Con la paz en curso, sobreviene una necesaria disputa en el seno de las instituciones públicas que se conforman con la ejecución de los Acuerdos consolidados.
Hay que profundizar la apertura democrática contenida en los pactos de reconciliación.
Seguramente este sera un gran punto de la reflexión y la deliberación de la X Conferencia de las Farc.
La apertura democrática cristalizada con los diálogos de la Mesa de paz de La Habana, plantea a la izquierda revolucionaria, la necesidad de proyectar estratégicamente los cambios de fondo en nuestra nación, en momentos en que transitamos un periodo histórico que exige un rearme analítico y conceptual.
La X Conferencia de las Farc que se reúne en estos días abordara las nuevas circunstancias que se desprenden de la firma del Acuerdo final para la paz.
Un punto nodal es el de los ajustes institucionales para la construcción de la convivencia.
Dichas reformas nos colocan delante de un aspecto critico en la hipótesis revolucionaria y la eliminación de las relaciones sociales de explotación asociadas con el modelo neoliberal.
Me refiero al tema del Estado.
Para algunas tendencias ultra autonomistas, sugerir un escenario de disputa y confrontación en el seno de las instituciones del Estado oligárquico no es más que la manifestación de una concepción instrumental del mismo, el cual se ve como un dispositivo neutro que bien puede ser utilizado sin considerar su naturaleza esencial y de clase.
Pero al margen de una percepción de esa índole, para las fuerzas políticas que pretenden alcanzar la senda del socialismo, resulta necio enajenarse escenarios de confrontación y disputa con los grupos que representan las elites plutocráticas.
En tal sentido, es oportuno traer a colación la afirmación de Poulantzas para quien “Una lucha interna dentro del Estado, no simplemente en el sentido de una lucha encerrada en el espacio físico del Estado, sino de una lucha situada en el terreno del campo estratégico que es el Estado, lucha que no trata de sustituir el Estado burgués por el Estado obrero a base de acumular reformas, de tomar uno a uno los aparatos del Estado burgués y conquistar así el poder, sino una lucha que es, si quieres, una lucha de resistencia, una lucha de acentuación de las contradicciones internas del Estado, de transformación profunda del Estado; Y al mismo tiempo, una lucha paralela, una lucha fuera de los aparatos y las instituciones, engendrando toda una serie de dispositivos, de redes, de poderes populares de base, de estructuras de democracia directa de base, lucha que, aquí también, no puede estar dirigida a la centralización de un contra-Estado del tipo de doble poder, sino que debe articularse con la primera” (Poulantzas, 1977).
No se trata, por supuesto, de incurrir en un dualismo paralizante ni en un institucionalismo estéril. Más bien lo que se pretende es hablar de una “preparación democrática de la ruptura” con él, antes que de una “ruptura democrática con el capitalismo”.
Puesto este enfoque hay que aterrizar en lo que se consensuo en el Acuerdo de paz recientemente firmado.
El punto de partida, a mi juico es la Resolución (entendiendo las instituciones como lo sugiere D. North: reglas y dispositivos administrativos) 339 de septiembre de 2012 que dispuso instalar la Mesa de diálogo en La Habana.
Sobre esa plataforma se proyectaron un conjunto de redes institucionales en las que debe operar la infraestructura de la movilización política y civil de las Farc.
Hago una relación de tales dispositivos para sugerir un campo de reflexión inmediato que propicie la acción de las masas populares y de la propia sociedad civil democrática.
Acto Legislativo de paz (N. 1 de 2016).
Acuerdo de paz como Acuerdo humanitario especial y en el bloque de constitucionalidad, que tendrá que ser tenido en cuenta como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final.
Organismo paritario (3 del gobierno y 3 de las Farc o su partido), denominado “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias” (CSVR), que funcionará hasta por diez años, y que entre sus funciones tiene estas: “Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos…”; “Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el Presidente de la República”; y “Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final”.
Previsión de manejo bilateral de diversos problemas sociales como el tratamiento las minorías (étnicas, sociales, LGTBI, etc.); el diseño, aprobación y desarrollo de los planes de desarrollo a nivel local, regional y nacional; la política de derechos humanos; el combate a la corrupción; el manejo del presupuesto nacional; el desarrollo de la infraestructura; una amplia reforma del sistema electoral; la política de seguridad y el combate a organizaciones paramilitares.
La democracia ampliada.
Planes y programas agrarios que incluyen un Fondo de Tierras, un Sistema General de Información Catastral, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, Plan Nacional de Vías Terciarias, Plan Nacional de Riego y Drenaje, Plan Nacional de Salud Rural, Plan especial de Educación Rural, Plan Nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural (Ecomun), Plan Nacional de asistencia integral técnica, Plan para apoyar la generación de ingresos de la economía campesina, Plan Nacional para la comercialización de la producción campesina, Plan Progresivo de protección social, Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural.
Comisión Electoral para estatuto de la Oposición, Sistema de Seguridad Integral para el ejercicio de la política, Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, Centro de Pensamiento, canal de televisión, 31 emisoras comunitarias.
Tribunal Especial de paz y Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Plan de desarrollo para la paz.
Zonas de ubicación y campamentarias.
Estas nuevas instituciones, un Estado paralelo si se quiere, no pueden dejarse en manos de la politiquería corrupta, las mismas son una conquista en la paz que deben ser potenciadas en su capacidad de cambios radicales en la sociedad.
