemento en Venezuela. Argos confirmó a Las2Orillas que desde el 2006 “ha venido acudiendo a todas las instancias legales necesarias para obtener una indemnización en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico en Venezuela. Hasta el momento no se ha obtenido el reconocimiento de esa indemnización por parte de las autoridades venezolanas, es decir, no hemos recuperado un solo dólar de esa inversión”.
“Argos espera recibir una justa indemnización que retribuya los perjuicios económicos de la pérdida de estos activos en Venezuela”, dice la empresa y señala que en este momento el proceso de expropiación se encuentra para fallo en el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, además de las acciones legales enunciadas, ha puesto en conocimiento la situación por la vía diplomática a distintas autoridades. Argos con su presidente Jorge Mario Velásquez sigue a la espera.
Quizá el caso más sonado de expropiación de una empresa colombiana en Venezuela fue el de Almacenes Éxito. Un domingo 17 de enero de 2010 durante uno de sus maratónicos programas televisivos, Hugo Chávez sentención en su peculiar estilo “Señores dueños de la cadena Éxito busquen al ministro (Eduardo) Samán, el vicepresidente Elías Jaua (hoy ministro de Educación), porque la cadena Éxito en base a las numerosas violaciones a las leyes venezolanas pasa a ser de la República”.
Dicho y hecho. Decretó la expropiación de las seis tiendas de Éxito con el argumento de que incurría reiteradamente en especulación con los precios, después de la devaluación del bolívar decretada por su gobierno. Según Chávez, los propios trabajadores de Éxito revelaron detalles de las irregularidades que aseguran se cometían en esas tiendas, como utilizar “carne podrida” para hacer picadillo, vender “alimentos vencidos” y “remarcar” el precio de los productos.
La expropiación de El Éxito tuvo de fondo el pulso entre Chávez y Álvaro Uribe
El comandante revolucionario creyó en un principio que afectaba intereses colombianos, porque El Éxito es marca colombiana. pero entonces no advirtió que detrás del negocio estaban los franceses del Grupo Casino. En efecto, Hipermercados Éxito, y los supermercados Cada -cadena tradicional que había pasado antes por manos de la familia Rockefeller y de la Organización Cisneros-, pertenecían a la Cadena de Tiendas Venezolanas (Cativen). Que había sido adquirida en un 80 % por el francés Grupo Casino a mediados del 2000, y era propietaria de El Éxito. Para el 2010 Casino era mayoritario en Cativen, El Éxito (21 %) y el venezolano Polar tenían una participación minoritaria. Chávez no lo advirtió.
La decisión de Chávez se produjo por recomendación del entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, en lo que se consideró una medida de presión por el pulso que tenía Chávez con el presidente Álvaro Uribe. La tormenta llegó a Francia. Un mes después, Chávez descabezó a Samán del ministerio y Venezuela empezó de inmediato negociación porque no quería enemistarse con Francia. Los franceses hicieron un buen negocio.
El presidente presentó el asunto como una venta que le hacía al Estado. “Ellos (Casino) quieren vender a Venezuela el 80% de las acciones en Cativen. Me ha gustado la propuesta y he autorizado al vicepresidente (Ejecutivo) para iniciar el proceso “. Al final terminó pagando al Grupo Casino 690 millones de dólares por el 80,1% de las acciones que se cancelaron en cuatro plazos, según detalla el contrato firmado por Richard Canán, sucesor de Samán en el Ministerio de Comercio, y Joseph Claude Kalifa como apoderado de Casino, y que recoge el portal @armandoinfo.
El caso de Avianca es diferente. No hubo expropiación. Pero la operación se hizo insostenible por razones de seguridad. A ello se sumaron las dificultades para monetizar los ingresos de la operación. Después de 60 años de volar entre Colombia y Venezuela, la que era la aerolínea bandera del país tuvo que abandonar la operación en el 2017. Antes lo había hecho la alemana Lufthansa en 2014 tras completar 45 años de operación allí.
En decisión de junta directiva en respuesta a los requerimientos de asesores externos de la aerolínea enlistada en la Bolsa de Valores de Nueva York, Avianca castigó entre 2014 y 2015 sus libros contables con la deuda que ascendía a 300 millones de dólares. Nunca se recibió un peso.
Un caso menos conocido, es el de Cazta. El 28 de abril del 2010, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, expidió el decreto de expropiación de Central Azucarero del Táchira C.A. (Cazta), ubicado en Ureña. La empresa pertenecía al grupo colombiano Comercializadora de Azúcares y Mieles S.A. (Ciamsa), formado por los ingenios vallecaucanos que adelantaron un proyecto binacional en que se producía azúcar crudo en Colombia y se refinaba en el Táchira.
En los años de la fiebre de la integración el gobierno de Carlos Andrés Pérez sacó a la venta el pequeño ingenio cerca de la frontera y Colombia le pareció una buena cabeza de playa en Venezuela. Catza funcionó con algunas dificultades pero cuando Hugo Chávez decidió expropiarlo, la situación se resumía en que había logrado amortizar la inversión durante los años que operó y los perjuicios de la decisión se atomizaron entre los numerosos inversionistas.
Los 2.500 trabajadores del ingenio, en su mayoría venezolanos, pagaron los platos rotos.
Hasta el año pasado el gobierno venezolano había hecho 5.500 confiscaciones directas y expropiaciones y adeudaba 30.000 millones de dólares solo en litigios y arbitrajes, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice, sin contar los bonos de Pdvsa.
La apuesta colombiana por regresar a Venezuela tiene a su favor la expectativa de un intercambio comercial que en su punto máximo del 2008, sumó 7.211 millones de dólares y eso es 32 veces más que el comercio de 2020. Los empresarios, por su parte, dicen que aceptarán la invitación de Maduro solo con reglas claras, garantías y transparencia. Porque nadie quiere darse dos veces con la misma piedra.
