Hace dos años se dio la captura de 13 personas acusadas de ser los autores de una gran pedrea en la Universidad Nacional y de unos atentados en Bogotá. Algunos capturados se destacaban por tener perfiles que no correspondían al estereotipo del terrorista: son profesionales que ejercían exitosamente y que poco les faltaba en la vida.
Las autoridades presentaron esas capturas en los medios de modo triunfal: en televisión se veía al entonces comandante de la Policía de Bogotá coordinando desde un helicóptero a un equipo de la policía que estaba a punto de ingresar a una casa, una escena que daba visos de película de acción a esta noticia.
Mientras tanto los defensores, amigos y simpatizantes de los acusados asumieron la versión del “falso positivo judicial”. Que entre los acusados estuviera una abogada activista de derechos humanos y contratista de la Bogotá Humana, era un ingrediente que aumentaba las sospechas de que todo era un montaje.
Después de algunos meses la versión del falso positivo parecía tomar fuerza: los acusados fueron liberados después de unos meses. Posteriormente, la acusación que parecía tan sólida ante las cámaras naufragó: a ninguno se le ha demostrado culpabilidad hasta el momento.
Lo extraño es que los disturbios en el campus de la Nacional se acabaron: desde el 20 de mayo de 2015 su cantidad y magnitud se redujeron ostensiblemente después de suceder por 50 o más años. Para algunos esa situación puede explicarse como parte del proceso de paz… lo que no tiene en cuenta esa versión es que el ELN (del que supuestamente hacían parte los acusados) sigue activo y realizando atentados terroristas aún peores como el de la Plaza de Toros. Algunos dirán que solo es casualidad cuando lo mas problable es que el operativo de captura si afectó las operaciones del grupo subversivo en el campus de la Universidad.
Lo único que quedó demostrado más allá de toda duda el exceso de confianza y la falta de experiencia de las autoridades encargadas, es que hubo muchos errores. Por ejemplo. el vicefiscal Jorge Perdomo y el General (R) Rodolfo Palomino declararon demasiado temprano su triunfo, mientras sus fiscales cometieron errores básicos como el de no individualizar las responsabilidades de cada uno de los 13 acusados, error que permitió la liberación antes mencionada. (Ver)
La falla que hundió el caso fue el exceso de confianza de los investigadores quienes dieron por terminado su trabajo prematuramente. Si bien se obtuvieron evidencias prometedoras en los seguimientos e intercepciones, estas no pasaban de ser pruebas circunstanciales: el acervo permitía seguirle la pista con exactitud a una serie de acciones sospechosas pero no permitieron a los jueces determinar quién había sido el responsable particular de cada crimen cometido. En este caso hubo un exceso de pistas pero una ausencia de pruebas contundentes, lo que llevo en últimas a que el ente acusador perdiese el caso ante las dudas razonables.
A pesar de ese balance aparentemente negativo parece ser que las autoridades aprendieron varias lecciones de esos errores. Ha sido notorio el cambio de comportamiento de las autoridades frente a los capturados del Andino cuya situación es muy similar a la de los capturados de 2015.
La acción de las autoridades contrasta con la anterior: no hubo discursos prematuramente triunfales ni escenas de película por parte de los encargados de hacer la investigación. Los medios, a pesar de su insistencia, han tenido acceso reducido al acervo probatorio y las audiencias en la mayor de los casos han sido privadas evitando que se publicara información que dañe la investigación que esta vez parece continuar aún después de las capturas. El error de acusar en grupo a los capturados, también se evitó: esta vez se gastaron 58 horas mostrando las pruebas que implican de manera individual a cada uno de los acusados.
Ojalá las autoridades hayan aprendido aún más de sus errores pasados y esta vez puedan separar a inocentes de culpables. Si dentro de unos meses no hay mas bombas del MRP algunos dirán que es solo casualidad, que todo es un falso positivo de las autoridades. Así que no se puede fallar de nuevo, hay que demostrar quienes fueron los culpables.
