Cortesía foto: Federico Ríos Escobar
La violencia desatada en medio del conflicto interno armado en Colombia ha tenido diferentes actores; a esta estela de dolor y muerte dejada por los paramilitares, las guerrillas, los agentes del Estado, se suma los ríos de sangre derramados por el accionar de las denominadas Bacrim. Un fenómeno criminal en expansión.
Aunque en los últimos años el Estado ha logrado dar duros golpes a los máximos jefes de estas organizaciones, la amenaza sigue vigente. En noviembre de 2011 fue capturado en Venezuela y deportado a Estados Unidos Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”, jefe de la Oficina de Envigado y aliado de Los Urabeños; en enero de 2012 las autoridades dieron baja a Juan de Dios Úsuga, alias, "Giovani", jefe militar de Los Urabeños; en mayo de ese año Javier Calle Serna, alias "Comba", jefe máximo de Los Rastrojos, se entrego a la DEA y su hermano Luis Enrique Calle Serna, se entregó a las autoridades estadounidenses en Panamá. Así mismo, en junio fue capturado Diego Pérez Henao, alias "Diego Rastrojo", tercero en la línea de los Rastrojos y a finales de Octubre de 2012, fue capturado en Buenos Aires, Argentina, Henry de Jesús López, alias “Mi sangre.
Estas capturas llevaron al Ministro de Defensa juan Carlos Pinzón a dar un parte de tranquilidad cuando dijo que en 934 municipios del país “no hay presencia de bandas criminales”. Sin embargo, la sorprendente capacidad de reorganización de estas estructuras ha permitido que aun se mantengan vigentes y sigan azotando varias regiones del país.
Bandas criminales como la Oficina de Envigado, los Urabeños, los Rastrojos y los Paisas entre otras, se han apoderado de las rentas de cultivos ilícitos, la minería ilegal, los corredores estratégicos para el narcotráfico, así como el tráfico de armas y municiones y otras formas de contrabando, negocios que reflejan en la lógica detrás de sus acciones violentas a los largo y acho del país.
Aunque sus principales capos ya han sido capturados o abatidos por las autoridades, la amenaza permanece latente; Sus estructuras se han expandido por varias zonas urbanas y rurales del país.
Ciudades como, Medellín, Barranquilla, Cali, Cúcuta; Villavicencio y las zonas periféricas de la capital de Bogotá entre otras, siguen siendo victimas de su accionar criminal a través de la subcontratación de otras bandas y pandillas locales. De esta manera se ahorran el esfuerzo y desgaste de someter a quienes localmente ya dominan el territorio, empleándolos por la vía del consenso para administrar el miedo y operar mecanismos de control y vigilancia a la población civil.
Dinámicas recientes de Bacrim en centros urbanos
Las capturas de “Valenciano” a finales de 2011 y “Sebastián” a mediados de 2012 abrieron una etapa de recomposición dentro de la estructura de la Oficina de Envigado. Los Urabeños intentaron aprovechar el vacío que se creó para ganar terreno en el Valle de Aburrá y Medellín y desataron una ola de extorsiones y amenazas en las comunas al occidente de la ciudad, así como disputas por el control territorial y social de estas zonas.
En el mes de agosto de 2012, la oficina de Envigado emprendió una campaña de despojó de lotes y viviendas a los ocupantes que había en el asentamiento Nuevo Jerusalén, justificando estas acciones ante la comunidad con el argumento de que están defendiendo el territorio frente a la amenaza de los Urabeños.
En Barranquilla, en municipios aledaños como Soledad, Puerto Colombia y Malambo, las entregas y capturas de sucesivos cabecillas de Los Rastrojos a mediados de 2013 tuvieron como consecuencia divisiones en la estructura local de esa bacrim. Una facción se unió a Los Urabeños y otra se reagrupó bajo la denominación de Los Costeños., desatando una disputa por el control de la tierra en áreas de expansión urbana, por medio de amenazas de muerte, distribución de panfletos, homicidios selectivos, desalojos forzados y extorsiones
En Cúcuta, los Urabeños y los Rastrojos son responsables del desplazamiento de la población asentada en barrios de invasión, a los que señalan como colaboradores de la guerrilla. Los afectados han sido, sobretodo, los líderes sociales o de organizaciones de desplazados y de víctimas procedentes de la subregión del Catatumbo y del departamento de Arauca. La pugna es por el control de rutas para el narcotráfico hacia Venezuela, así como para el contrabando de hidrocarburos, armas y mercancías (electrodomésticos, licores finos, cigarrillos, insumos agrícolas, autopartes, productos alimenticios, es a muerte.
