Queridos lectores, para comenzar el análisis, es necesario señalar que el pueblo ya se ha pronunciado libre y soberanamente —aún siguen saliendo a las calles en manifestaciones pacíficas reclamando el derecho legítimo a un proceso justo, el derecho de oponerse a la autoinculpación y la presunción de inocencia, así como el derecho a la intimidad— sin injerencias ni presiones externas en contra de la injusticia y favor del presidente Uribe. El mundo entero se ha dado cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos. En muchos lugares, la respuesta es un rotundo no. El pueblo ha dicho no a la injusticia, un no claro y rotundo. El pueblo tomó posición en defensa de los derechos más elementales de Uribe, porque un sistema basado en la libertad se hundirá si se olvida del dolor inocente, si no condena las injusticias perpetradas con arrogante insolencia sin las debidas garantías procesales y con apariencia de legalidad. No hay justificación ni margen de error. La opinión pública es el nuevo elemento más importante que surge para ayudarle a enfrentar la injusticia de la que es víctima y a reconquistar todos sus derechos legítimos. La voz de los ciudadanos fuerte y unida, nunca violenta, pero perseverante, posee una enorme importancia aquí como una figura inspiradora para luchar contra la injusticia. Es la voz legítima y soberana de los pueblos la que hay que escuchar y tomar en serio. El pueblo ha hablado y lo ha hecho claramente. “Para eso somos ciudadanos: para decirles a los gobernantes y funcionarios “no” cuando creemos que les tenemos que decir que no y no dejarnos llevar por el desmayo, por el “no hay remedio”. Señores lectores, no es no. ¿Qué parte de la palabra "no" no entienden los señores del tribunal supremo? La única manera de vencer la injusticia y otras plagas de ese género es haciéndole frente. Como nos enseñó Aristóteles, no siempre logramos nuestros objetivos, pero es nuestro afán de lograrlos lo que cambia el curso de la historia. Este anhelo universal de justicia, que hoy resuena más firme que nunca en la voz de toda la opinión pública nacional e internacional es un elemento indispensable del proceso de gobernanza democrática y tiene raíz y alas en los principios y valores morales que inspiran nuestra acción.
Nadie podría negar que se ha cometido injusticia y que a la larga la justicia triunfará. Somos testigos de la impunidad e injusticia de las actuaciones judiciales (ineficacia de un gran número de actuaciones judiciales) y también somos responsables conjuntamente de que no se repitan nunca más. Esto exige que actuemos ahora y en el futuro. Restablecer el vínculo entre Colombia y su pueblo significa escuchar a los ciudadanos, un proceso que no se integró a la Constitución. El proceso de renovación democrática significa que los ciudadanos de la Colombia tengan derecho a que se les escuche, el poder ejecutivo no puede desoír la voz de las comunidades, pues el principio más fundamental de la democracia se basa en la voz del pueblo. En el asunto Uribe parece que el fin justifica el sacrificio de valores como la justicia y la equidad; sin duda se ha cruzado el Rubicón, y debemos defendernos de ello. Esto es un hecho, pues no en vano así ha sido. No basta con combatir los síntomas; es preciso llegar a los orígenes de esta y remediar las causas profundas. Quisiera destacar que solo en Venezuela pasan estas cosas. ¿Qué queremos de Colombia? ¿Qué esperamos de ella? Nosotros tenemos una idea clara al respecto. Colombia tiene la obligación de escuchar cada voz que se pronuncie a favor de los valores, la equidad, la justicia y la dignidad y del respeto de los derechos fundamentales de las personas investigadas, premisa de todo orden democrático, “único marco en el que se consigue con tesón que no se repita lo que no debe repetirse”. Cada injusticia plantea nuevas preguntas que requieren nuevas respuestas y plantean nuevos desafíos a los que debemos hacer frente juntos a través de medidas concretas. Se trata de una amenaza que no podemos menospreciar. Esta es una de las razones principales por la que urge que nos unamos para hacerle frente. La justicia politizada y la corrupción es un atentado no solo contra nuestras libertades políticas y económicas, sino también contra nuestras normas y valores: la libertad, la democracia, la tolerancia y el Estado de derecho, valores que debemos defender. ¿Cuál es, pues, la responsabilidad de la Presidencia de la República, tanto sobre la base de sus valores como en virtud de sus intereses? En primer lugar, la de estar allí, no como una instancia inaudible, sino como un agente reconocido; sobre todo, la de atreverse a hacer sonar la alarma porque el mundo de la justicia se está descomponiendo ante nuestros ojos. Es preciso que comprendamos la realidad en la que vivimos. No debe temblar al primer “fruncimiento de cejas” de los amo de la Corte. Meditemos sobre esta frase de Kofi Annan: "La historia es un juez implacable, no nos perdonará que dejemos pasar la ocasión".
