Con la salida de Jorge Robledo del Polo Democrático se empiezan a mostrar las cartas presidenciales —con sus modelos de desarrollo económico y social— que participarán en las elecciones del 2022, y que en esencia se reducen a dos grandes temas: la defensa y ampliación de la democracia por un lado, y la entronización de una dictadura civil y fascista por el otro, aunque hay un sector del establecimiento que hace esfuerzos por querer aparentar ante la opinión pública como el “centro político” que resolverá las contradicciones de la lucha de clases, argumentando que es la opción salvadora entre la extrema derecha y la extrema izquierda, queriendo matizar una posición de “centro” que no existe, y tratando de diferenciar su contenido programático de las dos grandes corrientes que se juegan el futuro de Colombia en las elecciones del 2022.
El senador Iván Cepeda del Polo Democrático dice al respecto: “Tenemos una identidad sobre lo que debe ocurrir en Colombia, nuestras diferencias están en las vías, tenemos una visión diferente en la política de alianzas" y "Con esta decisión, a partir de la fecha este sector (Moir) no hace parte del PDA. El trámite de esta separación política y organizativa se ha dado por consenso, en condiciones cordiales y de reconocimiento mutuo".
Comienza un proceso de renovación política y organizativa; en esta etapa el asunto político que está en el centro de las preocupaciones es la defensa de la democracia, que significa, en primer lugar, detener el curso acentuadamente despótico que viene asumiendo el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, caracterizado por el desempeño cada vez más autoritario de su gobierno y del partido de gobierno, la coerción de la protesta social, los ataques al proceso de paz, y la violencia sistemática contra opositores políticos y el liderazgo social en los territorios del país.
Además señaló que “representantes del Polo realizarán en las próximas semanas reuniones con las direcciones de las fuerzas de izquierda, progresistas, de las corrientes de centro, del liberalismo democrático, y de los movimientos sociales, para avanzar en la construcción de una gran alianza de cara a seguir impulsando la movilización social, y preparando la definición del bloque histórico (Pacto por el Cambio) que requiere hoy el país sin vetos ni exclusiones”, dice el comunicado del Polo.
Como quien dice, Jorge Robledo se va con Fajardo para la primera vuelta sin consulta popular, y el resto de los parlamentarios del Polo se van con Petro y otros aspirantes a la consulta, para escoger un solo candidato a la primera vuelta presidencial.
Con esta decisión se repite la división de la izquierda como ocurrió en las elecciones del 2018. Así las cosas, ¿dónde irá el “santismo” en el 2022?, ¿será parte de la consulta popular?, ¿se irá con el “llanero solitario”?, ¿se va con De la Calle, Cristo, Barreras?, ¿o se va con Uribe a “reformar” la JEP para acabar con la polarización, y por ahí derecho darle cristiana sepultura a los acuerdos de paz? Cosas se han visto pues en el mundo estamos.
O sea que la tarea central del bloque histórico es empezar desde ya a organizar un aparato político y a construir un programa de gobierno que le permita pasar a la segunda vuelta, un acontecimiento que crearía las posibilidades reales de conquistar por primera vez la presidencia. Si el bloque histórico logra esta hazaña contra el establecimiento económico, político y mediático de la gran oligarquía, como en efecto puede llegar suceder, es muy probable que se abran las posibilidades de llegar a la presidencia en las elecciones del 2022.
Seguramente el “centro” llamará a votar en blanco, o a la abstención electoral para hacerle el juego a la ultraderecha recalcitrante, como ocurrió en el 2018, pero en el 2022 la relación de fuerzas puede cambiar con nuevos elementos que estarán “conspirando” a favor del bloque histórico.
1. Los resultados electorales en Bolivia para presidente de la Republica el 18 de octubre con Luis Arce como ganador con el 55% sobre el segundo con 19%, y con las mayorías en el Congreso para el Movimiento al Socialismo (MAS); la victoria aplastante del 80% de los votantes en Chile, el 25 de octubre, por una nueva Carta Política contra la Constitución de Pinochet del siglo pasado, constituyen una tendencia que muy posiblemente va a continuar con los resultados electorales presidenciales el 3 de noviembre a favor del candidato demócrata en los Estados Unidos, expandiendo la ola renovadora a las elecciones locales del Brasil, el 15 y 18 de noviembre, y en las locales de Ecuador el 7 de febrero, lo que seguramente va a influir significativamente en la opinión indecisa de amplios sectores abstencionistas de Colombia en el 2022.
