Menderson tuvo que salir de la vereda la Victoria, en San José de Apartadó, para poder seguir contando su historia. En el 2008 llegó al municipio de Venecia huyendo de la muerte que, como a muchos de sus vecinos, parecía respirarle en la nuca en medio de un conflicto salvaje que no daba tregua. Nunca se sintió representado con esos que él llama “los políticos de siempre”, que tomaban decisiones sobre su territorio sin ni siquiera haberlo visitado y mucho menos conocer sus problemas. Con la resurrección de las 16 curules para las víctimas, esto para él acaba de empezar a cambiar.
Fue uno de los puntos del Acuerdo de paz firmado con las Farc en La Habana, pero congresistas con el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, como aliado le hicieron zancadilla. Y lo logaron. Esta se hundió por un voto, por una interpretación que la Corte Constitucional reconoció dos años después, que había sido equivocada sobre el quorum sobre el cual debería contarse la mayoría. La polémica quedó abierta pero se le cerró la puerta a que las víctimas tuvieran sus curules en las elecciones del 2018, cuando muchos pobladores de los diez departamentos del conflicto habían incluso empezado a hacer campaña en sus regiones.
Gracias a una tutela interpuesta por el senador Roy Barreras quien participó activamente en nombre del Congreso en las negociación, la Corte Constitucional le dio vía libre. Un viacrucis que Menderson tuvo que vivir en carne propia como coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia.
Su departamento hace parte de las zonas de donde podrán salir 16 congresistas votados por primera vez en las próximas elecciones legislativas de 2022 y que representarán a las víctimas del conflicto en Colombia: Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Meta, Caquetá y Arauca, los territorios más afectados por la guerra, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.
El proceso para la selección de los candidatos es estricto para que no lleguen al poder las personas con otras intenciones o que no los representan: deberán ser víctimas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. En las votaciones no podrán participar los centros urbanos de los municipios y así poder darle prioridad a las poblaciones rurales.
Aunque es algo histórico en el país, en el proceso entran otros problemas clásicos de la Colombia rural: la falta de acceso a puestos de votación afecta a 116 municipios. En 54 de ellos hay un puesto ubicado cada 2 mil kilómetros cuadrados, cuando el promedio nacional se encuentra en distancias de sólo 63 kilómetros cuadrados. Las elecciones serán todo un reto.
En cada circunscripción se presentarán dos aspirantes al cargo, un hombre y una mujer, pero sólo quedará elegido uno de ellos. Algo que sí es seguro es que los exguerrilleros no podrán tomar parte en las curules, un tema en el que el proyecto legislativo es explícito y que quienes han luchado en contra del acuerdo, han querido vender como real. Precisamente esa era la lucha de las víctimas, la igualdad en la que así como sus victimarios que dejaron las armas pudieron entrar con pase directo a hacer política, ellos también fueran tomados en cuenta.
Los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios y los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica, incluido Comunes, no podrán inscribir candidatos para estas circunscripciones.
Este triunfo es para las víctimas y es una puerta que se les abre para sentirse identificadas con alguien en el Congreso. Para Menderson el paro, por ejemplo, ha demostrado el descontento con las reparaciones, las indemnizaciones, la falta de garantías para el retorno a los territorios de las víctimas y una gran falta de garantías para los territorios afros e indígenas desde la firma del acuerdo de paz. Con esta oportunidad empieza a verse la luz en medio de un postconflicto lleno de obstáculos.
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