Mientras que el resultado de la prueba de Covid-19 llegaba, Norberto Ruiz murió en la clínica Cafam en Bogotá. Tenía pancreatitis aguda y dicen sus familiares que no fue trasladado a una UCI porque la clínica necesitaba el resultado de la prueba. La respuesta por parte de la EPS Compensar llegó días después. Fue negativo.
Como el caso de Norberto hay miles en el país. Varios pacientes, positivos y negativos, han fallecido esperando el resultado de las pruebas, que han tardado hasta 17 días.
Nueva EPS, Sanitas, Emssanar, Comfamiliar Nariño y Sura son las EPS que más se demoran en entregar los resultados de Covid-19 a sus pacientes, según la investigación de la Procuraduría.
Ante la complicada situación en la demora de los resultados de las pruebas, los funcionarios públicos que vigilan los recursos y a las entidades se han manifestado y han iniciado investigaciones con el fin de determinar qué está pasando y dónde está el problema.
El procurador general, Fernando Carrillo, criticó la respuesta de las EPS. Dijo que estas parecen invisibles ante la crisis y que los retrasos en la entrega de resultados de pruebas muestran un débil rastreo y seguimiento de casos. Pareciera, según el procurador, que “el negocio estuviera por encima de la salud de los colombianos”.
La situación es tan grave que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció acciones legales en contra de las EPS para estas agilicen el proceso.
El mandatario radicó una demanda penal ante la Fiscalía en contra de las EPS por, supuestamente, llevar a cabo procesos irregulares durante esta pandemia por covid-19.
Textualmente la denuncia dice que es una “acción penal contra los representantes legales de las EPS: Nueva EPS, Coomeva, EPS Sura, Salud Total, Sanitas y los demás que se lleguen a identificar, que han podido incurrir en conductas con características de punibilidad".
“Es inadmisible que tengamos cerrados los establecimientos, dando la batalla contra esta amenaza biológica y que las EPS, que tienen un lugar privilegiado para adelantar la misma, no cumplan a cabalidad lo que demanda la sociedad”, declaró Ospina, quien fue enfático en decir que los demandaba por irresponsables.
La Contraloría también hizo un llamado e informó que por su parte iniciará las indagaciones fiscales contra las EPS, porque estas reciben millonarios recursos públicos.
Por su parte la Superintendencia de Salud también ha estado frente al tema, pero con los laboratorios que procesan las pruebas. El estudio de la entidad, dado a conocer a mediados de julio, advirtió que en los laboratorios había a la fecha 30.470 pruebas represadas, lo que afecta, según la entidad, la entrega por parte de las EPS. También la Supersalud indicó que estos laboratorios solo estaban trabajando al 75% de su capacidad.
Tanto laboratorios como EPS están expuestas a fuertes sanciones económicas y administrativas por parte de las entidades que las vigilan, así lo advirtieron representantes de las mismas.
