Escribir sobre la Justicia Especial para la Paz es un riesgo enorme, pues hacerlo es someterse a ser clasificado como “uribista” y enemigo de la paz, especialmente cuando el texto está orientado a cuestionar alguno de los muchos aspectos que en efecto motivan el hacerlo. En este caso en particular, quiero referirme a la cifra que lanzó abiertamente al público la especial corte, donde señala con una certeza absoluta que las víctimas de los asesinatos de civiles fuera de combate suman 6402 entre los años 2002 y 2008, cuando los entes investigativos de la nación venían registrando no más de 2248 víctimas entre los años de 1988 al 2014.
Llama la atención la forma como la JEP llega a consolidar tal cifra y al hacer esta consideración no pretendo ser negacionista frente a la existencia de crímenes cometidos por algunos miembros del Ejército Nacional en tal sentido, ni minimizar su gravedad. A la par de que la jurisdicción especial anuncia el nuevo número de víctimas, sentencia la manifestación de una conducta revestida de sistematicidad y estructura de mando al interior de la institución militar que favoreció la comisión de los crímenes. En entrevista a los medios, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz describe descarnadamente la forma como los delitos se cometieron y dentro de sus declaraciones hace señalamientos de responsabilidades de manera indirecta, lo que llama la atención cuando hasta ahora está en curso una investigación y se presume que para la JEP aplica eso que llaman la reserva sumarial.
Sin ser abogado, pienso que es irresponsable de parte del magistrado y de la misma JEP, hablar de cifras sin haber llegado a las conclusiones finales de la investigación, máxime cuando la que lanza al dominio de la opinión pública se basa según ellos, en referencias provenientes de la Fiscalía General de la Nación, única fuente con rigor investigativo de carácter oficial; de aportes de la Comisión de la verdad, entidad que es un enorme recipiente de entrevistas y declaraciones sin un tamiz técnico que le permita llegar a la verdad verdadera y en otras cinco organizaciones de carácter no gubernamental, algunas marcadas por un sesgo, además de ideológico, emocional pues unas están lideradas y conformadas por familiares de víctimas y otras por profesionales con diferentes intereses, algunos contrarios al gobierno, lo que no da garantía de imparcialidad en la información suministrada.
La forma como se desarrolló el conflicto ciertamente ha dejado amarguras y sombras en los corazones de los colombianos y en el espíritu de nuestra sociedad y se debe llegar al esclarecimiento sobre las circunstancias en la que cada persona perdió la vida y se debe lograr la ubicación de todos los desaparecidos; para ello la voluntad de los actores, oficiales y no oficiales, debe ser la clave sí realmente el acogerse a este mecanismo de justicia obedeció al deseo genuino de lograr la paz con la verdad como su principal herramienta.
Para la mayoría de los colombianos, escandalizados por las cifras dadas a conocer por la JEP, lo que ellos perciben ahora como la “guerra”, no dejó de ser más que un titular en los medios de comunicación, mientras sus vidas transcurrían con la normalidad citadina matizada entre carnavales y otros eventos sociales, pues las detonaciones de los disparos, minas y de los cilindros nunca las percibieron, porque ese drama solo se vivió en la Colombia rural y eso nos lleva preguntarnos cuál es la verdad que les interesa.
La realidad es que han muerto muchos colombianos y ciertamente es difícil para una madre perder un hijo, más terrible es, si esa pérdida se dio de manera injusta e ilegal. Es difícil para una madre aceptar que su hijo perdió la vida en las filas del Ejército enfrentando a un grupo de delincuentes narcotraficantes con ínfulas de terrorista disfrazados de defensores del pueblo. Es difícil para una madre aceptar que perdió a un hijo víctima de los disparos de las fuerzas del Estado, cuando el grupo en el cual se incorporó por su voluntad u obligado las confrontó.
De ese triste panorama, los miembros de la Farc deben decir donde enterraron a los cientos de combatientes de su organización que murieron en combate o por otras causas y que fueron dejados en lo más profundo de la montaña, sin una marca, sin una cruz y sin informar a sus familias, o en que cementerio fueron dejados sí ese fue el caso. Las cifras de sus muertos, las cifras de sus secuestros, de sus secuestrados, de sus asesinatos, violaciones y torturas, aún no las da a conocer la JEP, pues parece que aquí el único actor del conflicto fuera el Estado. Esperemos que con la misma diligencia que se mira a los agentes oficiales, se mire a los que se sometieron a la bondad de un estado que les ha dado la oportunidad de regresar al seno de la sociedad después de delinquir por más de cinco décadas.
