Son muchas las veces en que se ha mencionado la profundización de las brechas en la sociedad colombiana como uno de los efectos ininterrumpidos de la actual pandemia. Desde diversos sectores se publican permanentemente indicadores que muestran la gravedad del problema y las enormes dificultades que ello representa en la superación de los diferentes tipos de conflicto que existen en nuestro país.
Desde luego, el sistema educativo no es ajeno a ello. Cada uno de los niveles ha tenido que sortear toda clase de situaciones que ha puesto en crisis, además de su funcionamiento, su utilidad. Ciertamente, uno de los primeros sectores en llamar la atención sobre la profundización de las brechas fue el de la educación porque esa apertura, por cierto escandalosa, fue evidente desde el primer momento de la cuarentena. De un día para otro, miles de estudiantes colombianos fueron desescolarizados, no porque dejaran de asistir a una institución, sino porque quedaron marginados del sistema al no contar con los medios para acceder a los contenidos escolares.
Hoy es un tabú hablar de la clase social como categoría de análisis. Sin embargo, la realidad demuestra con creces que los entornos con mayor capacidad adquisitiva sufrieron menores impactos en el acceso a las actividades académicas. En dichos entornos, la respuesta en la implementación de tecnologías fue casi inmediata así como la respuesta de los estudiantes y sus familias en el uso de las mismas. Por el contrario, en los sectores con bajos ingresos, la respuesta fue tremendamente lenta por ausencia total o parcial de capacidades de uso de dichas tecnologías. Ni las instituciones tuvieron infraestructura ni sus comunidades educativas acceso a la tecnología.
Tanto es así, que mientras en el primer grupo de población que se mencionó se continuaron actividades académicas, en el segundo grupo en muchos lugares del país la tardanza en retomar la academia desde la distancia (desde la distancia porque virtual no es) tardó más de un mes. Pero el problema no es aquí la discusión entre lo privado y lo público sino de la fragilidad del sistema educativo y de los ingresos de las familias, porque si bien es cierto que los colegios públicos —tal como lo han denunciado de manera acertada e insistente los maestros— no poseen capacidades tecnológicas destacables, sí han logrado mantener relativamente bajos los niveles de deserción con respecto a los colegios privados explicado, en parte, por la imposibilidad de las familias de cumplir con obligaciones tales como pensión y otros pagos que suelen hacerse en el ámbito de la educación privada. Ello evidencia entonces, la enorme dependencia que tiene la clase media de unos ingresos evidentemente inestables y con ello la fragilidad en acceso al sistema educativo que eligió. A su vez, la desfinanciación de las instituciones educativas privadas pone en riesgo su continuidad y con ello al sistema educativo mismo porque se reducen cupos escolares y se aumenta la presión sobre las capacidades de las otras instituciones de brindar una atención en entornos seguros y de calidad.
Ahora bien, en el caso de la educación preescolar, básica y media pública, el problema no solo se ha centrado en la ausencia de infraestructura tecnológica, sino también en las dificultades de acceso a la red por parte de los estudiantes. Si bien, existen experiencias interesantes en el uso de blogs y plataformas que otorgan un dominio web, los estudiantes apenas logran acceder a un servicio de datos que brinda algún operador de telefonía. La situación resulta más compleja porque el acceso a dicho servicio depende de recargas que en muchos casos implican invertir en ello en lugar de compra de alimentos o elementos de primera necesidad. Claramente es un tema de prioridades vitales en estas familias.
Por otra parte, también deben pensarse las brechas en función del lugar en el que se vive. Se trata de cómo aparecen sectores con mejores infraestructuras tecnológicas por el grado de importancia que alguien le otorga a determinado lugar. Así las cosas, servicios como internet van a funcionar mejor en unos lugares con respecto a otros. Casualmente, las mayores deficiencias coinciden con los sitios donde habitan las personas con mayores grados de vulnerabilidad. Si dentro de ciudades como Bogotá o Medellín existen comunidades donde el servicio de internet o telefonía es incipiente o inexistente, la situación de las zonas rurales es dramática.
