Tanto para tan poco. Podrían pensar algunos. Justo hace dos años, en octubre de 2016 el Centro Democrático publicaba un documento titulado Las 52 capitulaciones de Santos en La Habana. Eran sus líneas rojas ante los acuerdos de paz, a las que luego sumó 16 más, que han desaparecido de la página web del partido como por arte de magia (aunque existen buscadores de páginas borradas). Pero ya se sabe que al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder sin cargos del partido, le gusta dar a él las noticias, Por eso, es él en persona el que firmo ayer domingo un carta en el que fijaba sus cinco peticiones para renegociar los acuerdos con la fuerza que siente tras la victoria simbólica del ‘No’ a los acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre.
Ahora son sólo cinco las propuestas y si obviamos sus reclamos sobre la justicia transicional, una de las obsesiones del ex presidente que no ha incluido en su lista de cinco, sus líneas rojas son torpedos a la línea de flotación de las víctimas rurales del conflicto. Uribe, en su carta pública, también juega a pedir lo que no quiere, como la transparencia. “Que las discusiones sean públicas para evitar tergiversaciones”, termina el ex presidente su misiva, cuando su partido no ha querido sentarse con el resto de formaciones políticas del país y cuando ha forzado una negociación a puerta cerrada con el Gobierno en la que, hasta ayer, no se conocía lo que pedían los autoproclamados representantes del ‘No’.
Para no seguir con las medias verdades queremos saber cuáles son las cinco propuestas de Uribe y qué suponen para las víctimas.
1.“ Se debe privilegiar la erradicación manual de drogas ilícitas, sin que el Gobierno pierda la facultad de fumigar cuando lo estime conveniente, siempre con el cuidado de no hacer daño al ser humano, a los animales ni a otros recursos naturales”
La fumigación es uno de los asuntos más polémicos de las últimas décadas. Los cultivos de coca para uso ilícito eran la justificación del billonario Plan Colombia de apoyo militar estadounidense a Colombia pero lo cierto es que si en 2001, cuando empezó el Plan, la ONU estimaba que había 140.000 hectáreas sembradas, a finales de 2015 los cultivos se acercaban a las 100.000. Mucha plata y sufrimiento para tan poco. En septiembre de este año, el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, reconoció en Popayán lo que organizaciones de derechos humanos y ambientalistas habían dicho una y otra vez: el programa de fumigaciones había sido un fracaso.
Mailer Mattié, economista y analista, escribía ya en 2003 que “lo cierto es que las fumigaciones se han realizado a cambio de un enorme costo humano y ambiental, en una región donde millones de personas sufren las consecuencias de la violencia armada y la pobreza. Los operativos han violentado no sólo los derechos legales de las comunidades indígenas, sino que han generado a su vez mayor violencia y desplazamientos”.
Ahora, Uribe quiere más glifosato para los campos de Colombia, que ya ha supuesto el desplazamiento de miles de campesinos, y para sus bosques (por cada hectárea fumigada se contaminan cuatro hectáreas de bosque. De hecho, según la Cancillería, el 30% de la deforestación en Colombia es atribuible a las fumigaciones).
2.“Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente”.
La propuesta de Uribe no es inocente –ni “honesta”- Tiene que ver con la ley 1448 de 2011, la conocida como ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se calcula que el expolio de tierras cometido por el paramilitarismo y el narcotráfico, aliado en muchos casos con grandes propietarios, fue de 8 millones de hectáreas. Millones de desplazados perdieron su propiedad en ese proceso y amplias zonas del país fueron “recolonizadas”. La ley contempla la restitución de tierras y obliga a quien ocupa una tierra de la que fue despojada una víctima a entregarla. Eso sí, también se matiza que el “ocupante” será compensado económicamente si actuó de buena fe. “Se dice que una persona actuó de buena fe, exenta de culpa, si tuvo conciencia de obrar con honestidad, lealtad y rectitud en un negocio y con la seguridad de haber empleado todos los medios para saber si a quien le compraba era el legítimo dueño, si pagaba el precio justo, y si el predio no había sido despojado o abandonado por la violencia”, explica la Unidad de Restitución de Tierras.
