Con el crimen de Favián José Chamorro Zavala, ocurrido el 31 de diciembre pasado en Chalán, Sucre, se completaron 45 firmantes de paz acribillados en 2023. En lo que va corrido de este año, con el homicidio de Luis Alfredo Gaitán Hernández, reportado el día de ayer, 26 de marzo, en la ciudad de Arauca, departamento del mismo nombre, llega a 9 el número de firmantes asesinados. La estadística nos certifica tres por mes.
Eso significa que este año, si las cosas siguen así, el número de víctimas alcanzaría los 36, nueve menos que el año anterior. En consonancia con lo expuesto por el gobierno nacional en materia de cifras de criminalidad en nuestro país, basadas en serios estudios de firmas encuestadoras, la disminución en ese número de los asesinatos significará que la situación está mejorando objetivamente, aunque en general la percepción de los colombianos sea la contraria.
Semejantes argumentos no pasan de ser un método expedito de evadir las responsabilidades que caben por la falta de políticas efectivas en el combate a los grupos criminales. Coincido con el comentario de la doctora Gloria Arias Nieto al lamentar en su cuenta de X este reciente asesinato:
“Ya no sabemos a quién ni cómo exigir. Alguna decisión política, alguna voluntad de las autoridades tiene q ser capaz de pellizcarse, ejercer y frenar estos asesinatos sistemáticos. Me niego a q inoperancia y resignación dejen q la violencia siga haciendo lo q se le dé la gana”.
No es para menos. Hay ceses al fuego y de hostilidades con el ELN, al parecer también con la Marquetalia de Segunda, y con la excepción de los departamentos del sur de la región pacífica, con las tropas de Iván Mordisco. Una serie de protocolos indican las formas en que deben investigarse las violaciones a los mismos antes de sacar conclusiones fáciles que puedan llegar a perturbar los procesos de paz en curso. Como consecuencia, el tema torna secreto.
Un arcano sobre el que nadie puede decir ninguna palabra, so riesgo de ser acusado de irresponsabilidad. También se ha declarado la guerra total al Clan del Golfo, habrá que ver. Hay muchas dudas. Si Mordisco es un traqueto, un narcotraficante y jefe de un vulgar grupo delincuencial, resulta difícil entender cómo se declara roto el cese el fuego con ese grupo en unos departamentos, mientras se mantiene vigente en la inmensa mayoría del país.
En forma reiterada, los firmantes de paz expresamos nuestra indignación por el hecho de que el gobierno Petro hubiera conferido el grado de Estado Mayor Central de las FARC-EP a la banda de Mordisco. Por la elemental razón de que las verdaderas FARC-EP firmamos un Acuerdo de Paz, dejamos las armas, nos reincorporamos a la sociedad cumpliendo con lo acordado, nos convertimos en activistas políticos legales y ahora reclamamos la efectividad de la palabra estatal.
Si nos vamos a los hechos, la reiterada promesa de la implementación integral del Acuerdo de Paz no ha pasado de ser eso, una promesa
Hoy el mismo presidente le niega a ese grupo cualquier relación con los ideales de Manuel Marulanda Vélez, quien por cierto cumple 16 años de fallecido tras su invencible lucha de 60 años. Lo que no significa que le revoque el reconocimiento político ni la descarada usurpación de nombre. Difícil comprender el tema. Más, cuando si nos vamos a los hechos, la reiterada promesa de la implementación integral del Acuerdo de Paz no ha pasado de ser eso, una promesa.
Que desde el comienzo de su gobierno el presidente ubicó como pilar para su política de paz total. Si los antiguos combatientes, el campesinado y el pueblo colombiano reclaman por el no cumplimiento de lo pactado en 2016, difícilmente cualquier otro grupo con el que se aspira a firmar la paz va a creer en las promesas escritas en una hoja de papel. Cada asesinato de un firmante de paz demuestra que el Estado colombiano no fue capaz de garantizarle nada.
Ahora nos dicen que no se puede implementar la Reforma Rural Integral del punto 1 del Acuerdo de La Habana, sin que se realice una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución Nacional. Una Constitución que el propio Petro ha defendido reiteradamente como la máxima conquista del pueblo colombiano. Aunque gran parte de su contenido no se haya podido cumplir. Tampoco entonces se podrá hacer cumplir la que surja de la Reforma.
La cuestión radica en la correlación de fuerzas ente los que anhelamos el cambio y los que lo aborrecen. Así que lo que corresponde es hacer política, con un muy buen gobierno, para sumar y acrecentar el caudal de colombianos que pueda lograr mayorías aplastantes. Eso no será posible si cada día se cazan peleas con uno y con otro, si cada mañana damos pie para un nuevo escándalo. Si cada jornada se destrozan más esperanzas de quienes creyeron posible el sueño.
Aun seguimos con Petro, sí, pero qué cáliz del que toca beber.