Cali se ha convertido en el epicentro de las operaciones de los rastrojos aunque la llegada de los Urabeños, que a través de arreglos de subcontratación con pandillas urbanas, han logrado desestabilizar el control hegemónico que antes ejercían los Rastrojos. El fenómeno se observa en la capital vallecaucana como en otros municipios importantes como Buenaventura, Palmira, Tuluá, y Trujillo, entre otros. En Cali la mayor escalada de violencia por el control, territorial y de las rutas de narcotráfico entre ambas bandas, se registra en los barrios orientales de la ciudad donde se ha asentado una parte importante de la población en situación de desplazamiento forzado.
Según la Policía Nacional, en Cali actualmente están identificadas cuatro bandas urbanas asociadas con Los Rastrojos enfrentadas con cinco que estarían al servicio de Los Urabeños, como se observa en la siguiente figura:
Bogotá no ha sido ajena a este fenómeno. La disputa por las rentas y los espacios de control territorial en zonas periféricas de la capital ha ido en aumento.
Tal como lo denuncio el alcalde Gustavo Petro, zonas como Soacha, Ciudad Bolívar y Bosa reciben a miles de familias víctimas de desplazamiento forzados desde otras zonas del país. Victimas que son remitidas por sus mismos victimarios a estos sectores de la ciudad donde supuestamente recibirían un lugar para vivir como retribución por el despojo del cual fueron víctimas, mas sin embargo son revictimizados por miembros de estas organizaciones que los reciben y los someten a nuevos cobros extorsivos.
En Villavicencio, dos disidencias del EEPAC, –Bloque Meta y los Libertadores de Vichada–, se disputan el control territorial de los barrios de la capital del Meta mediante ajustes de cuentas, el control del expendio de drogas ilícitas entre pandillas que mantiene relación con alguna estas bandas criminales.
El interés de las bandas criminales en mantener el control de los centros urbanos, y en especial de su periferia, se deriva de las posibilidades que estos ofrecen para extraer importantes rentas derivadas de la extorsión y el micro-tráfico, al igual que el control de rutas de ingreso de drogas y otras mercancías de contrabando a la ciudad.
Otra dinámica reiterada en las lógicas de acción de las bacrim en medios urbanos es dirigir amenazas sistemáticas a abogados, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres y población LGBTI a través de panfletos, seguimientos y asesinatos. Según la Defensoría del Pueblo y el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, las bacrim son violadoras principales de derechos humanos en el interior del país y representan la mayor amenaza en el proceso de restitución de tierras
En síntesis, en el contexto de los barrios periféricos de las ciudades la presencia de las bacrim se materializa a partir de relaciones subcontratadas con diferentes bandas delincuenciales, lo cual les da gran flexibilidad, pues combinan un núcleo jerárquico con extensas redes criminales. De esta manera se ahorran el esfuerzo y desgaste de someter a quienes localmente ya dominan el territorio, empleándolos por la vía del consenso para administrar el miedo y operar mecanismos de control y vigilancia a la población civil.
Dinámicas recientes de bacrim en zonas rurales
Las zonas rurales son espacios fundamentales para las bacrim, ya que les representan rentas derivadas de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. También son importantes corredores estratégicos para el tráfico de drogas, armas, municiones, contrabando, dinero, y, últimamente, maquinaria pesada utilizada para la extracción ilegal de oro sobre los lechos de los ríos.
Esto hace que Buenaventura, en el Valle del Cauca, sea un corredor estratégico de gran importancia para las bacrim, donde se han intensificado las acciones violentas en el último año; Según denunció la personería de ese municipio, la reciente incursión de Los Urabeños, buscando controlar lar rutas del pacífico colombiano, han causado, el desplazamiento de cerca de 7.000 personas.