2. El manejo desastroso de la pandemia por parte del gobierno nacional: desempleo, recesión, pobreza, miseria y desigualdad: la tasa nacional de desempleo en agosto fue de 19.6% en las trece principales ciudades del país; de los 2.5 millones de nuevos desempleados, un millón y medio corresponde a las mujeres.
El sistema de salud con un millón de infectados y 40.000 muertos proyectados para diciembre; ausencia de un sistema preventivo y manejo privilegiado de los auxilios y recursos del Fome dirigidos a salvar la economía de los bancos y de las grandes empresas (el caso del préstamo para Avianca de 1.300 millones de dólares es proverbial ) y no a las economías de las micro, pequeñas y medianas empresas que aportan el 80% del empleo nacional; las 2 terceras partes de los muertos por el COVID-19 son de los estratos 1 y 2.
Incapacidad del sistema de salud y del ministerio del ramo de llevar un registro coherente de las pruebas realizadas por millón de contagios; condiciones de maltrato al personal médico y sanitario en sus condiciones laborales y de bioseguridad; el Ministro de salud acaba de negociar con Jhonson y Jhonson la comercialización de la vacuna desechando a China, Rusia y Cuba.
De tal manera que puede hablarse con propiedad del fracaso en el manejo de la pandemia y de la catástrofe en el manejo de la economía.
3. Ante la propuesta de la renta básica de un salario mínimo el gobierno responde con 480.000 $ en tres tandas de 160.000 cada una, para las familias más desprotegidas; se calcula que 200.000 familias toman una sola comida al día y la miseria y el hambre se ha incrementado no por la falta de alimentos sino por la carencia de ingresos en los hogares azotados por el desempleo.
Buena parte de los decretos-ley firmados bajo el estado de emergencia son para introducir la reforma laboral y pensional que degradan las relaciones laborales y las condiciones de vida, reducen el salario mínimo, condicionan el contrato laboral por horas, y transforman el sistema pensional en un sistema de beneficios económicos, todas estas medidas encaminadas a favorecer los privilegios de los grandes empresarios.
4. Para establecer esta precarización laboral y pensional establecen medias de orden público (protocolos) que apuntan a la prohibición de las manifestaciones, marchas, y protestas, con la justificación del control de la pandemia, acudiendo a las medidas de contención social, a la violencia policial ( l2 muertos en la asonada del 9 y 10 de septiembre en Bogotá), las masacres sistemáticas (64 en el 2020) y al asesinato de los excombatientes de las Farc ( 234 desde la firma de los acuerdos de paz), se dispara el número de feminicidios en el país y se escala la violencia estructural con el asesinato de líderes sociales, étnicos, juveniles, mujeres, LGTBI, excombatientes, sindicalistas y activistas de izquierda.
5. Los paros y manifestaciones de protesta han venido creciendo durante el gobierno de Duque-Uribe: Maestros, profesores, estudiantes e indígenas en el 2018, minga indígena del cauca y paro nacional del 21 de noviembre -2019, asonada del 9,10 y 11 de Septiembre en Bogotá, marcha de la minga indígena del cauca a Bogotá y paro nacional del 21 de octubre-2020, marcha de los excombatientes de las Farc, y protestas de los paperos, cafeteros, paneleros, lecheros, transportadores, taxistas, camioneros, trabajadores de la salud, trabajadores del carbón, feministas, madres comunitarias, trabajadores de la justicia, etc.
6. El gobierno renuncia a la soberanía nacional y recibe a los soldados del ejército norte americano con la justificación de la ayuda en la lucha contra el narcotráfico cuando en realidad está preparando las condiciones para la intromisión militar de EE.UU en la república de Venezuela.
7. La concentración del poder en el ejecutivo con la cooptación de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría y búsqueda de la dirección del Banco de la República y de la conformación de la Corte Suprema de Justicia; acabar con el Sistema Integral de Justicia Transicional (JEP) para instaurar la impunidad y escamotear la verdad a las víctimas del conflicto.
8. La reforma tributaria que viene para el año entrante en favor de los grandes empresarios, con la reforma laboral y pensional que precariza el salario, el trabajo y las prestaciones sociales de los trabajadores.
De tal manera que la confrontación en las elecciones del 2022 va ser entre proyectos políticos, no como quiere hacerlo aparecer la gran prensa, tratando de mostrar la polarización como si fuera un enfrentamiento entre la extrema izquierda y la extrema derecha, para tratar de resaltar el “centro político” y poder pescar en rio revuelto, abusando de los sentimientos y de los valores de las gentes del común.
