El jueves pasado la Secretaría Distrital de la Mujer presentó los resultados de la Caracterización de personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas en contextos de prostitución en Bogotá con datos de 2017. Los resultados son significativos porque, aunque mucho se hable del tema, poco se conoce de las dinámicas al interior de una actividad cambiante como lo es el comercio sexual.
A pesar del importante esfuerzo por conseguir estas cifras, llama la atención que este intento de caracterización no es nuevo en la ciudad [1] y, por el contrario, en Bogotá se ha vuelto un ejercicio indispensable de cada administración. Los datos arrojados, aunque no se han traducido en una mayor inversión en planes y programas a nivel distrital, sí han resultado útiles para impulsar agendas políticas conservadoras y moralizantes que resuenan como grandes titulares en los medios de comunicación. No obstante, estos datos solo definen las características de las personas visibles para las instituciones, es decir, de los sectores del comercio sexual que reciben los menores ingresos dentro de este mercado.
En el diagnostico presentado la semana pasada se siguen realizando preguntas que poco aportan al conocimiento sobre la dinámica del comercio sexual. En esta ocasión, en dicho informe aparecieron, entre muchos otros datos, dos resultados útiles para impulsar el pánico moral frente a esta actividad: la motivación económica y el origen de quien trabaja sexualmente.
El motivo para ingresar a trabajar sexualmente es el mismo que en todos los diagnósticos hechos anteriormente. El dato es redundante tanto para quien trabaja sexualmente como para quienes se desempeñan en otras actividades de baja o incluso alta calificación, el motivo de ingreso suele estar asociado a lo económico.
Sumado a esta pregunta que poco aporta al conocimiento existente sobre el trabajo sexual, en esta ocasión ha aparecido un dato que comenzó a hacer carrera en los medios de comunicación, y es el incremento de mujeres venezolanas en la actividad.
A diferencia de los pasados diagnósticos, el impacto significativo del fenómeno migratorio, especialmente de mujeres venezolanas que se han incorporado al comercio sexual (de acuerdo con el estudio el 32,7% son extranjeras, principalmente de origen venezolano), es notorio y la cifra es motivo de titulares. Nos causa escándalo que mujeres venezolanas trabajen sexualmente por motivaciones económicas, pero lo que no causa escándalo es la situación de miles de venezolanos/as o del resto de trabajadoras sexuales, por ejemplo, que tienen un escaso o nulo reconocimiento de sus derechos laborales.
A pesar de que la Corte Constitucional ha expresado en diversas oportunidades (Sentencia T-629/2010, T-736/15, T-594/16, T-073/17) la necesidad de reconocer jurídicamente esta actividad como un trabajo y con ello impulsar el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, los diagnósticos sostienen un enfoque en el que se representa a la trabajadora sexual como una víctima que necesita ser rescatada, dirección opuesta a lo que reclaman muchas de ellas, como las organizadas en el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (SinTraSexCo), quienes se definen como trabajadoras, y por tanto, titulares de derechos laborales.
Aunque el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de la Mujer con este informe es sumamente relevante, corremos el riesgo que la información recolectada pierda el valor y la atención que realmente necesita y se convierta, como ha sucedido en ocasiones anteriores, en titulares mediáticos y seguimientos sensacionalistas que poco aportan a la discusión.
¿Por qué la administración distrital no acoge los fallos de la Corte Constitucional y aborda el problema desde una perspectiva de fortalecimiento de los derechos laborales, de tal forma que mejoren las condiciones de quienes de forma voluntaria realizan este trabajo, y así les permita mejorar sus condiciones laborales?
Existen múltiples esfuerzos de caracterización, pero los resultados institucionales aún se ven muy poco reflejados en esta población. Seguramente el enfoque no es el adecuado.
[1] La era de los diagnósticos comenzó de forma más o menos frecuente desde el 2000. En esa época la caracterización estuvo a cargo del desaparecido Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS). La Contraloría realizó un informe en 2004, y, posteriormente el seguimiento estuvo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) hasta la creación de la Secretaría de la Mujer, quienes están a cargo actualmente y han realizado, con el lanzado el jueves pasado, dos caracterizaciones sobre la población dedicada al comercio sexual.