La escalada de violencia en las zonas rurales por parte de las bacrim se inicio desde el 2012 con la masacre de más de diez personas en zona rural de Buenaventura, en medio de la guerra que Los Urabeños declararon a “La Empresa”, banda que hasta ese año mantenía el control absoluto del puerto, fue la primera de muchas masacres posteriores
Un panorama similar se observa en la cabecera y área rural del municipio de Trujillo. Allí las disputas entre las bandas son por el control del Cañón de Las Garrapatas, en límites con el departamento del Chocó, donde Los Rastrojos han sido el actor preponderante desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, y donde Los Urabeños pretenden reproducir su proceso de expansión y fortalecimiento.
A las tradicionales disputas de las bandas por el control del negocio del narcotráfico se han sumado las del oro. La fiebre del oro.
La rentabilidad de la minería ilegal es tal, que le ha robado capitales y mano de obra al cultivo, procesamiento y tráfico de drogas en la costa Pacífica y otras regiones del país. Por eso a partir del año 2012 la minería ilegal se ha convertido en una fuente principal de financiación de las bacrim. Por ejemplo; en el municipio de Buriticá, en el occidente antioqueño, Los Urabeños controlan el sector minero cobrando vacunas a los mineros a cambio de permitir el ingreso de maquinaria y ejerciendo el control de la cadena local de insumos, la producción, y comercialización, a través de los almacenes donde se compra el oro que operan en la cabecera municipal.
La confrontación entre bandas ha hecho que en las zonas rurales se incrementen los niveles de desplazamiento intermunicipal, tal como ha sucedido en San José del Guaviare, municipio que en febrero de este año alertó sobre el desplazamiento de más de 50 familias por amenazas y riesgos de reclutamiento forzad
Las pugnas por el territorio y rutas de comercialización para el contrabando de armas cultivos ilícitos y apropiación de tierras también han generado violaciones de derechos humanos como desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidios, masacres y extorsiones en municipios como el Peñón y Montecristo en Bolívar, Dibulla en la Guajira y El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, Villa del Rosario en Santander, entre muchos otros.
En el Pacífico nariñense, especialmente en Tumaco, se habla de extorsiones generalizadas a los comerciantes. Los Rastrojos mantienen presencia y tiene el control sobre el puerto. Hasta hace poco en Putumayo las rutas de narcotráfico asociadas a la frontera con Ecuador habían sido dominadas también por Los Rastrojos. No obstante, desde principio de 2013, Los Urabeños hicieron presencia en Puerto Asís apoyando con armas y financiación a organizaciones delincuenciales locales para que atacaran los primeros, bajo la consigna de “se someten o los desaparecemos”.
En síntesis, como se observa, las bacrim avanzan en la diversificación de rentas de financiación distintas al narcotráfico, entre ellas, la regulación de la extracción y comercialización del oro y los insumos requeridos para esta actividad, el apoyo al despojo de tierras rurales y la oposición violenta al proceso de restitución.
Bacrim: un modelo exitoso de adaptación criminal.
En contraste con el dato citado por el ministro Pinzón al inicio de este artículo (934 municipios del país donde no hay presencia de bacrim), los ejercicios de monitorio de prensa e informes del sistema de información de la Defensoría del Pueblo sugieren que en 2013 hay presencia de bacrim en al menos 409 municipios en 31 departamentos del país
De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, en 2013 se registra presencia e identificación de bandas criminales en once departamentos: Chocó, Córdoba, Antioquia, Vichada, Meta, Guaviare, Cesar, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Santander. Según esta fuente, las bandas criminales estarían distribuidas en cuatro estructuras que mantienen constante presencia y control: Urabeños, Rastrojos y dos bandas disidentes del ERPAC: Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En total estas cuatro bacrim sumarían cerca de 2.900 integrantes de los cuales 1.023 habrían sido capturados durante el período 2012 - 2013.
Como el mayor soporte de estas organizaciones ha sido la herencia de lar armas y elementos operativos que no fueron entregados por las autodefensas en su desmovilización. Su capacidad de acción, como se pudo observar, aun es grande y el pronóstico es reservado.
Además, según reportes de la Unidad de Fiscalías contra las Bandas Emergentes, de 208 investigados 114 pertenecen a la Fuerza Pública, diez son concejales o aspirantes a concejos municipales, y siete son alcaldes o candidatos a ese cargo. También se encuentran jueces, fiscales, asistentes, investigadores del CTI, exdetectives del DAS, secretarios judiciales y hasta el coordinador de una Casa de Justicia.
*El informe de la Fundación Paz y reconciliación se puede descargar completo en su página web www.pares.com.co
