El fallo del Consejo de Estado en relación con la elección del actual contralor desnuda patética realidad institucional. Más allá de las formas de selección (amañadas) queda en evidencia la captura de estos organismos de control por la clase política de todos los colores.
Ni con el gobierno del cambio las prácticas clientelistas cambian. Es lo mismo de antes.
La corrupción no cede y los grandes robos al estado quedan impunes. La relación costó beneficio de su misionalidad no es eficaz. Lo que permite que el crimen de cuello blanco utilice el estado para enriquecerse.
El control fiscal que les corresponde, es inexistente, en relación con el gasto de las entidades públicas que debe auditar , y el desangre que significan la paralaboralidad de los contratos de prestación de servicios.
Son apetitosos aparatos burocraticos para congresistas, diputados y concejales que refugian un clientelismo perfumado de cargos directivos, contratistas de prestación de servicios y provisionales de carrera para sus intereses. Si bien hay un avance de la carrera administrativa en estos órganos, es menor frente a las demás categorías laborales.
Son aparatos policíacos, al igual que las personerias, procuradoria y la fiscalia, utilizados para perseguir al opositor político de la coalición política que forjó su elección, o al sindicalista que mira más allá de lo normal. Y algunas veces fuente de enrequecimiento ilícito de auditores inescrupulosos que extorsionan a sus auditados.
La solución fácil para esta eterna problemática del estado sería su eliminación y la creación de un tribunal de cuentas como se ha planteado.
Pero la sociedad y sus funcionarios de carrera no deben de pagar los platos rotos de la deshonestidad de la clase política y se deben de buscar otras salidas. Quizás la más conveniente sería el diseño de un proceso meritocratico ejecutado por una universidad del más alto nivel sin intervención alguna de la clase política representada en el congreso, asambleas y concejos y quien ocupe el primer puesto sea el elegido. Y los que siguen en escala descendente ocupen los demás cargos directivos de esta entidad. Proceso que debe replicarse a los otros organismos de control, incluida la fiscalia general de la república.
Quizás sea una propuesta utópica , ética y meritocratica para soñar con un país más decente.
