El subscrito líder de población en situación de desplazamiento en su condición de representante de la expresión organizativa de la población víctima fundación siempre unidos, debidamente reglamentados y reconocidos por el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, preocupados por la seguridad y la restitución de derechos de la población que se hace mención interponemos ante ustedes esta alerta temprana con el objetivo que se respeten los derechos de las personas que se encuentran vinculadas dentro del proceso organizativo en la Ciudad de Santiago De Cali, departamento del Valle Del Cauca.
Antecedentes
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales presentó la actualización de las cifras de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
Del 1 de enero de 2019 al 17 de diciembre de 2019, se registraron homicidios en el 5,17% del territorio nacional, es decir, en 58 municipios. En otras palabras, en el 94,83% del país, durante ese periodo no se produjeron crímenes contra líderes sociales. En total, se constataron 84 casos. Para ese mismo periodo se evidenció una disminución del 25% de crímenes con relación al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 17 diciembre de 2018, donde se presentaron 112 homicidios.
Es importante precisar que el Gobierno nacional ha venido adoptando diversas estrategias en aras de garantizar los derechos de nuestros líderes sociales, cuyo rol es de vital importancia para la democracia y desarrollo del país.
El consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, aseguró en declaraciones ante la opinión pública, que, “no podemos hablar de sistematicidad ya que cada territorio tiene sus particularidades”.
Además, Barbosa hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie y pidió a las autoridades locales incluir en sus planes de gobierno políticas de no estigmatización de líderes sociales. El Consejero dijo que “todos tenemos que ponernos la camiseta por la vida en Colombia para la protección de líderes” y añadió que “es doloroso que cualquier colombiano muera”.
Colombia: 20 líderes sociales asesinados en los primeros 20 días de 2020.
Colombia fue el país donde más líderes sociales asesinaron en el año 2019, según la ONG irlandesa Front Line Defenders y es el que tiene más desplazamiento interno, un récord que ha alcanzado durante cuatro años consecutivos desde el 2015 al 2019.
En consecuencia, el baño de sangre de los líderes sociales con el que finalizó el año 2019 ha continuado en el 2020, lo cual ha encendido las alarmas de la ONU.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó que el organismo está preocupado por el persistente asesinato de líderes sociales en Colombia e insta al Gobierno nacional a prevenirlo.
Sin embargo, el país supo que el líder social Jorge Luis Betancourt fue asesinado el 13 de enero del presente año en el municipio de Montelíbano, perteneciente al departamento de Córdoba, en el norte de Colombia.
También se conoció la noticia de que el indígena y líder social Jáiber Alexánder Quitumbo fue asesinado en Toribío, Cauca, suroeste de Colombia.
Los líderes sociales son reclamantes de tierras, víctimas de desplazamiento forzado, defensores de derechos humanos, trabajan en la sustitución manual de cultivos ilícitos, etc.
Para los líderes sociales y defensores de derechos humanos no es fácil vivir en un país donde son asesinados.
Colombia no sólo es el peor país para los líderes sociales, sino que es además inhabitable de acuerdo con la realidad que las cifras envuelve: en Colombia, al menos 20 líderes sociales fueron asesinados en los primeros 20 días del 2020.
Los datos empleados en el Informe fueron tomados de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional. El reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia ha producido una fuerte reacción crítica del gobierno de Iván Duque. La controversia gira alrededor de la cifra de líderes sociales asesinados, pero la cuestión de fondo es la falta de control del Estado sobre casi la mitad del territorio y las medidas preventivas que deben tomarse.
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El asesinato de líderes políticos y sociales no es nuevo en Colombia. Durante décadas, líderes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido víctimas del Estado, guerrillas, paramilitares, sicarios y narcotraficantes.
Desde que se firmó en 2016 el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la violencia disminuyó sustancialmente, pero han sido asesinados entre 300 a 500 activistas sociales, y más de 100 ex combatientes de las FARC, según la fuente que se consulte (más de 600 defensores de derechos humanos fueron asesinados mientras se negociaba el Acuerdo de Paz bajo la presidencia del presidente Santos).
Tampoco es nuevo el problema de falta total o parcial del Estado en casi la mitad del territorio, y la presencia de grupos armados no estatales, políticos o del crimen organizado, o una mezcla de ambos.
Varias de estas cuestiones fueron subrayadas el pasado 27 de febrero por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe anual sobre Colombia. El Informe critica la falta de acceso a la justicia que “perpetúa ciclos de impunidad y violencia”, y señala que la Fiscalía General de la Nación sólo tiene alcance en la mitad del país. Explica, así mismo, la presencia de organizaciones armadas en varios territorios y las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo.
