Las causas del conflicto interno colombiano son políticas, sociales y económicas y la solución integral no es sencilla. Las causas que lo generaron y tipifican se relacionan directamente con insatisfacción o negación de derechos sociales y económicos legítimos, los que motivaron el surgimiento de organizaciones armadas ilegales, entre ellas, las FARC.
Colombia es la única nación del hemisferio que lleva más de medio siglo en guerra contra unas guerrillas a las que el estado no pudo vencer por medio de las armas. El reconocimiento de esa realidad, propició la negociación de acuerdos para la superación del conflicto, entre Estado y las FARC. No con todas las organizaciones alzadas en armas.
Se trata de unas guerrillas cuya motivación originaria fue la defensa del derecho a la propiedad de la tierra, el trabajo y la vida.
Los acuerdos de paz fueron suscritos bajo términos específicos, de carácter político, económico y social y de reintegración de sus miembros al ordenamiento legal.
En términos generales, un alto porcentaje de integrantes de las FARC, aceptaron los términos de los acuerdos y durante más de cuatro años de suscritos, los han cumplido en forma aceptable.
El proceso de desarrollo y cumplimiento de los términos acordados, si bien es innegable exige tiempo para su implementación, imperativamente demanda voluntad y responsabilidad política del gobierno de turno, para cumplir las obligaciones asumidas por el estado. Y ahí esta el talón de Aquiles del acuerdo de paz colombiano, por la posición ambigua, en algunos casos y de rechazo general, que ha demostrado el gobierno del Sr. Iván Duque y su partido político en el poder, respecto a los contenidos y alcances de dicho acuerdo.
La esencia de la posición del gobierno, es consecuencia directa de ser un conflicto social, económico y político, cuyas causas no reconoce y menos acepta procurar superarlas, debido a que imprescindiblemente afecta intereses económicos y políticos de los eternos usufructuarios del poder político y económico colombiano.
Por ejemplo, sobre propiedad de la tierra: No ha sido posible desarrollar una reforma agraria integral. Es imprescindible. El 0,4 de propietarios poseen el 52 por ciento de las mejores tierras, con predios de más de 500 hectáreas, mientras el 20 por ciento de propietarios solo dispone del 35 por ciento de la tierra titulada y no son de la mejor calidad. 993.000 propietarios son dueños de predios menores de 3 hectáreas. Entre 1960 y el 2010, los latifundios pasaron de 0,4 por ciento a 1,6 por ciento. Incluye el período de la carnicería ejecutada por criminales al servicio de los narcoparapolíticos para realizar una contrarreforma agraria, con los efectos socioeconómicos conocidos.
Según la Comisión Interamericana de Juristas, desde el 2002 hasta el 2007 hubo 1.259 denuncias de desaparición forzada de dirigentes campesinos, simpatizantes de izquierda, defensores de derechos humanos, sindicalistas y estudiantes. Asfaddes registró 1.362 desaparecidos en el 2002 y 1.189 en el 2003. Cerca de 68.000 desapariciones y crímenes de lesa humanidad, cometidos desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, denuncia la revista 'Criminalidad 50 años', de la Policía Nacional.
Hay más de 4 millones de desplazados internos. Más de 6 millones de hectáreas robadas. El Gobierno y la justicia, hasta hoy, nada concreto han hecho para identificar a todos los responsables (no son solo los narcoparacos armados; hay burócratas y empresarios impunes), condenarlos y devolver a las víctimas lo que les corresponde, en derecho.
La desigualdad, la pobreza, la miseria, el desempleo y la violencia no ceden. Mientras el índice Gini medio latinoamericano es del 0,50, el de Colombia es de 0,56 y es el más inequitativo, socioeconómicamente.
En cifras reales: más del 60 por ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza, con ingreso diario inferior a dos dólares. Más del 60 por ciento de la población apta para trabajar está desempleada o en la informalidad. Al menos el 40 por ciento de la población tiene algún nivel de desnutrición.
Son aristas de la matriz del conflicto, que deben superarse para poder comenzar a construir paz y desarrollo con equidad.
El presidente Santos se comprometió a negociar la solución del conflicto y logró la concreción de términos y la firma de acuerdos, para la implementación de la solución del conflicto. De parte del gobierno, hay renuentes e incipientes decisiones y acciones para la implementación.
La ley de víctimas y restitución de tierras, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, pueden ser un buen principio si se desarrollan y aplican en profundidad e imparcialidad y oportunamente. Desafortunadamente, el actual gobierno, representado por el presidente Iván Duque Márquez, no ha demostrado la mínima voluntad necesaria, para hacer efectivo el cumplimiento integral de los acuerdos firmados entre el anterior gobierno y las FARC.
El cumplimiento de los acuerdos de paz, es un desafío gigantesco por la complejidad de intereses en juego y el inocultable poder político-económico de quienes detentan el poder económico y de quienes deben devolver las tierras despojadas a sus verdaderos propietarios.
Las reclamaciones y procesos de reconocimiento de derechos de propiedad, tienen que tramitarse ante una institucionalidad fundamentada en un laberinto jurídico y controvertido marco legal, estructurados bajo el poder de la politiquería, el clientelismo político, la corrupción administrativa generalizada y los enemigos de los acuerdos de paz, visibles y/o agazapados, en la empresa privada y en la burocracia.
Para que los acuerdos de paz, puedan lograr sus objetivos, es imperativo que el Presidente y el Gobierno en general, en representación del Estado, acepten y reconozcan la complejidad del problema, el origen y causas que lo generaron y alimentan y la realidad político-económica y cultural presentes.
La solución del conflicto exige superar las causas que lo originaron y sustentan. Sin superar las causas del conflicto no puede haber paz real. La paz se construye, no se decreta. Negociar y superar las causas del conflicto exige reconocer derechos legales y ceder ante derechos e intereses legítimos. Para los usufructuarios del poder político y económico colombiano, ceder es perder poder y riqueza. Ahí está la clave.
Para construir los cimientos de una Colombia civilizada, con paz y justicia social reales, se requiere que todas las organizaciones políticas y con ellas la sociedad en general, sean conscientes y reconozcan las causas del conflicto, y los gobiernos correspondientes sean responsables y capaces de asumir las responsabilidades que demanda construir democracia con equidad socioeconómica. No bastan leyes y retórica sobre supuestas buenas intenciones. Se necesita remover y superar mezquindades, egoísmo de políticos, gobernantes y dueños del poder económico y político.
