El inicio de gobierno de Luis Lacalle Pou (LLP) no puede compararse con ningún otro período similar de anteriores administraciones.
El COVID-19 es lo que paradójicamente levanta su imagen en la percepción ciudadana y en el exterior: el 77% aprueba lo hecho para enfrentar el coronavirus.
También los izquierdistas Tabaré Vázquez —en su primera gestión 2004-2009— y Pepe Mujica (2010-2014) registraban esos guarismos para el período inicial de sus respectivos gobiernos.
Un 19% de los encuestados por equipos consultores desaprueba la gestión de LLP y un 15% no se pronuncia.
Otro sondeo, de la empresa Cifra arroja que el 57% aprueba la gestión gubernamental; que un 24% desaprueba a LLP; y que un 19% no emite opinión.
Según datos ponderados por el periodista uruguayo Nelson Fernández, más de siete de cada diez uruguayos (77%) consideran “positiva” la gestión de la pandemia y solo 8% “negativa”.
Respecto al retorno de los alumnos a clases, una encuesta de Cifra, divulgada el domingo 7 de junio, informa que un 39% de los padres con hijos en primaria está de acuerdo en enviar a los niños a clase, mientras que el 60% de los padres con hijos en secundaria los enviarán a los centros de enseñanza.
No deja de ser llamativo como la ideología juega su propio partido en pleno siglo xxi aun en un caso en que la vida depende exclusivamente de la ciencia: dentro de los votantes del partido de LLP, el porcentaje de padres conformes asciende a 74%; mientras que los votantes de otros partidos de la coalición el número es incluso más alto, 80 puntos. Sin embargo, en votantes del Frente Amplio, el número de personas que lo consideran positivo desciende a 40%.
La realidad es que en la región Uruguay es el país que aplicó la estrategia más consistente ante la pandemia. Lo destacó el lunes 8 de junio el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado: “a todo el mundo le parecieron muy duras las medidas” adoptadas por el gobierno uruguayo al poco tiempo de sobrevenir el COVID-19. “Incluso al mundo internacional; el mismo mundo que hoy elogia las políticas de Uruguay”, agregó.
Este reconocimiento le llega al país del Cono Sur desde fuera de fronteras. Un informe de BBC News Mundo, del 4 de junio, consigna: “Mientras el número de casos y muertes crecen exponencialmente en países de América Latina como Brasil o México donde los fallecidos a causa del virus se cuentan por decenas de miles de personas, Uruguay mantiene la pandemia a raya...”.
Desde el gobierno, encabezado por LLP, se sostiene que la buena gestión encarada para contener el COVID-19 tiene su recompensa: “Vuelve con interés de inversiones. Todos los días estamos recibiendo gente que quiere venir a invertir a Uruguay cuando esto se normalice”. En sectores como el inmobiliario, manufacturero y energético, ha dicho Delgado.
El COVID-19 está generando —en opinión de los gobernantes uruguayos— oportunidades de inversión y Delgado sostiene que hay una “cantidad de interesados en invertir en Uruguay, país al que se lo ve como democrático, con gente consciente, que actúa correctamente ante una pandemia, que ofrece garantías jurídicas, con un gobierno democráticamente electo”.
El mismo día que el gobierno uruguayo evaluaba su desempeño durante el primer trimestre, la OMS advirtió que “la pandemia del coronavirus está empeorando en todo el mundo” y que, aunque mejore la situación europea, el epicentro de la pandemia ahora se encuentra en América.
La inflación se ubica en 10.86% lo que determinó que el gobierno formalizara un acuerdo con integrantes de la cadena productiva y comercial para congelar precios durante tres meses en productos de la canasta básica de alimentos, higiene y sanitaria.
Desocupación. Los datos de Cifra destacan que la preocupación básica de los uruguayos entrevistados es la desocupación - cierre de empresas (31%); la situación económica del país (21%) y salud - coronavirus 22%.
Casi cinco de cada diez encuestados (48%) califican “positiva” la gestión de la economía; 25% “ni positiva ni negativa”; y 18% “negativa”.