Con la priorización de la capacidad en ciertas zonas para atender el teletrabajo, se vulneraron los derechos de los estudiantes y en general de todas las personas que habitan en los lugares “no importantes” dificultando aún más la capacidad de mitigar los problemas originados por la pandemia. Tan grave es la situación que de un momento a otro se silenciaron por completo las realidades de esas comunidades vulnerables y en donde las discusiones mediáticas giraron en torno a los problemas propios de la educación privada en las principales ciudades del país. Con la disminución de la capacidad de la red en dichos lugares se aumentaron las posibilidades de deserción ante la dificultad de usar la tecnología para acceder a los contenidos académicos diseñados por las instituciones y el mismo Ministerio de Educación. ¿De qué sirve acceder de manera gratuita al portal habilitado por el MEN si no existe la capacidad para usar esos contenidos en la periferia?
Al problema de la capacidad tecnológica se suma el habitar en entornos violentos. El saboteo a los acuerdos de paz firmados en 2016 bloqueó de tajo la posibilidad del sistema educativo de interactuar con los estudiantes. La cuarentena facilitó la movilidad de grupos armados ilegales y el control territorial en zonas urbanas y rurales impidiendo cualquier eventual acción de los equipos Docentes de llevar algún tipo de material pedagógico a los estudiantes. Esa enorme brecha entre la seguridad de los puntos de mayor concentración poblacional derivó en el descuido de las comunidades dispersas, es decir, las rurales. No solo se amplió la brecha por clase social y lugar, sino también en el ámbito de la seguridad.
Y ni qué decir de lo cultural, de los hábitos de las comunidades. Es un secreto a viva voz que en los hogares existen oficios a los que se les da más importancia que al ámbito académico. Los Maestros a diario atendemos hasta altas horas de la noche a estudiantes que apenas están tratando de responder con sus asuntos escolares. ¿La razón? Primero deben cumplir las labores de casa y trabajo para luego dedicarse, ahí sí, a sus deberes escolares. Entre las labores de casa están el aseo de la misma, la preparación de alimentos y el cuidado de familiares de menor edad. La situación es más compleja cuando se trata de actividades laborales. En las zonas rurales, por ejemplo, los estudiantes deben apoyar las labores agrícolas desde tempranas horas del día. Así, dentro de las situaciones que identifico, se encuentra que conforme aumenta la edad del estudiante, aumenta el tiempo y la complejidad que debe emplear para tales actividades.
Se trata de hábitos por cuanto se tiende a considerar que el realizar estos oficios contribuye enormemente a la “correcta” formación de los jóvenes. Es tal el nivel de apropiación de esta idea, que es regla general en este tipo de hogares realizar las actividades de casa y laborales antes que las académicas. Entre las actividades de casa, se evidencia que las mujeres tienden a utilizar más tiempo en ello que los hombres mientras que ellos dedican mayor tiempo a las cuestiones propias del trabajo. Muy pocos, al menos en las zonas rurales y cascos urbanos de municipios pequeños, dedican la primer parte de su jornada a las cuestiones académicas. Lo que quiero decir entonces es que hay una cuestión de género dentro de las brechas que amplió y profundizó la pandemia.
Es mucho lo que se puede decir sobre todo lo anterior y lo que no se alcanzó a escribir. Lo cierto es que esas brechas, que los docentes hemos denunciado con vehemencia, desbordaron con creces la capacidad del MEN de responder acertadamente. No puede ser posible que sus respuestas en redes sociales se limiten a remitir a sus interlocutores a consultar los contenidos de la plataforma digital, la radio y la televisión como si ello simplemente pudiera, si quiera, aliviar la problemática social derivada de la ceguera y los oídos sordos a los que los gobiernos colombianos tradicionalmente han apelado ante los reclamos del sector educativo.
