Son las 7 de la mañana del día lunes, y Adriana, una mujer sonriente de 30 años, de cabello rizado, enciende su moto, una Suzuki Hayate 115. Es quizás la única manera de afrontar el terreno escarpado, recio, que le permite llegar a Santa Teresita, una institución educativa situada en la vereda Patio Bonito, a unos 45 minutos de Samaná, un municipio del oriente de Caldas, a unas seis horas de Manizales. El recorrido es difícil y se torna más peligroso con lluvia. Adriana no se arruga. Sigue adelante, e impregnada de barro de pies a cabeza, pero la frente en alto, la sonrisa y el amor por la educación intactos, entra al fin al colegio. Como todas las mañanas, sin falta, también aquel día los niños tienen con ellos a la profe Adri.
Al otro lado de la Cordillera Oriental, Diego, otro aguerrido docente, sale en su moto de Medina para viajar a la vereda más retirada de Paratebueno, el tercer municipio más extenso de Cundinamarca, en un viaje que toma hasta ocho horas dependiendo de las condiciones del clima y el camino. Es domingo por la mañana y Diego inicia el recorrido por una vía asfaltada, para pasar media hora más tarde a una tortuosa trocha a la que sigue, 30 km después, un camino de herradura, que él hace a pie, en medio de hermosos paisajes y montañas, pero también de obstáculos, riachuelos, barro, toda una odisea, hasta llegar a los límites con Boyacá en la vereda Lajas Botellas, donde se encuentra una de las sedes de la Institución Educativa Departamental Josué Manrique. Como las demás casas del sector, la sede no cuenta ni con agua ni con energía eléctrica. Diego ha llegado al fin del periplo y se acuesta a descansar para iniciar clases el lunes a primera hora.
Adri y Diego tienen algo en común. Están vinculados bajo la figura de provisionalidad, una especie de arena movediza en el magisterio colombiano. El caso de Adriana es aún más grave. Sin mediar un riguroso y justo análisis laboral, fue desvinculada, más en represalia por su actividad sindical que por otro aspecto. Durante su estadía nunca tuvo la posibilidad de ver mejoradas sus condiciones laborales por méritos académicos. Pese a haber terminado su licenciatura casi desde el momento de su ingreso, recibió siempre la remuneración más baja que hay en el magisterio. En la misma precaria situación trabaja Diego. Aunque sigue vinculado, lo hace en condiciones desfavorables, sin la posibilidad de ascender laboralmente.
Ambos hacen parte de un grupo de más de 55.665 docentes que, a corte de diciembre de 2019, estaban nombrados en provisionalidad, una forma de explotación y abuso en la que están al vaivén muchos de ellos del politiquero de turno como fichas de cambio. Todos ven limitados o negados sus derechos sindicales, son obligados a asumir más y distintas funciones, porque con frecuencia les recuerdan que “usted es provisional”, y tampoco ven recompensados salarialmente sus esfuerzos económicos y de tiempo para estudiar licenciaturas, maestrías y doctorados, porque su condición les impide disfrutar de derechos de carrera para ascender o reubicarse.
La situación, de por sí calamitosa, se agrava más aún porque el gobierno sigue incumpliendo los acuerdos con Fecode sobre relaciones técnicas y ajustes de planta, punto 7, docentes provisionales, punto 25, y en general de aquellos que de alguna u otra manera buscan garantías laborales, en especial, el punto 22, concurso de ingreso a la carrera docente, un campo en el que son notorias las violaciones por parte del gobierno.
En 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil anunció el Concurso Rural 2019 y Urbano 2020. Después los fusionó en uno solo, denominado Concurso Docente 2020. A la fecha, enero del año 2021, el MEN no ha tomado la decisión de ejecutarlo ni apropiado los recursos necesarios que permitan un rápido desarrollo. Con otro agravante, ya que las listas de elegibles del Concurso 2016 perdieron vigencia desde el año anterior, quedando las plazas como comidilla de la voracidad en la politiquería local. Las migajas son asignadas con el sistema maestro, plataforma que sirve como barniz de legalidad para perpetuar el statu quo.
Es palmaria la decisión oficial de congelar el escalafón docente. Se evidencia, no solo en la no convocatoria al Concurso Docente y en frenar los 8 mil cursos de la ECDF III, sino también en dar largas a la siguiente Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa. Y ni se diga el incumplimiento del acuerdo firmado en mayo de 2019 en aspectos tan fundamentales como la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, a fin de echar atrás los Actos Legislativos 01 de 2001 y recuperar paulatinamente los recursos que la Educación ha perdido. Es el eje central del cual depende toda la estructura del acuerdo.
Este 2021 nos corresponde luchar porque se convoque al concurso docente y los miles de provisionales tengan la posibilidad de salir de las arenas movedizas de la inestabilidad laboral y porque a esta opción se le sumen los miles de jóvenes que salen de las universidades buscando refugio económico. A la par de lo anterior, se debe exigir al gobierno convocar los 8 mil cursos de la ECDF III y la convocatoria a la siguiente evaluación de ascenso y reubicación.
Un homenaje digno a Adriana y a Diego, que, como miles de maestros, lo dan todo por la educación, es movilizarnos unidos para exigir el cumplimiento cabal del acuerdo suscrito en 2019 entre el gobierno y Fecode.
