Si usted tiene 600.000 pesos, puede ir a una tienda o buscar en plataformas de comercios electrónicos y comprar un arma que parece una pistola, tiene cartuchos similares a los de una pistola y cuando se dispara suena como una pistola, pero no es un arma de fuego. Es una del millón de las llamadas armas traumáticas que circulan en Colombia, con escasa regulación y muy pocas restricciones.
Aunque el centro principal de venta se encuentra en el San Andresito de la calle 38, se pueden conseguir en tiendas de artículos deportivos en centros comerciales, o de artículos militares y policiales cerca de instalaciones de la Fuerza Pública. La ley 1801 de 2016 permite que estas armas puedan ser compradas con fines recreativos y regula la posibilidad de su compra y posesión.
José Alexander Bustamante vende de 10 a 15 armas traumáticas al mes. Foto: Leonel Cordero - Las2Orillas
José Alexander Bustamante, dueño de una tienda de artículos policiales cercana a la estación de Policía de Kennedy, dice que realiza búsquedas de antecedentes tanto penales como disciplinarios antes de vender uno de estos objetos. Si un comprador hipotético tiene un comparendo o una multa por el Código de Policía y Convivencia, su tienda le sugiere pagar esta sanción antes de vender el arma.
En otras tiendas en sectores como San Andresito, no se necesita cumplir estos requisitos. Los mismos vendedores reconocen que estas tiendas permiten adquirir con la misma facilidad estas armas, así como puñales y cuchillos “tácticos”, gas pimienta, tasers y otros elementos para protección que están en zonas grises legales.
La mayoría de las armas traumáticas que se venden en el país son importadas desde Turquía, pero China y Estados Unidos también tienen grandes fábricas. Foto: Leonel Cordero - Las2Orillas
La norma explica que estas armas son recreativas, no deportivas ni mucho menos para ser portadas. Esto implica que no se requiere salvoconducto para el porte como con las armas de fuego, ni membresía en un club de tiro y cacería como con armas deportivas. Bustamante explica que el concepto permite usar las armas para romper botellas o latas en una finca sin requisitos excesivos de seguridad.
A pesar de esto, para asegurar que el artículo fue comprado legalmente, las tiendas entregan a los clientes un manifiesto de importación y facturas. Estas armas traumáticas son fabricadas generalmente en Turquía, China y Estados Unidos, así como sus cartuchos. En 2020, más de 190.000 armas traumáticas fueron importadas legalmente a Colombia para su venta.
Cada una de estas se puede conseguir en unos 600.000 pesos, aunque algunas versiones especiales pueden costar hasta $3 millones. La gran mayoría está diseñada con similitud a pistolas de empresas reconocidas como Smith & Wesson o Beretta. Algunas versiones especiales pueden asemejar, incluso, armas de asalto como el rifle AK-47 Kalashnikov o armas de videojuegos.
Las pistolas traumáticas más comunes se asemejan a modelos de armas de fuego famosas como la Walther PPK de James Bond. Foto: Leonel Cordero - Las2Orillas
Las armas traumáticas no tienen porte legal, pero su posesión y transporte en un vehículo están garantizadas por ley. Así, usted puede llevar el arma en su carro o tenerla en su oficina, pero no puede llevarla consigo en una cartuchera o en su maleta. En caso de una requisa, si porta el arma en el transporte público o en un establecimiento podría ser decomisada. Si la porta en la calle puede presentar el manifiesto de importación y la factura de compra para demostrar su propiedad y evitar un decomiso.
Esto choca con el uso real que se da a las armas traumáticas, que son constantemente utilizadas en todo tipo de delitos. Además producen serias lesiones y hasta la muerte. Aunque no tengan el poder de un arma de fuego impulsada por pólvora, sus cartuchos de gas permiten impulsar perdigones o balines a velocidades muy peligrosas. Otros tienen cartuchos de salva, que no tienen un elemento para impactar pero cuyas explosiones pueden hacer daño en los oídos o causar hematomas.
Andrés Escobar, el hombre conocido por salir armado por las calles de Cali durante el paro nacional, trató de defenderse asegurando que la suya era un arma traumática.
Casos como los robos a buses del SITP de octubre y noviembre de 2020, y las amenazas de ciudadanos de Cali a manifestantes con este tipo de armas ha potenciado los llamados a prohibirlas. Una ley que transita en el Congreso buscaría hacer esta prohibición, y ha contado con el apoyo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín.
Para Bustamante, esta restricción no solo debería levantarse, sino que también debería permitirse el porte libre de estas armas. Según el vendedor, y muchos otros bogotanos, solo de esta forma se podría reducir la inseguridad que ha tomado a la ciudad y al país. Ese mismo riesgo podría multiplicarse al permitir el porte legal, lo que ha sesgado la discusión y dificultado el control para que los propietarios puedan usar sus armas con tranquilidad.
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