La relación de Álvaro Uribe con sectores de la agroindustria (como los palmeros o los ganaderos) y su fuerte liderazgo en zonas donde se han producido procesos de despojo parecen vínculos suficientes para entender la posición del ex presidente que, sin embargo, atenta contra los miles de desplazados que podrían verse beneficiados por el lentísimo proceso de restitución de tierras.
“Los compromisos con la FARC deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país; esto es, sin afectar la regla fiscal, la confianza de inversión del sector privado, la competitividad, los programas sociales como educación universal y de calidad, sin afectar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos”.
Los inmensa mayoría de los compromisos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que requiere financiación no tiene que ver con las FARC. Precisamente, el acuerdo busca conseguir recursos financieros adicionales para las grandes inversiones contempladas en el Acuerdo que tiene que ver con derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas del país. La mayoría, de hecho, perteneciente al 30% de la población rural. Planes especiales de Educación y Salud rural, nuevas infraestructuras para articular los territorios o la accesibilidad a servicios tan básicos como la energía, el alcantarillado, el agua potable o la telefonía son parte de los compromisos que hay que financiar.
Uribe, con su propuesta, busca preparar el camino para la batalla en el Congreso sobre la reforma fiscal que prepara el Gobierno aunque –una vez más hay manipulación- esa reforma no está diseñada para financiar el proceso de paz.
El sector privado no parece alineado con Uribe, que suele erigirse en su vocero, ya que ayer se conoció una carta de 400 de los principales industriales del país urgiendo a un acuerdo que desbloquee el proceso de paz.
“Las consultas a comunidades podrán ser limitadas en el tiempo por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación”
Esta es una granada de fragmentación contra los territorios étnicos y contra los campesinos que tratan de resistir a los megaproyectos que afectan a sus territorios. La consulta previa, libre e informada –y vinculante- que reclaman las comunidades molesta a empresarios y políticos –aliados con esos empresarios o empresarios al tiempo que políticos-. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, se atrevió a decir en abril de este año: “En unos casos el mecanismo de consulta previa se ha convertido en un mecanismo extorsivo para exigirles a los inversionistas y ejecutores de las obras compromisos que no hacen parte de la misma”.
La consulta previa que Uribe quiere limitar es una obligación adquirida por el Estado colombiano al ser firmante del del Convenio 169 de la OIT pero, además es parte del desarrollo de los artículos 2, 7, 40 y 330 de la Constitución de 1991, y es uno de los pilares de la legislación que ampara a los amenazados pueblos étnicos: la Ley 21 de 1991 (comunidades indígenas) y la Ley 70 de 1993 (comunidades afrocolombianas).
Lo que Uribe denomina “desarrollo equilibrado de la Nación” se podría traducir por extractivismo. Las luchas territoriales contra la megaminería en La Guajira, o contra las hidroeléctricas (como HidroItuango) o contra el fracking y la explotación minera (como en el Caquetá), sólo por nombrar algunos ejemplos, dependen, en buena medida de la aplicación juiciosa de un procedimiento que, históricamente, ha sido obstaculizado.
“Los compromisos con FARC no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores de atender con equidad las necesidades de todos los ciudadanos”
El ex presidente responde así a la vieja disputa entre los caciques locales y regionales y el poder del Estado central en Colombia. Este conflicto está detrás de casi todas las guerras civiles del siglo XIX y de muchas de las causas estructurales que empujaron al país a los años de La Violencia (1948-1953) y que no han cesado.
Si algo queda claro en el acuerdo de paz y en el análisis de muchos de los expertos invitados a la mesa de La Habana es que en Colombia falta Estado y políticas públicas de Estado. Las diferencias entre departamentos y las brechas entre ciudades es abismal y sólo con políticas diseñadas e implementadas desde el nivel estatal se puede luchar contra la lógica del gamonal establecida en el país desde tiempos de la Colonia.
En este caso, Uribe defiende una descentralización que hasta ahora lo que ha alimentado es el establecimiento de repúblicas independientes legalizadas a través del mecanismo de partidos.
*Por: Paco Gómez Nadal. Retomado de ColombiaPlural - C.C.
