Hoy las comunidades Ingas y Kamentsa del Alto Putumayo se reúnen con el Incoder para reclamar la exigibilidad de su derecho fundamental al territorio a través de los procedimientos administrativos de constitución y ampliación de sus resguardos, procedimientos que en la historia reciente iniciaron en el año 2010 y que a la fecha se encuentran en su etapa final, pero estancados desde hace un año sin que hasta el momento le sea informado a las comunidades, las razones de este hecho.
Paradójico es que las comunidades tengan que reclamar y sustentar su existencia y posesión ancestral en el territorio y el estado dilate sus solicitudes por mas de 30 años, mientras las concesiones y solicitudes mineras avanzan rápidamente envenenando el río Putumayo y vulnerando los derechos de los pueblos originarios del valle de Sibundoy.
Prueba de ello es la certificación No. 106 del 10 de febrero de 2015,suscrita por el señor Álvaro Echeverri Londoño, Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, quien certifica que en dicho territorio no se registra presencia de comunidades étnicas y mientras tanto el INCODER entidad responsable de la legalización territorial indígena dilata injustificadamente los procedimientos que garantizan los derechos fundamentales de estas comunidades, protegidas además por el auto 004 de 2005 emitido por la corte constitucional para la salvaguarda de los pueblos indígenas en riesgo de extinción.