¿Qué puede ocurrir con el trabajo y qué pasará con quienes hoy se encuentran en el seguro de desempleo por causa del COVID-19? Son 200 mil los uruguayos que fueron al seguro de paro desde mediados de marzo.
La Población Económicamente Activa (PEA), según el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE), en marzo se ubicó en el 89,9% de la fuerza de trabajo (un millón quinientas treinta y tres mil personas); y los desocupados se contabilizan en ciento setenta y dos mil personas (10.01%). Uruguay cuenta con una población total estimada en 3, 450.
De ahí que la prioridad para la administración LLP sea el empleo en general y, en particular, propiciar que las empresas retomen a sus trabajadores hoy temporalmente en el paro.
En el plano laboral, los 440 mil trabajadores informales heredados luego de las administraciones de izquierda, constituyen una especial preocupación, según dijo Delgado.
Una mala noticia fue la decisión del gobierno de Alberto Fernández conocida a principio de esta semana de endurecer el cepo cambiario ante la pérdida de reservas del Banco Central argentino. “Eso perjudica a las exportaciones uruguayas por lo menos en lo que resta del 2020. Las importaciones provenientes de Uruguay seguirán muy deprimidas, más aún si se tiene en cuenta que, debido al derrumbe del consumo, la mayoría de las empresas en Argentina quedarán stockeadas”, dijo a El País, de Montevideo Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, en Buenos Aires.
Urgente
Otro logro del flamante gobierno uruguayo fue la aprobación en el Senado, el sábado 6 de junio, de un proyecto de ley de urgente consideración (LUC) considerado un instrumento clave por Lacalle Pou para encarar sus cinco años de gobierno.
Seguridad pública, normas penales, reglamentación policial, estupefacientes, minoridad privada de libertad, violencia en espectáculos deportivos, educación, empresas públicas, libertad financiera, restructuración del régimen fiscal de, régimen las MIPYMES, eficiencia estatal, relaciones laborales y proyecto de reforma de la seguridad social, y sector agropecuario, constituyen los principales ítems de la LUC.
La oposición del Frente Amplio (FA) no votó el proyecto en general, aunque sí apoyó artículos en particular —dio su aprobación a 241 artículos de los 477 votados— y el proyecto deberá ser debatido en la Cámara de Diputados para retornar al Senado.
Desde el gobierno se califica de “buena” la relación con el FA y se espera que esa tónica “se mantenga en los próximos años”, según el senador nacionalista Gustavo Penadés. En este link hay un excelente informe elaborado por el programa periodístico Séptimo Día de la relación entre el expresidente Tabaré Vázquez y el actual presidente.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, conocido el lunes 8 de junio señala que Uruguay tiene la puntuación más alta (7,78 de 10) de los 15 países latinoamericanos analizados, en probabilidades de descubrir, castigar y detener la corrupción. Ultimo de la tabla es Venezuela (1,52).
El CCC analiza 14 variables para combatir el flagelo de la corrupción en Latinoamérica, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la efectividad del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatirla.
El aliciente del índice CCC se vio opacado por la noticia conocida el mismo lunes 8 de que “la vela prendida al socialismo” por Pepe Mujica en realidad terminó en una fogata de dineros públicos: la empresa montevideana Envidrio fue a concurso de acreedores. Esta empresa autogestionada, que iba a ser el estandarte productivo del mujiquismo —se llegó a reformar la Carta Orgánica del Banco de la República del Uruguay para favorecerla— despilfarró USD 15: y terminó quebrada. No sin antes causar el desafuero parlamentario de un legislador de confianza y vecino de Pepe Mujica: Daniel Placeres, acusado de hechos de corrupción, cuyos antecedentes pasaron a la justicia. Placeres tiene el record nacional de viajes a Venezuela, 85 vuelos a Caracas, de donde —según denuncias de sus excompañeros de Envidrio— traía petrodólares bolivarianos supuestamente para la empresa hoy fundida. Legisladores de la oposición al último gobierno del F. Amplio cuestionaron en 2018 que Placeres en varios de esos viajes estuviera acompañado de los dueños de Aire Fresco, empresa que fue intermediaria de negocios millonarios con el chavismo.
