El Tribunal de Arbitramento le puso punto final a la pelea entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol, encabezada por la brasileña Odebrecht y la filial Episol de Corficolombiana. La Concesionaria tenía billonarias pretensiones para que la ANI y el Estado pagara deudas por cerca de 2,7 billones de pesos, de los cuales un porcentaje irían para saldar cuentas con los bancos que prestaron los dineros para financiar las obras de la Ruta del Sol II.
Los tres árbitros, los abogados Jorge Enrique Ibáñez, Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González, anularon el contrato entre la ANI y la Concesionaria Ruta del Sol y aseguraron que la obra, que ya se había entregado, costaba 4,5 billones, lo que servía para cubrir la deuda. Además, en la fiducia, administrada por Corficolombiana, hay 187.000 millones que deben ser usados para pagar parte de los 211.000 millones con los que se zanjó la discusión.
Y es que las cuentas financieras que entregó Odebrecht y la concesionaria que mostraron cómo fue usado el dinero prestado por los bancos para financiar las obras, sin embargo, esas cuentas fueron desestimados por el tribunal pues la corrupción está atravesada en todos los puntos. El Tribunal anuló el contrato por “causas ilícitas y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder”; es decir, aunque los recursos fueron usados para construir las vías, también fue utilizado para pagar los sobornos, por lo que resulta imposible estimar con exactitud las cuentas financieras entregadas inicialmente.
