Hace algunos meses, un policía ateo le ganó una tutela a la Policía Nacional, alegando que no quería cantar el himno ni recitar el código porque allí se menciona a Dios. El juez le dio la razón y lo eximió de faltas disciplinarias, justificando que "las entidades oficiales no podrán imponer a sus funcionarios la asistencia obligatoria a ceremonias religiosas, por nobles que sean sus ideales (…) pues de hacerlo, el Estado estará vulnerando los derechos a la libertad religiosa y de cultos”. En fin, lo que se evidencia en aquella sentencia es que este es un Estado laico que no tiene por qué hacer proselitismo religioso en ninguna de sus instituciones.
Cuando la Carta Política de 1991 habla de laicidad no está yendo en contra de ninguna religión, específicamente de la católica, que resulta tan invasiva en la institucionalidad colombiana, sino que establece una separación de ellas con el Estado. El laicismo, pues, no existe como juicio de valor en contra de una religión, ni como negación a que en el país la mayoría de las personas sean católicas, sino que existe como una especie de garantía para evitar imposiciones indebidas sobre quienes no profesamos ninguna religión, o profesan una diferente a la católica. Resulta entonces necesario separar todas las instituciones oficiales de un credo particular porque son esas mismas instituciones las que sirven a todos y a cada uno de los habitantes de Colombia (musulmanes, ateos, cristianos, judíos, testigos de Jehová, etc.).
En ese sentido, resulta completamente absurdo y desmarcado totalmente de ese principio de laicidad, que la Policía Nacional haya comprado, el 9 de marzo de 2020, 1200 sagradas biblias del pueblo católico (así se llaman) “para suplir necesidades de capillas, oratorios para continuar con la orientación y atención espiritual, por parte de la Capellanía General de la Policía Nacional”.
También se rompe allí con “el carácter pluralista del Estado social de derecho colombiano, del cual el pluralismo religioso es uno de los componentes más importantes”. No queda de más resaltar que “la carta excluye cualquier forma de confesionalismo y consagra la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas, puesto que la invocación a la protección de Dios, que se hace en el preámbulo, tiene un carácter general y no referido a una iglesia en particular” (Sentencia C-350 de 1994).
En esas 1200 biblias, cuya compra se dio con el dinero de todos los colombianos, se fueron $30.000.000 (ver orden de compra). ¿También compraron coranes y libros sagrados de otras religiones? ¿Para qué 1200 biblias? Así como hay Capellán General en la Policía, ¿hay capellanes de las otras religiones? En tiempos de crisis, ¿este gasto era necesario? ¿Hay 1200 iglesias o están formando a 1200 católicos?
Además de la debida investigación sobre la improcedencia de esa compra, los órganos competentes deberían hacer lo propio con la compra hecha el 31 de octubre del 2019 de avisos varios para esa misma institución. Absurdo que una señal con la palabra "salida" cueste $51.765 o que otra con la palabra "gabinete" cueste casi $60.000. ¿Acaso fueron hechas con baños de oro o a mano y con arte especial? (ver orden de compra). También deberían investigar la pertinencia de comprar 43 Avengers Titan Hero Thanos, 30 pistas de Hot Wheels y vuelta choques, 34 Casa muñecas referencia Mi Dulce Hogar, entre otros juguetes para niños, que sumaron más de 25 millones de pesos (ver compra de diciembre del año pasado)
Adenda. El concejal de Itagüí, Jorge Iván Restrepo, del partido del alcalde, parece emplear los recursos públicos de la alcaldía para hacer proselitismo político, usando cantantes, tarimas, policías, carros del tránsito y personal de la alcaldía. Oportunista.
