En 2004 un grupo significativo de ciudadanos y movimientos sociales nos unimos en Recalca para oponernos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que comenzaba a negociar el Gobierno de Uribe y, posteriormente, a los subsiguientes que se han aprobado en el gobierno de Santos. Durante años demostramos teóricamente y con la experiencia histórica la inconveniencia de suscribir este tipo de tratados. No estábamos en contra de que los colombianos pudieran comprar vehículos estadounidenses, celulares coreanos o vestidos europeos, sino en el reemplazo de la producción nacional por la avalancha de importaciones y que el Estado perdiera su capacidad de intervenir en la economía para buscar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población, como en efecto está ocurriendo.
Los resultados, lamentablemente para el país, nos dieron la razón. No nos jactamos de ello, porque esta política ha significado abandono estatal, pobreza, hambre, atraso científico y tecnológico, además de un abultado déficit comercial que se constituye en el detrimento patrimonial más grande en la historia del país.
Colombia enfrenta demanda que sobrepasan los US$16.500 millones,
porque según las multinacionales
el Estado afectó sus ganancias “ciertas o probables” ¡probables!
En mayo de 2003 Enrique Daza escribió en Deslinde —revista que es una enciclopedia de los temas más importantes del país y el mundo— que este tipo de negocios “concedía todas las ventajas a las multinacionales en detrimento de los derechos de los Estados Nacionales”. No se equivocó: 13 años después Colombia enfrenta sendas demandas, que sobrepasan los US$16.500 millones, porque según las multinacionales el Estado afectó sus ganancias “ciertas o probables” ¡probables!, por cuenta de decisiones soberanas que ponen límites a su codicia.
Las mineras Glencore, Eco Oro y Cosigo y la multinacional de telecomunicaciones América Móvil (Claro) de Carlos Slim, quienes han obtenido multimillonarias utilidades en sus cuestionadas operaciones en Colombia, demandaron a Colombia —o están en proceso de hacerlo— en el marco de los TLC suscritos con Estados Unidos, Canadá y México, porque el Estado tuvo la osadía de impedir que se realizara minería en parques naturales y páramos, y les exigió que pagaran las regalías o revirtieran a la Nación los activos de la prestación del servicio de telefonía móvil.
En el libro TLC ¿Es constitucional? (2007), la abogada Diana Rodríguez denuncia que el TLC viola el “principio de primacía del interés general sobre el particular, definido en la Constitución en los artículos 158 y 336”, así como menoscaba la “capacidad regulatoria del Estado”, del artículo 334. Estos argumentos y otros hicieron parte de los conceptos por inconstitucionalidad que tienen frenado al TLC con Corea desde hace más de un año.
El dogmatismo de los defensores de los TLC y el irresponsable manejo económico del actual gobierno, han impedido que se realice un debate franco sobre estos tratados económicos, que junto a otros acuerdos internacionales están deteriorando la soberanía nacional. Por fortuna, la creciente ilegitimidad y desprestigio del presidente Santos y sus ministros abren la puerta para discutir la necesaria y urgente revisión de los tratados y su rectificación.