El Informe enfatiza la cuestión de los asesinatos a líderes sociales (sobre derechos humanos, sustitución de cultivos ilícitos, reintegración de tierras, derechos de minorías indígenas y afrocolombianos) y los ataques a la Juntas de Acción Comunal, registrando 108 asesinatos en 2019. Eso significa, según la OACNUDH, un aumento del 50% frente a 2018. Así mismo, contabiliza 36 masacres en 2019, que costaron la vida de 133 personas.
Si bien la Oficina de Derechos Humanos valora positivamente que haya avances en la resolución judicial del 55 % de los casos de asesinatos de líderes sociales, lamenta la lentitud del sistema de justicia y que hay “desafíos” para llevar a juicio a los autores intelectuales de los crímenes.
El informe también denuncia que en 2019 hubo privaciones arbitrarias de la libertad por parte del ejército y la policía, casos de violencia de miembros de las fuerzas armadas y la policía contra ex guerrilleros de las FARC, y presuntas torturas y malos tratos por parte de la policía.
En el campo de los derechos económicos y sociales, la OACNUDH verifica que en el último año aumentó la pobreza multidimensional (que afecta todos los aspectos de la vida de las personas) respecto de 2018, con el mayor impacto sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Retrasos en el acuerdo de paz
El informe se ocupa del cumplimiento del Acuerdo de Paz indicando que pese a que el Gobierno ha “formulado” 16 planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), hay retraso en su implementación y falta de coordinación entre las agencias gubernamentales.
También manifiesta su preocupación ante la falta de avance en el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos ilícitos, y la decisión del Gobierno de relanzar la controvertida fumigación aérea de glifosato para eliminar campos de coca. Recientemente el Gobierno anuló el contrato con la Agencia de Naciones Unidas para la Droga y la Corrupción (UNODOC) para verificar la sustitución voluntaria de cultivos. Informes de esta Agencia e investigaciones independientes indicaban que el plan era exitoso, contrariamente a lo que sugiere el Gobierno, que se inclina, con el apoyo de Washington, por la sustitución forzada y la fumigación.
Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos elogia el funcionamiento de las instituciones, creadas a partir del Acuerdo de Paz, sobre justicia transicional: la Justicia Especial para la Paz (JEP), la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la Comisión de la Verdad. En 2018 la OACNUDH y el Gobierno chocaron sobre el intento de Duque de recortar las funciones y alcance la JEP.
En otros terrenos, Naciones Unidas señala el problema de la corrupción que limita los recursos del Estado, la alta contaminación de las aguas debido al uso indiscriminado de mercurio (en la minería ilegal), el aumento de la violencia sexual y el reclutamiento forzoso de menores de edad, ejercida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados, y la insuficiente respuesta del Estado.
En las recomendaciones, el Informe subraya la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en el punto de la reforma rural; aumentar la presencia judicial y policial del Estado en zonas donde no está presente; y revisar y reformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que fue utilizado de forma polémica en 2019 contra las protestas sociales.
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La reacción de Bogotá
El presidente Duque reaccionó indicando que es “una intromisión” en la soberanía nacional de Colombia y su preocupación por las “imprecisiones y que no se diga la verdad”. Varios ministros consideraron que la Oficina de Derechos Humanos no menciona la migración venezolana y su impacto, ni la crisis humanitaria que viven algunas regiones debido a grupos armados ilegales, y discrepan de las cifras sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
Consideran, además, que el Informe no condena suficientemente a las organizaciones armadas no estatales. El Gobierno se muestra especialmente irritado con la afirmación de la OACNUDH sobre que la reforma rural establecida por el Acuerdo de Paz no se debe limitar a los PDETs.
El Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila dijo que el Informe contradice datos de otras agencias de la ONU sobre la política de “Paz con legalidad” de Duque. Se omiten, explicó, “las más de 34 medidas de seguridad adicionales que tenemos para los excombatientes y, de una manera sorprendente, los resultados que han tenido la Fiscalía y la justicia para condenar a cabecillas y autores materiales de homicidios contra estos”.
Las limitaciones de la respuesta
Respecto de los ex combatientes de las FARC, la Misión de Verificación de la ONU indicó en diciembre pasado que en 2019 fueron asesinados 77 exguerrilleros, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. A estos 173 se suman 14 desaparecidos y 29 intentos de asesinato.
