Este 26 de junio se llevó a cabo el diálogo de la sociedad civil en la 49 Asamblea General de la OEA que se realiza en la ciudad de Medellín. En la ponencia número 13 se presentó la Coalición Nacional por la Paz, la Democracia, la Laicidad y los Derechos. Además de denunciar la grave situación del asesinato sistemático de líderes sociales en el país, y los exiguos recursos que el Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque destinó para la implementación territorial del acuerdo de paz, esta coalición de ONG habló del problema que los fundamentalismos religiosos representan para el avance de los derechos sexuales y derechos reproductivos, e incluso para el sistema interamericano de derechos humanos.
Según el grupo de ONG de La Colectiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en riesgo por la presencia del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado. Las razones esgrimidas son que Ordóñez no cree en el Sistema Interamericano de DD. HH., ni en la CIDH, tal como lo ha manifestado en sus redes sociales. Señalan además que este funcionario, famoso por su fanatismo religioso, ha iniciado una estrategia de debilitamiento del sistema de defensa de los derechos humanos en la OEA.
La acción más reciente, impulsada por Alejandro Ordóñez fue una resolución que terminó siendo firmada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, en la que piden a este órgano dejar que cada país resuelva por sí mismo los asuntos de violaciones de derechos humanos. “Esto es sumamente grave ya que la CIDH es el órgano encargado de defender los Derechos Humanos de todos los habitantes de las Américas cuando fracasa la protección interna de los Estados” dicen los activistas.
Una de las razones por la que estos gobiernos, con el liderazgo de Alejandro Ordóñez, buscan debilitar la CIDH se encuentra en el activismo de los sectores fundamentalistas católicos y evangélicos, que son enemigos del reconocimiento de derechos a los sectores poblacionales LGBTI, la educación sexual o que se toque el tema del aborto (el cual es totalmente ilegal en cualquier circunstancia en países como República Dominicana y El Salvador).
Según señaló Germán Humberto Rincón Perfetti, de la Coalición LGBTI y de La Colectiva, “los sectores de fanáticos religiosos buscan limitar el papel que desempeñan la Comisión y la Corte en defensa de los derechos humanos en general y el papel fundamental que han desempeñado con sus decisiones y sentencias”. Por su parte, Lizeth Prieto García de La Colectiva no dudó en afirmar que el embajador de Colombia ante la OEA es “la punta de lanza en esta estrategia para debilitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien vela en la región porque los Estados miembros no violen los Derechos Humanos. Colombia es un estado laico y es importante que se vele por mantener el derecho a la libertad de cualquier grupo de personas”.
Recordemos que un Estado laico es aquel que no tiene una religión oficial y se encuentra separado de las religiones. Colombia es un Estado laico desde la Constitución de 1991 y varias sentencias de la Corte Constitucional así lo han ratificado.
En su intervención ante la OEA Judith Botero, en el diálogo de la OEA con la sociedad civil, culminó diciendo que “es el momento para poder reivindicar una vez más la separación de Estado e iglesia, pedir que la OEA garantice más derechos para más gente y exigir ¡Estados laicos ya!”.