No, señor Presidente. Definitivamente No. Con todo respeto, usted no debió actuar “como le viniera en gana”, a propósito de la redacción de la pregunta que resolverá, una mínima porción de colombianos, el próximo 2 de octubre. Más le hubiera valido ceñirse a lo que la Corte Constitucional le advirtió, en el sentido de que la pregunta en cuestión “no puede ser tendenciosa o equívoca, pues se debe evitar que la voluntad del ciudadano pueda ser manipulada o dirigida”.
Definitivamente se hizo todo lo contrario: para usar el mismo lenguaje, “se pasó por la faja” el ordenamiento jurídico de la nación y, en particular, el mandato previo de la Corte, no obstante el acuerdo de La Habana sea, según los mismos negociadores, el menos malo posible. Las normas aplican a todos por igual y deben ser acatadas sin excepción, lo mismo por el primer mandatario que por el más ignoto e ignorado de sus gobernados,
Con semejante actitud, el Presidente estaría fuera de concurso y tendría que encabezar la clasificación de los jefes de debate por el NO, propuesta por Juan Lozano, con ocasión de las más recientes “salidas en falso” del equipo de gobierno. Dicho columnista acuñó el término “plebisantos”, en tanto el 2 de octubre, el electorado tendrá como referencia, consciente o inconscientemente, las ejecutorias gobiernistas y sacrificará, para bien o para mal, los acuerdos de la Habana. En tal sentido, Lozano nominó a los ministros de Hacienda, Transporte y Minas y Energía, como casos emblemáticos sobre los cuales los colombianos se pronunciarían en la próxima cita electoral. Dicho de otra manera, entre los votantes prevalecerá la idea de un “plebisantos“, en vez de un “plebiscito”, entre otras razones porque el grueso de los sufragantes (alrededor del 80%, según una de las últimas encuestas) no ha leído y menos comprendido el “ladrillo” de 297 hojas que conforman los tales acuerdos con las FARC.
En esta especie de vuelta a Colombia, que más parece un campeonato mundial de la intolerancia y la soberbia, Minhacienda va por la medalla de plata, con reforma tributaria a cuestas y una pésima gestión en términos de producto interno, inflación, desempleo y nivel de endeudamiento de la economía colombiana. A su rueda avanza Mintransporte, de la mano del paro camionero y con amenazas de uno nuevo, a propósito, según parece, de los primeros incumplimientos del gobierno. Lo escolta Minminas y Energía, esta vez, con su fardo de Electrocaribe y la inminente suspensión del servicio en toda la costa atlántica, la cual esperamos no coincida con la noche del plebiscito, habida cuenta de un posible escrutinio “a oscuras” y lo que ello significa.
Para completar el podio de los cinco primeros, habría que incluir a Gina Parody, Ministra de Educación en licencia, así como el lastre de sus teorías sobre identidad de género y orientación sexual en las escuelas y colegios de Colombia. Como se recordará, tamaño “papayaso” provocó un rechazo generalizado de la comunidad educativa, incluyendo rectores, docentes y padres de familia, a través de manifestaciones multitudinarias, sin presupuesto y con cero “mermelada”. El susto del presidente Santos fue de tal intensidad que se vio obligado a desautorizar públicamente a su ministra estrella y a sugerirle más bien un retiro temporal de su cargo.
Hasta aquí el desempeño del equipo más próximo a la casa de Nariño. Pedaleando en un segundo grupo de “escapados”, vienen otros actores institucionales: Tal el fallo del Consejo de Estado que declaró nula la reelección del Procurador Ordoñez y la notificó vía electrónica, esto es, sin la firma de los Consejeros, contrariando así el más elemental procedimiento reglado sobre la materia. Se asegura también que esta decisión, al parecer acordada previamente en La Habana, soportó otras irregularidades, como el supuesto impedimento presentado por uno de los magistrados, no de manera previa como es lo usual, sino después de la decisión ya aprobada en sala plena. Será acaso que el Consejo de Estado recibe órdenes superiores, o peor aún, actúa como le viene en gana?
Como al primer mandatario le corresponde por derecho propio una figuración múltiple, son posibles nuevas postulaciones en el presente catálogo, ahora, bajo los auspicios de la lucha contra el narcotráfico. En una de sus recientes intervenciones, Santos reafirmó la prohibición de la fumigación aérea para erradicar cultivos “de uso ilícito”, estrategia que al menos resulta desconcertante en vísperas electorales. Acaso se explique porque en los acuerdos pactados con las FARC el narcotráfico dejará de ser delito común, para convertirse en delito político. Por lo demás, este tema es evacuado de manera superficial, con abundancia de lugares comunes, como “sustitución voluntaria”, “erradicación concertada”, “soluciones integrales”, etc. En los acuerdos, tampoco se hace referencia a la inmensa fortuna en manos del grupo insurgente, producto del tráfico de drogas, y menos a su utilización en indemnización de víctimas y/o adquisición de tierras, para poner un ejemplo.
En una octava casilla se colocaría el diario El Tiempo, en cabeza de una reciente edición digital, cuya entrega incluyó un resumen descarnado de las masacres y genocidio más violentos practicados en Colombia por el grupo de las FARC., Esta publicación, lejos de provocar catarsis entre los contrincantes, se convirtió en indignación generalizada de lectores y patrocinadores, al punto que la edición impresa se abstuvo de incorporarla en sus textos.
El equipo económico del gobierno presentó a consideración del Congreso y este aprobó el presupuesto general de la nación, para la vigencia fiscal de 2.017, en $ 224.4 billones de pesos. Dicho monto, reducido en términos reales frente al presupuesto del año en curso, significaría incumplimientos del gobierno respecto a los gastos e inversiones contemplados para el primer año del posconflicto. Se dice, sin embargo, que se presentaría una adición presupuestal una vez aprobada la reforma tributaria que se radicará en el Congreso al día siguiente del plebiscito. Solo falta entonces que también esté previsto impulsar esta reforma a punta de mermelada “al debe”.
Esta actitud, demasiada irresponsable y temeraria, se convierte en otra “salida en falso” a las que no tiene acostumbrados el presidente Santos. He ahí, ni más ni menos, la “chambonada” número nueve del presente decálogo.
A manera de moño que cierra este escrito, cabe señalar el inusitado despliegue del DANE, cuando en contravía con ell más elemental sentido común, sale a realizar encuestas sobre prácticas sexuales entre niños, niñas y adolescentes. Y, como si fuera poco, utilizando preguntas morbosas o demasiado explícitas que, como era de esperarse, causaron revuelo en la comunidad educativa y rechazo en la opinión nacional. Al parecer, por orden superior, estas investigaciones también quedaron suspendidas. En línea con actitudes semejantes ya comentadas, ciertamente “el palo no estaba para hacer cucharas”.
Quedan en el tintero otras actuaciones arrogantes, como el show internacional que se está montando en Cartagena, con ocasión de la firma oficial del acuerdo con las FARC, sin que todavía se haya aprobado o negado por los colombianos. De ganar el NO en el plebiscito, el gobierno tendrá por siempre que cargar en sus espaldas semejante “oso”. Habrá que volver entonces, en otra oportunidad, sobre tamañas paradojas. Mientras tanto, y como decimos en el campo, aprontamos el plebiscito con un rotundo NO e invitamos a nuestros lectores a hacer lo propio.