Hablar de cifras, como alegremente lo hace la JEP, en estas instancias es una sentencia injusta y peligrosa para la institucionalidad, pues ya está visto que al hacerlo por llenar otro titular en los medios deja un vacío en el corazón de la sociedad colombiana y esto ya lo hemos vivido muchas veces y para unos ejemplos tomamos a la tan difunda fosa común más grande del mundo en la Macarena, con cientos de cuerpos producto de falsos positivos, lo que en su momento denunció un Senador y que a la postre solo dejo una decena de exhumaciones, o los supuestos cientos de asesinados por el Ejército y enterrados en la escombrera de Medellín, donde no se encontró vestigio alguno de restos humanos, o los muertos de Mapiripán que comenzaron a aparecer una vez uno de los colectivos de abogados se embolsilló las reparaciones dadas por el Estado. Los colombianos quedaron con la impresión de las cifras dadas por los medios como si fueran ciertas; al final la verdad no les llega y tampoco les interesa. En Colombia se respira más por los titulares que por las conclusiones.
La sociedad colombiana debe saber que para que el Ejército registre una muerte en combate y la reconozca a una unidad específica, se debe surtir todo un proceso que permita que el evento sea parte de una estadística y dicho proceso comienza por el acta de levantamiento realizado por la autoridad competente que para el efecto siempre es el CTI, el informe del comandante de la patrulla militar, el registro fotográfico, el croquis del lugar de los hechos, entre otros documentos que facilitan a las autoridades el registro y las investigaciones posteriores, entre las cuales está la que hace el funcionario de la justicia penal militar, independiente a la de la Fiscalía General de la Nación. Es absurdo señalar que los soldados asesinaron a personas inocentes con el propósito de obtener beneficios representados en permisos, bonificaciones o medallas, sí sus víctimas las iban a depositar de manera anónima y oculta en fosas comunes en algún paraje olvidado de nuestra geografía, o en otro caso dejarlas en la morgue de algún cementerio para que un particular les diera sepultura; esto no tiene sentido si el propósito era obtener reconocimiento por parte de sus superiores.
Visto lo anterior lo que han llamado un positivo, en el argot militar son resultados operacionales, los cuales están debidamente documentados; la Fiscalía como la JEP, dentro de sus atribuciones, tendrán que revisar cada caso para determinar con certeza si en efecto las muertes corresponden a operaciones militares legítimas o si por el contrario dichas muertes se dieron como resultado de una conducta criminal y manipularon la información para elevar las estadísticas de sus resultados, engañando a los mandos y a la sociedad. A la fecha 2292 militares, de todos los grados, se han acogido a la justicia especial y nadie mejor que ellos darán certeza de lo que en su momento hicieron y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cada evento se dio y la cantidad de víctimas.
Como todos los colombianos, espero que la verdad llegue; sin filtros de ningún tipo; espero que la verdad llegue alejada de los intereses de muchos que participan y buscan manipularla esperando los jugosos réditos de la reparación económica y de los altos porcentajes que les va a tocar por su representación legal. Espero que la verdad llegue para que podamos construir un mejor país y aprendamos de este proceso, que fue “el mejor acuerdo posible”, para que cuando la segunda tanda de las Farc, declaradas en disidencias, decida acogerse a uno nuevo, con el gobierno que sea, la verdad sea más fácil de encontrar, más fácil de digerir para las nuevas generaciones de colombianos que les ha tocado vivir otra realidad, otro país, diferente al que vivimos quienes lloramos, sufrimos y vivimos el conflicto como fue en realidad.
Los magistrados de la Justicia Especial Para la Paz deben ser más equilibrados en sus juicios y apreciaciones, y más prudentes al momento de soltar a cuentagotas las informaciones, pues al hacerlo abren puertas que sin lugar a dudas llevaría a que en un país de vivos muchos quieran aprovecharse de ello haciendo que al final la verdad que esperamos sea otra, pues hay que decirlo… la verdad se le atribuye al que hable más fuerte y todos sabemos que hoy esa no es una cualidad ni una fortaleza del Estado colombiano. Mientras tanto, el frente internacional de las Farc que tampoco se desmovilizó, está haciendo su agosto en Europa, con la cifra anunciada por la JEP.