Presidente Duque, desánimo y determinación son dos palabras que empiezan por "d" y que creo que reflejan bien el sentimiento de millones ciudadanos de este país: desánimo ante lo que ha sucedido con respecto al presidente Uribe, determinación inquebrantable para afrontar esta situación tan urgente y rechazar con firmeza esa injusticia flagrante, lo cual nos permite decir la verdad a la otra parte: desánimo y consternación, precisamente porque esa amenaza nos afecta a todos y siguen sin ser suficientes para lograr una declaración de fiabilidad positiva. Este debate ha de girar en torno a dos palabras clave: "comprensión" y "acción". Señor presidente, hay un refrán que dice que si no luchas, no cuentas. Permítanme decirle que ahora es cuando tenemos que luchar. Sabemos que nuestro país mejorará si presidencia se fortalece y si puede responder con un sentido de justicia a las expectativas de los ciudadanos. Somos plenamente conscientes de que esto es posible si lo hacemos todos juntos; si somos capaces de poner en común nuestros recursos más preciados, nuestra constitución, ese bagaje de valores y de normas jurídicas y derechos, que son la verdadera riqueza de Colombia.
Dadas las circunstancias, apreciado presidente Duque, lo que tengo que decir es bien simple. Ante todo, debemos insistir en que la presidencia y el gobierno han de actuar con firmeza. No podemos tolerar, en ningún caso, que las instituciones se mantengan neutrales ante un acto de "injusticia" de esta naturaleza. Se trata de una cuestión con respecto a la cual no cabe hacer concesión alguna. Si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos, tenemos que imprimir un cambio de rumbo y un cambio de política. Creemos que la presidencia debe manifestar claramente su posición sobre estos asuntos y transmitir una imagen de liderazgo fuerte y de unidad, sin estereotipos comprometida con la sociedad y la búsqueda de soluciones a largo plazo. En particular, la presidencia debe manifestar su inquebrantable voluntad de combatir y condenar la injusticia y la impunidad del poder en cualquiera de sus formas, sin condiciones ni salvedades, y que todos aquellos que lo justifiquen, toleren o apoyen —subrepticiamente o de cualquier otro modo— tendrán que ser aislados para garantizar que no puedan hacer daño alguno. En esta cuestión el presidente debe manifestar su postura de forma clara. Si no lo hace, no habrá reconciliación genuina y duradera, que es lo que desea la mayoría de la población. Sabemos también que donde no haya una justicia legítima, tampoco habrá una paz sostenible. Asimismo, acojo con agrado la declaración que el presidente en ejercicio ha hecho sobre Uribe y quiero felicitarle por ello. Ha hecho un buen discurso, porque creo que ha logrado tocar la fibra sensible de la gente y ha puesto el dedo en la llaga. Por fin hemos oído que la presidencia levanta la voz, al menos ha hecho de esta una cuestión prioritaria. Sin embargo, estas palabras deben ir respaldadas con actos, y la tarea más importante en estos momentos es recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Esta, señor presidente, sería una forma de mantener viva la democracia.
En conclusión, tengo la sensación de que son demasiados los que consideran más importantes los intereses mezquinos que el reclamo de las masas y su responsabilidad frente al país, que prefieren culpar a los demás en lugar de asumir su parte de la responsabilidad y que apuestan por el egoísmo en lugar de la solidaridad. Esta es la mentalidad cicatera de algunos vanidosos y narcisistas de la política y la administración pública, al tiempo que son quienes más se benefician del sistema, no contribuyen en nada a resolver el problema. Colombia es la depositaria de la voluntad democrática de los ciudadanos, no su tecnoburocracia, que no ha de rendir cuentas a nadie. Los ciudadanos, sin embargo, han comenzado a dejar de creer. Alejémonos de una Colombia caracterizada por los egoísmos de burócratas, grupos de presión y tecnócratas sin conocimiento de los ciudadanos; acerquémonos a una Colombia de personas con derecho a la autodeterminación y ciudadanos maduros. Aún a riesgo de escandalizar a algunos de ustedes, pero Colombia padece actualmente una lamentable carencia de estadistas. Muy pocos dirigentes tienen una auténtica visión política del futuro y de que el país está en crisis, más aún se ufanan por guardar celosamente su pequeño tesoro. Por otro lado, no podemos hablar de este asunto sin mirar, de una forma más profunda, lo que está sucediendo en los medios —manipulación, desinformación, intoxicación—. Pues bien, parafraseando a un colega hasta el pasado en el Parlamento Europeo que, en cierta ocasión, durante un debate dijo que “La conducta de los medios de comunicación y los dirigentes políticos fue muy parecida a la de los cerdos de la novela Rebelión en la granja, de George Orwell; todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. “Si Montesquieu estuviera vivo ahora, no hubiera hablado solo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sino también de otros poderes, y hubiese puesto el cuarto poder en el primer puesto”, la prensa representa un problema de deberes y responsabilidades especiales y ciertas limitaciones jurídicas necesarias para respetar los derechos y la reputación de otros, de lucha contra la esclavitud mental y un problema de control democrático. Amén.
