No nos digamos mentiras: el aberrante caso de corrupción que se está empezando a destapar en el Puerto de Buenaventura no salió a la luz por las labores de investigación de las autoridades; tampoco por las excepcionales labores de los entes de control. El destape (y no se nos olvide que es solo el inicio) se debe exclusivamente a la falta de prudencia de Lamoborjenny Ambuila. Si la vallecaucana hubiera sido un poquito más discreta en el manejo de las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, posiblemente la familia Ambuila seguiría robando a sus anchas. Esta semana, la prensa hizo eco de la noticia que once personas, de ellas ocho funcionarios y 3 particulares, fueron capturadas en las últimas horas como presuntos integrantes de una nueva red de corrupción que venia operando al interior de la Dian y que se calcula habría ejecutado un desfalco de más de 2.700 millones de pesos. Según la Fiscalía, la red se encargaba de la destrucción de las mercancías aprehendidas, simular la desintegración y desnaturalización de la mercancía a favor de la Nación, modificar los sistemas de identificación y efectuar la coordinación logística final para transportar, comercializar y entregar estos elementos, a través de ventas ilegales. Para las autoridades, “esa cifra es tan solo el uno por ciento de lo que lograron revender. Ya sabemos que también comercializaron vehículos, motos y maquinaria pesada.”
Con todo respeto quisiera exponer que los desfalcos de la familia Ambuila y el reciente de la mercancía a destruir no es el 1 por ciento de lo que se roban: es el uno por mil. La Procuraduría afirma que la corrupción le pasa a Colombia una factura equivalente al 4 por ciento del PIB, ante lo cual se estaría hablando de unos 32 billones de pesos. Es un monto cercano al que destinará la Nación a inversión este año: 32,9 billones, según la presentación del Presupuesto General. Pero no solo lo que se descubre en corrupción es una cifra ridículamente baja, sino que las autoridades no quieren darse cuenta del principal culpable de la rampante corrupción en el país, especialmente en la Dian: el mismo Estado. Sí, amigo lector. El principal causante de la rampante corrupción en el país es el Estado.
La corrupción le pasa a Colombia una factura
equivalente al 4 por ciento del PIB,
ante lo cual se estaría hablando de unos 32 billones de pesos
El exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega, en reciente artículo en la revista Dinero, pone el dedo en la llaga: “Los Ambuila, más que un problema de corrupción o ética, son una clara muestra del deterioro y arterioesclerosis en la gestión de lo público… Para muchos de ellos la corrupción de los Ambuila es el reflejo, tal vez planeado, de un sistema bizantino e ineficiente que termina obligando a pagar coimas a los empresarios: al tratar de cumplir la Ley, terminan en un laberinto costoso y sin salidas. Es frecuente que el mismo agente de aduanas “legal” es quien les recomienda actuar por fuera de la ley. Los intermediarios de ciertas agencias de aduanas son quienes facilitan un “prestador del servicio” –el contrabandista– que termina costando muchísimo menos que la importación legal y la mercancía llega rápido, sin papeleos inútiles y el proceso es predecible. El precio varía algo según uno quiera documentar o no lo importado, subfacturar o no su valor. Quien quiere traer una ropa de Europa se enfrenta con demoras de 6 meses en el trámite: que la factura incluya precio y peso en gramos de cada pieza, que documenten la guía aérea antes del despacho, mil detalles de las prendas para la clasificación arancelaria porque la que utilizan en Europa no corresponde, etiquetarlas nuevamente e incluir información totalmente innecesaria para estos volúmenes y usos, etc. Además, les muestran cómo la competencia envía todo a Miami y allá cierta mafia disfrazada de empresas postales se encarga de contrabandearlo al país.”
Tengamos la absoluta certeza que entre más trámites haya para importar y/o exportar, entre más reglamentaciones estúpidas que cumplir, entre más papeleo que rellenar, más se va a multiplicar la corrupción. Ortega tiene toda la razón: la corrupción de los Ambuila es el reflejo de un sistema bizantino e ineficiente que termina obligando a pagar coimas a los empresarios. Ojalá que el director de la Dian Juan Andrés Romero, un hombre probo y serio, le ponga atención a este grave problema que tiene entre manos.