Por eso el programa de gobierno del bloque histórico y la capacidad de comunicarlo a la opinión pública desenmascarando las mentiras de “castrochavismo”, “socialismo”, “vandalismo”, “guerra”, “caos”, “incertidumbre”, va a ser fundamental para esclarecer la conciencia de los sectores populares engañados con la propaganda de los medios de comunicación.
El uribismo no tiene proyecto económico, político y social para salir de la crisis después de la pandemia, distinto a la fórmula del neoliberalismo continuista de la reforma laboral y pensional a favor del gran capital, salud y educación privadas para las familias ricas y pudientes, justicia para la impunidad de Uribe y su entorno paramilitar, defensa del sistema financiero, agroexportador, comercial, manufacturero, y del capital inmobiliario, agente mandadero de la OCDE, FMI, BM, BID, y de la cúpula militar, de la Otán, y del gobierno de Trump.
El clima de guerra le es necesario para ir ambientado la situación sicológica y preparando las condiciones para la continuación del poder, la corrupción, el contrabando, la evasión y la elación; para continuar con la economía del petróleo con la explotación del fracking contra la naturaleza, la ecología, el medio ambiente y las comunidades; para la continuación de la ganadería extensiva y del latifundio, la entrega de los baldíos y de las tierras fértiles a las multinacionales sin garantías de regalías, impuestos y desarrollo tecnológico en beneficio del el país.
Violencia, “masacres sociales”, represión y terrorismo contra la protesta popular; desarrollo urbanístico de las grandes ciudades para el comercio, los servicios y el turismo internacional y para la realización del gran capital financiero, inmobiliario y de los pulpos de la construcción; súper-explotación de trabajo precario, dominio del capital financiero, agroindustrial, comercial, de los servicios y de la construcción, y una reforma tributaria a favor de los grandes dueños del poder. Este es el panorama programático que ofrece la ultraderecha en Colombia para las próximas elecciones.
En cambio, el programa del “llanero solitario” es más de lo mismo: crear empleos temporales con la financiación del gobierno central, de los departamentos y de los municipios, con una cuota del sector privado para atacar la emergencia del desempleo, pero sin una mirada estructural y estratégica del problema, sin una visión programática estructural para hacerle frente al modelo de desarrollo neoliberal agudizado por la crisis de la pandemia del covid-19; nada sobre los grandes problemas del país, continuación del mismo discurso obsoleto y monotemático: “Yo fui gobernador de Antioquia, yo fui alcalde de Medellín, Antioquia la más educada, en Antioquia no se perdió un peso”, el privatizador del Grupo EPM y gran aliado del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)
Y, mientras tanto, en Antioquia crece la violencia en el Bajo Cauca y en el Suroeste antioqueño, en las comunas populares de Medellín y del Área Metropolitana, crece la pobreza, la miseria el desempleo y la desigualdad, ahora mucho más agravados por la pandemia del covid-19, Antioquia, “donde no se pierde un peso”, con la excepción de la demanda por 10 billones de pesos contra contratistas, interventores, aseguradores y diseñadores del proyecto de Hidroituango: “Procuraduría instala mesas de trabajo por conciliación de Hidroituango” (El Colombiano, 26-10-2020).
Como se pude ver a simple vista el campo está abierto para las fuerzas democráticas a condición de la unidad programática, sin vetos ni exclusiones y con sus respectivas “líneas rojas”; con la consulta popular como mecanismo para escoger el candidato único a la primera vuelta, y con una lista única a la cámara de representantes y al senado de la República, con un programa de gobierno que tenga las siguientes “líneas rojas”: Implementación del acuerdo final de paz: Reforma Rural Integral; Participación política; Cultivos ilícitos; Sistema Integral de Justicia Transicional: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para las víctimas del conflicto armado; Reforma laboral y pensional a favor de los trabajadores; Reforma al Sistema de Salud Pública; Reforma del contenido y de la financiación de la educación pública universal y gratuita, Reforma Político-Electoral, Reforma de la Justicia; Reforma Urbana; Reordenamiento Territorial de la Regiones, entre otras líneas programáticas.
El anterior proyecto estará acompañado de la Plataforma de Emergencia del Comando Nacional de Paro, de la Plataforma de Emergencia de la Unión Patriótica, y de los aportes de las organizaciones políticas y sociales de las regiones y localidades para la construcción colectiva de un programa para un gobierno democrático. La mesa está servida, adelante con el bloque histórico democrático y popular.