El Gobierno reconoce el problema, aunque insiste en que los asesinatos no son “sistemáticos”. En noviembre de 2018, Duque puso en marcha el Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. El Plan reconoce que la mayor parte de los asesinatos ocurren en zonas rurales con fuerte presencia de economías ilícitas, y alto niveles de pobreza.
Pero la Plataforma de organizaciones de derechos humanos y la Cumbre Agraria (coordinadora de asociaciones campesinas), considera que el Plan de Acción Oportuna tiene varios problemas: no soluciona la descordinación entre agencias del Estado que se ocupan del tema y centra la atención en las acciones de grupos armados organizados. De este modo, se excluyen otros factores que pueden generar violencia contra líderes sociales como la minería ilegal, la impunidad, y las acciones de grupos paramilitares en presuntas connivencias con actores del sector privado y autoridades civiles y militares.
El Acuerdo de Paz de 2016 contempló una serie de medidas para la prevención y protección de líderes sociales y excombatientes, como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Sistema de Alertas Tempranas, y la protección colectiva a comunidades en alto riesgo.
En medios no gubernamentales se considera que el Gobierno no ha utilizado esas herramientas y que el PAO es mucho menos efectivo. El informe de Naciones Unidas saluda la creación de este organismo, pero subraya que esos mecanismos no han sido usados adecuadamente o carecen de la financiación suficiente.
El Programa Somos Defensores, indica que más allá de proteger física y materialmente a las personas amenazadas es necesario centrarse en “la perspectiva de garantías de seguridad”, que se ocupa de “los factores de riesgo y actores criminales”. Esto implica, “combatir a los grupos criminales, con frecuencia asociados o protegidos por políticos, terratenientes, ganaderos, empresarios y demás actores de poder”.
¿Pero, cuántos líderes han sido asesinados?
En enero pasado el fiscal general (e) de la Nación, Fabio Espitia, aseguró que en los primeros días de 2020 solo un líder social fue asesinado. Pero según el Instituto de Desarrollo para La Paz (Indepaz) en el mismo período fueron muertos más de 29.
Las diferencias sobre cuántas víctimas hay depende de la metodología de medición e investigación. Por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Defensoría del Pueblo, organismo gubernamental con alto grado de autonomía, usan diferentes formas de investigación. El Gobierno utiliza los datos de la OACDH, pero no tiene en cuenta, como señaló el jurista Rodrigo Uprimny, los que están bajo investigación en esta Oficina de la ONU.
Varias organizaciones de la sociedad civil también hacen seguimiento a los asesinatos. Algunas contabilizan a toda víctima que sea parte de una comunidad. Por ejemplo, Indepaz incluye en su registro a las personas que ejercen liderazgo, tenga o no una posición directiva. Según esta organización, entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019 fueron asesinados 837 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y ex combatientes de Farc.
Para la Defensoría del Pueblo, en 2019 fueron asesinados 118 líderes, pero entre enero de 2016 y el 21 de octubre de 2019 sumaron 555 casos. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, denuncia, además, el incremento del 63% en la violencia contra las lideresas que impulsan la sustitución voluntaria de cultivos y se oponen a la presencia de grupos armados en su territorio.
El problema con las diferencias en las cifras, explica la publicación Pacífista “es que ello repercute directamente en la magnitud de la respuesta estatal, la urgencia en la protección, y la aplicación de justicia”. Sin embargo, la organización de derechos humanos de justicia considera que la diversidad de fuentes y de cifras no es un problema, ya que permite contar con análisis independientes, provenientes de las diferentes realidades regionales, y que proveen una descripción más detallada del problema.
La Canciller (ministra de Exteriores) Claudia Blum dijo que el Informe de la ONU “no es un diagnóstico integral y actualizado, que identifique tanto los retos como los logros existentes (…) esto genera en la comunidad internacional apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en esta materia”.
