Los recientes fenómenos naturales relacionados con el intenso verano en la Orinoquía, los incendios forestales en el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Atlántico y La Guajira conlleva a la necesidad de revisar los avances, resultados de las políticas ambientales de los últimos años, las competencias y responsabilidades de las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, creado hace 20 años bajo, en unas condiciones ambientales diferentes a las actuales.
Con el objetivo revisar las planes de acción frente a los estragos que vive Colombia, y el mundo; frente al cambio climático; los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, asociados en ASOCARS; solicitaron a la Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento; una revisión técnica y normativa de la Ley General Ambiental con el fin de fortalecer la institucionalidad del sistema nacional ambiental (Ministerio de Ambiente, ANLA, las CAR, los institutos de investigación, encargados de dar el soporte técnico y científico a la gestión; la Unidad de Parques Nacionales Naturales, entre otros).
“Se debe realizar una revisión seria y profunda de la Ley 99 o Ley General Ambiental que permita presentar y adoptar soluciones que respondan no solo a las actuales coyunturas climáticas, sino que permitan anticiparnos y/o adaptarnos a los requerimientos de la sociedad, frente a estos fenómenos naturales que asociamos al cambio climático, y que van a ser cada vez más frecuentes”, indicó Beltsy Giovanna Barrera, Vicepresidenta de la Junta Directiva de ASOCARS y directora de CORMACARENA.
Esta revisión –argumenta- debe recaer sobre aspectos clave como el conocimiento, el estado actual y potencial de nuestros recursos naturales, respecto de las necesidades de su aprovechamiento presente y futuro, la conflictividad ocasionada por los diferentes usos del territorio, el retraso en su ordenación, la necesidad de fortalecer técnicamente las instituciones ambientales encargadas de propender por el desarrollo sostenible mediante el ejercicio de la autoridad ambiental, el alcance y ejercicio de las competencias ambientales de las diferentes entidades, la participación comunitaria y verdaderos procesos de educación y participación.
“Hay que presentarle al país una propuesta concreta que contemple el proyecto de reforma, no solo de las CAR, sino del Sistema Nacional Ambiental y espacios y oportunidades reales de vinculación activa de la comunidad, reforzando los aspectos técnicos, que fortalezcan los nuevos conceptos de gobernanza a partir de un fuerte componente de sensibilización para que entendamos que este mundo es finito y que su futuro depende del compromiso de todos”. “Esa es nuestra responsabilidad política e histórica, no solo del Congreso, sino de la institucionalidad ambiental existente”, indicó, por su parte; Ramón Leal Leal, director Ejecutivo de ASOCARS.
