El caso colectivo de abogados. Así se llama informalmente el proceso que tiene en sus manos la Corte Interamericana de Derechos humanos, y que está próximo a fallar, y que versa sobre las múltiples agresiones que ha recibido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo a lo largo de sus 35 años de historia. Allanamientos, amenazas, seguimientos, montajes, y una gran campaña de desprestigio en su contra, especialmente durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Entre 2003 y 2005 fue el clímax.
Según consta en el proceso que se le sigue a los funcionarios del DAS, responsables de las famosas chuzadas, la persecución se extendió a sus familias y amigos, dentro y fuera del país. A Alirio Uribe, director del Colectivo, le escarbaban hasta la basura de su casa. A Soraya Gutiérrez, abogada de varios casos, le enviaron una muñeca mutilada en varias partes. Al trabajo por los derechos humanos que hace el Colectivo de Abogados lo llaman en muchas instancias del Estado “guerra jurídica”.
Por todo ello quizá, a la oficina del Colectivo, se entra a través de dos puertas blindadas, que son su única protección, porque estos abogados nunca han tenido escoltas armados, sino acompañantes civiles de las Brigadas Internacionales de Paz.
Y es que este ha sido una organización pionera en el trabajo de derechos humanos, y sobre todo, una de las que más casos han llevado ante el sistema interamericano. Han presentado más de 90 casos, de los cuales han sido fallados siete, todos con condenas para el Estado. Algunos de ellos de alta sensibilidad. Pero sus primeras batallas se remontan a finales de los años 70.
En pleno gobierno de Turbay, bajo el estatuto de seguridad, un grupo de 12 abogados decide cerrar sus oficinas particulares y crear un colectivo de abogado para dar una batalla muy difícil: que los civiles no fueran juzgados por militares, como ocurría en aquella época en virtud del Estado de Sitio.
El Colectivo asume la defensa de la cúpula del M-19 entre quienes estaba Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina y Toledo Plata. Aquí la cúpula guerrillera en Los Robles, Cauca.
El Colectivo defendía entonces a muchos de los detenidos por el caso del M19, un consejo de guerra que involucraba a 1.200 personas, de las cuales apenas 260 tenían cargos. Y fueron quienes defendieron hasta el final a los miembros de la cúpula del M19: Pizarro, Toledo Plata, Iván Marino Ospina, entre otros. Pero también a guerrilleros de todos los grupos. Desde entonces están en la mira de todos los organismos de inteligencia. Aunque aún defienden a algunos guerrilleros, en los últimos años su trabajo se ha centrado más en defender víctimas de crímenes que involucran al Estado. Y en todo caso tienen sus excepciones: “No defendemos a nadie que esté procesado por narcotráfico, ni por delitos sexuales, ni por secuestro de niños, ancianos o mujeres embarazadas” dice Eduardo Carreño, uno de los fundadores de esta ONG.
Carreño reconoce que el Colectivo, y las demás organizaciones de derechos humanos, lograron que se acabara la justicia castrense para los civiles, tesis que acogió la Corte Suprema de Justicia en 1987. Y que gracias al cabildeo de todo el movimiento de derechos humanos se logró que la ONU estableciera en Colombia una oficina asesora en Derechos Humanos a mediados de los años 90.
Justamente a finales de ésta década es que el colectivo da un giro definitivo, y se dedica a llevar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primero de ellos, la ejecución del alcalde de Sabana de Torres Álvaro Garcés Parra, y otras personas que estaban con él, en el que participaron los Masetos y miembros del Ejército. En adelante el Colectivo ha tramitado 70 casos con medidas provisionales, ha presentado 90 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y han sido fallados algunos varios que dejan muy mal parado al estamento militar: German Escué Zapata, un líder indígena asesinado por miembros del Ejército en 1988; el de Wilson Gutiérrez Soler que fue torturado; el bombardeo de Santo Domingo, en Arauca, el crimen de Manuel Cepeda, y las masacres de La Rochela y Mapiripán.
Mancuso fue condenado a 24 años de prisión por masacre de Mapiripán
Ésta última se convirtió un trago amargo para el Colectivo de Abogados, porque luego del fallo, y ya efectuados por pagos por indemnización a las víctimas, un tribunal de Justicia y Paz descubrió que había falsas víctimas, y en particular que una mujer había mentido al decir que sus hijos habían sido desaparecidos cuando en realidad por lo menos uno de ellos estaba vivo, y era guerrillero.
La mujer, a quien se le abrió un proceso penal por engañar a la justicia, declaró sin embargo que no fue el Colectivo quien la incitó a mentir, como dijeron algunos en su momento. “Con este caso de una falsa víctima pretendían acabar con el Colectivo moral y económicamente, destruir su credibilidad” dice Carreño. Por eso ellos devolvieron a la Contraloría General de la Nación el dinero que recibido por la defensa de esta víctima, y convocaron a una comisión independiente, con miembros internacionales, para que revisara sus finanzas y procedimientos administrativos, y diera fe de que eran transparentes.
Reynaldo Villalba, uno de los abogados del Colectivo, explica que aunque se le ha hecho creer a la opinión que ellos llevan casos de víctimas por el dinero que estas demandas contra el Estado representan, en realidad lo hacen porque con ellas funcionan más los mecanismos de impunidad y son más vulnerables ante las ineficiencias de la justicia.
“Otra cosa que nos suelen reclamar es que no denunciemos los actos de las guerrillas. Pero les recuerdo que el Colectivo hizo parte de la Comisión que en 1994 fue a verificar qué había pasado en la masacre del barrio La Chinita de Apartadó, y lo que encontramos y así lo denunciamos es que la cometió el frente quinto de las FARC”.
Posiblemente uno de los casos más importantes que ha llevado el Colectivo es el del asesinato de Jaime Garzón. Éste logró demostrar que el DAS había presentado pruebas falsas y que aunque había la confesión de un sicarios, esta no correspondía a la realidad. Pero la obsesión de los abogados ha sido encontrar a los autores intelectuales. Ese caso, entre otros, llevó a Eduardo Carreño a reunirse con Salvatore Mancuso en una prisión de Estados Unidos, junto a un grupo de parlamentarios. Aunque lo que allí se habló es confidencial, lo que sí se trajo Carreño en la mente es que Mancuso era un hombre “derrotado y traicionado” que todavía tiene mucho por contar.
A pesar de que los nueve abogados que conforman hoy la “almendra” del Colectivo han sido considerados de la línea dura de derechos humanos, se muestran abiertos a que el país explore fórmulas de justicia transicional. Proponen la creación de un tribunal especial con nueve magistrados de los cuales cinco deberían ser propuestos por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, y cuatro elegidos por las Cortes de ternas presentadas por las víctimas. Pero la condición que ponen es que haya verdad. Y que el trato para las guerrillas y los miembros del Estado sea diferente. Y en últimas, más duro con éstos. De lo contrario, el Colectivo seguirá enviando casos a la Corte Interamericana. “Es que la reparación debe ser integral, y la verdad y la justicia debe abarcar también a los responsables intelectuales de estas estructuras criminales” dice Carreño.
Este año, la Corte Interamericana debe fallar el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, otra sentencia donde sin duda el Estado saldrá condenado. Y que les valdrá de nuevo la acusación de ser los autores de la “guerra jurídica” de la que tanto se quejan los militares.
Pero si el caso por el acoso al Colectivo también se decide, y el Estado sale condenado, muy seguramente veremos al gobierno indemnizando a los abogados que tanto teme y posiblemente, hasta pidiéndoles perdón, como suele ser en estos casos.