El gobierno Duque trata de encontrar el balance entre limitar la implementación, tener un buen reconocimiento en la ONU, y continuar recibiendo el apoyo político y financiero internacional. En ese complejo punto medio se encuentran las disputas con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Todos han sido asesinados en condición de indefensión. Varios de ellos en algunas de las zonas más pobres del país. Los matones, en unos casos, han entrado hasta sus propias casas disparándoles frente a sus aterrados seres queridos. La lista que llevan varias organizaciones sociales es dramática:
1. Carlos Cardona, líder social de la salud, asesinado el día 2 de enero en Ituango, Antioquia.
2. Cristian Caicedo, de 22 años, asesinado en Guapi, Cauca, el día 3.
3. Gloria Ocampo, lideresa social asesinada en La Estrella, vereda de Puerto Guzmán, Putumayo, el día 7.
4. Virginia Silva, asesinada en Páez, Cauca, el día 7.
5. Carlos Quintero, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
6. Emilio Campaña, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
7. Mireya Hernández, asesinada en Algeciras, Huila, el día 8.
8. Gentil Hernández, asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.
9. Anuar Rojas Isaramá, líder de la Guardia Indígena asesinado en Agua Blanca, municipio de Nuquí, Chocó, el día 9.
10. Amparo Gegía, líder indígena, asesinada junto a su hijo, en Algeciras, Huila, el día 10.
11. John Fredy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos (Astracal), asesinado en Algeciras, Huila, el día 11.
12 y 13. Juan Pablo Dicué Guejia, de 18 años, y Amparo Guejia Mestizo, de 41, asesinados en el sector de La Buitrera, en la vía que une a los municipios de Caloto con Toribío, en el norte del Cauca. En el lugar apareció un panfleto en el que la acción criminal se la adjudican las disidencias de las Farc, estructura 'Segunda Marquetalia Comisión 6'. Los nativos llevaban un niño de tres años a quien dejaron con vida. Los hechos sucedieron el día 11.
14. Henry Wilson Cuello Villareal, de 48 años, asesinado en Chiriguaná, Cesar, el día 12.
15. César Tulio Sandoval, coordinador del comité de campesinos de La Silla, asesinado en Tibú, Norte de Santander, el día 12.
16. Nelson Enrique Meneses Quiles, de 29 años, integrante de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro–Acit, filial de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina–Anzorc, organización que articula en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano–Pupsoc y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, asesinado en Inzá, Cauca, el día 13.
17. Sergio Narváez Tapias, exconcejal de Turbo, asesinado en su vivienda del corregimiento de Nueva Colonia de este municipio de Antioquia, el día 13.
Este número de muertes, sin embargo, varía. ¿Por qué? Para organizaciones sociales defensoras de derechos humanos en el país, la cifra de estos es de 17 muertos. En cambio, para la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es 10 el número de personas muertas.
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La diferencia pasa porque la ONU debe ir al sitio de los hechos, recoger las evidencias, corroborar la información con las autoridades y luego sí anexar los datos a sus informes oficiales. Por eso, hasta ahora entrega una lista preliminar.
Sin embargo, el drama para la ONU es de tal dimensión que lo califica de “terrible tendencia”.
Como lo informó El Tiempo en su edición impresa, la Misión de Verificación ya lo había advertido al Consejo de Seguridad del organismo durante sus últimos informes. Pero esta vez fue la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que preside la chilena Michelle Bachelet, la que, al hacer el balance de lo ocurrido entre 2019 y 2020, mostró su intranquilidad por el “significativo” número de homicidios.
El año pasado, en los registros de Naciones Unidas aparecieron 107 activistas asesinados. El organismo está revisando otros 13 casos, lo que podría aumentar a una escalofriante cifra: 120. En 2018 “ya se habían intensificado” los asesinatos, entonces hubo 115.
Por esta razón hacen un llamado al presidente Iván Duque para que “realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales”.
Además, le piden “investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones” y, además, le dicen que esa “violencia e impunidad deben detenerse”.
Según la ONU, de los 107 casos registrados en 2019, el 98 por ciento sucedió en municipios donde operan grupos ilegales que se disputan las economías ilícitas. Y el 86 por ciento fue en veredas con una tasa de pobreza por encima del promedio nacional.
Más de la mitad de los homicidios de 2019 fueron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. “Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos”, diagnostica Naciones Unidas.
En el informe dice que esta escalada criminal “es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
Esta oficina explica que, entre las causas de la problemática, además de las economías ilícitas, está la llegada de los grupos ilegales a los territorios que dejó las Farc tras el proceso de paz con la administración Santos. Por eso habla de los “continuos desafíos” en la implementación del acuerdo de paz.
Sobre este punto precisa la urgencia “del desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo” y de buscar “la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas”.
De hecho, el responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertó hace unos días al Consejo de Seguridad sobre cómo la violencia generalizada “sigue amenazando la consolidación de la paz”.
Fuentes: www.derechoshumanos.gov.co
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/la-dramatica-lista-de-lideres-asesinados-en-colombia-en-solo-dos-semanas-452160
