Que un ministro uribista en ejercicio se niegue públicamente a obedecer una sentencia judicial, para luego buscar hacerle el quiebre a su obligatorio cumplimiento, lastimosamente ya no es noticia en Colombia. Sin embargo, lo que realmente llama la atención, al menos para un sector de la sociedad, es el respaldo científico que ha obtenido semejante atropello al Estado de derecho.
Si bien es cierto que la voz de las agremiaciones que reúnen al sector sanitario debe tener toda la credibilidad posible, dada la autoridad que les confiere su experticia, su experiencia y su seriedad a la hora de abordar los temas de su competencia, no menos cierto es que las particularidades de esta peste han puesto al descubierto algunos gazapos, contradicciones y hasta echadas de reversa por parte de entidades rectoras de la salud de nivel internacional, como las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, en temas relativos a la naturaleza y tratamiento de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
No obstante las cambiantes posiciones en torno al COVID-19 y de las entidades internacionales rectoras de las políticas de salud, para quienes pertenecemos a esa inmensa mayoría de legos en materia de salud y pestes, la voz de los profesionales en salud aún tiene un inmenso peso específico a la hora de orientar la opinión pública en asuntos relativos a esta peste. En este orden de ideas, las recientes declaraciones de estas autoridades en Colombia respaldando la decisión de no acatar el fallo de una acción de tutela que obliga al titular del Ministerio de Salud a tomar algunas medidas, como la realización de unas pruebas diagnósticas y el aislamiento a viajeros provenientes de otros países al ingresar a Colombia, con el objetivo de reforzar el sistema de prevención de la pandemia, han resultado como mínimo bastante confusas.
Las justificaciones dadas por las organizaciones del sector salud a la decisión del ministro del ramo de no obedecer el fallo de tutela causan varias inquietudes en la opinión pública de base. Por ejemplo, la afirmación pública de renombrados epidemiólogos acerca de la poca fiabilidad de los resultados obtenidos con las pruebas diagnósticas conocidas como PCR ha dejado con los pelos de punta a más de un transeúnte del común, que somos bastantes, quienes ahora nos preguntamos sobre la fiabilidad de la información oficial respecto al número real de infectados en Colombia.
Si la prueba no garantiza el diagnóstico y, en palabras de los científicos consultados, son muchas las posibilidades de falsos positivos y de falsos negativos de las benditas pruebas, ¿cuál es la prueba que si puede determinar con mayor fiabilidad un diagnóstico verdadero de la peste?, ¿existe esa prueba?, ¿se está aplicando en Colombia?, ¿por qué no se ha informado de ser negativas las respuestas a estos interrogantes, tal como hasta ahora se nos ha informado? Si toca seguir con las PCR, ¿entonces por qué rechazar su uso?
De otro lado, la negativa a obedecer el mandato judicial por parte del ministro de Salud, soportada en las afirmaciones hechas por las agremiaciones sanitarias de Colombia, en las que casi se declaran como inservibles tanto pruebas como la medida de aislamiento a posibles portadores del virus, entran en tremenda contradicción con las recomendaciones hechas hasta aquí por las autoridades de la salud en Colombia y el sentido común, según las cuales no sobra ningún tipo de medida de prevención de la peste, como la toma de pruebas diagnósticas, el aislamiento, así como los rutinarios lavados de manos y uso de tapabocas, tal como es mencionado constantemente en la propaganda institucional regada y difundida por todos los medios de comunicación.
El colombiano promedio entra en confusión y empiezan a aflorar dudas respecto a la información que ha recibido y recibe por parte de quien considera como autoridad en materia de salud, al ver y oír de estas autoridades que todo lo dicho hasta aquí no era del todo cierto. Tales afirmaciones, sumadas a los diarios y contradictorios mensajes del gobierno de Iván Duque, en los que en principio se aterroriza a la gente informándola sobre un muy probable desbordamiento del sistema de salud por el gran número de apestados, para instarlo a continuación a viajar, comprar, beber, comer, emprender y trabajar en la calle, para salvar la economía, no hacen sino ahondar el altísimo grado de desconfianza que tiene el colombiano de a pie respecto a quienes detentan el papel de autoridad.
Finalmente, y no menos grave, es el terrible precedente que viene estableciendo el uribismo, hoy en el poder, al desafiar constantemente, las decisiones del poder judicial. Pareciera ser que para los seguidores del señor Uribe Vélez la única norma aplicable y obedecible, si se me permite el barbarismo, es la admonición salida de los labios del dueño de la verdad del uribismo, el mismo neomesías, Álvaro Uribe. Más allá de la reciente discusión científica en torno a la fiabilidad o no de las pruebas PCR, lo que asusta constatar es el mal ejemplo sembrado en el inconsciente colectivo de Colombia, consistente en reafirmar la cultura traqueta al mando, en la que la única autoridad acatable es la de los dueños de la plata y el plomo.
Estamos dañados y apestados, pero lo peor es que a este paso hasta los científicos criollos nos van a terminar haciendo creer que la tierra es plana y es el centro del sistema solar. Larga vida a Alejandro Ordóñez y su cofradía. Lo lograron.
