A raíz de la presente crisis patológica que vivimos como especie, se ha intensificado el virus más letal: la práctica estúpida de la discriminación étnica y económica, el supremacismo. En este sentido, supremacismo es la corriente ideológica que supone la imposición de una parte de la sociedad sobre otra, la cual ha empezado desde nuestros inicios como especie, fundamentalmente cuando se originó la propiedad privada y el esclavismo como modelo económico.
Luego, se potenció con el modelo feudal esta desigualdad social, el cual, con la Iglesia católica en la cabecera, le vendió al mundo la visión del hombre blanco como elegido de Dios y dueño de todo en la tierra, cuando en verdad esta tesis no era de la religión propiamente, sino que fue propiamente extraída de los pensamientos individualistas de Hobbes, Descartes, Voltaire y John Stuart Mill. Ellos construyeron toda una doctrina a favor de que el hombre era el que organizaba la vida de las demás especies y que era dueño de la naturaleza, esta entendida como todo aquello externo al hombre, que además podía ser explotada indefinidamente.
Es decir, el hombre occidental en su estupidez de no comprender los procesos biofísicos de nuestro planeta como organismo vivo empezó la explotación salvaje de los recursos y la aniquilación de todo aquel que le colocara resistencia. En este lapso, en donde por primera vez se globalizó el mundo, pasábamos del feudalismo en Europa Occidental a un mercantilismo y un posterior liberalismo clásico como lo postulan varios autores. Estos excedentes económicos fueron a costa de las vidas de nuestros ancestros aborígenes americanos, luego los asiáticos, posteriormente los africanos y finalmente los de Oceanía.
Se construyó además de un discurso, una práctica de “supremacía” blanca sobre el resto de etnias en el mundo. Y esto tiene repercusiones actualmente. Todo este aparato ideológico-político entre iglesia y Estado, que surgió a comienzos del siglo XV hasta el siglo XVIII, marcó de por vida el devenir de las siguientes generaciones, en donde muchos de los actuales gobernantes del mundo se creen de esa época y realizan políticas públicas en pro de ahondar estas desigualdades y ultrajes.
Como en Estados Unidos, en donde el pasado 26 de mayo, fue arrestado de manera ilegal el ciudadano George Floyd (Q.E.P.D.), quien fue maltratado de manera vehemente y humillante. Uno de los móviles de tal acto es que el presidente de ese país es un claro racista y denigrante de todas las comunidades étnicas diferentes a los de piel blanca. Es decir, estos actos se realizan porque tienen (o suponen) un aval y una legitimidad de la estupidez llamada supremacismo por parte de su comandante en jefe. Igual ocurre en este país, en donde hay un partido de gobierno que no perdona una oportunidad para denigrar a los más vulnerables para tratarlos de “vagos”, “atenidos”, “pobres porque quieren”, “guerrilleros”, “narcoterroristas”.
Ante lo anterior, nos podemos cuestionar: ¿por qué asesinan tantos líderes sociales? Pues claro, si se les marca de todos los anteriores adjetivos, ¿cómo no van a asesinarlos?, ¿acaso estas palabras de odio no inspiran en otros la apretada del gatillo? Es esa combinación entre discurso y práctica discriminatoria la que ha cobrado en Estados Unidos muchas vidas por una segregación étnica, que aquí es de carácter económico. En Colombia se elimina a todo aquel que no esté a favor de los monopolios comerciales y que reclame sus tierras. Así queda demostrado con todos los asesinatos de líderes sociales, ambientales y estudiantiles, además de políticos alternativos que legislen y administren a favor de esta reivindicación social, económica y jurídica, que se vienen realizando desde la firma del acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno Santos.
Finalmente, esta discriminación e imposición de una visión elitista sobre nosotros los más pobres y vulnerables ha tomado una forma muy salvaje en este gobierno: el presidente está haciendo y deshaciendo con sus funciones, ya que ya van alrededor de cien decretos presidenciales, en donde solo uno a recibido regulación constitucional (el primero que decretó el estado de emergencia sanitaria); el Congreso, ausente por cierto, no le pone límites al mandatario por sus afinidades políticas hacia el ejecutivo; y el fiscal no investiga, ya que le hizo campaña al presidente en aquel 2018 electoral (por eso vemos que no es ni penalista, los requisitos son las amistades y no los méritos). Todo está conectado, ya que todos estos actores, salvo algunas excepciones, son de la élite empresarial y política que trabaja en pro de preservar su statu quo, en donde mandarán al pueblo a morir en las calles como ha ocurrido en Ecuador, mientras ellos siguen recibiendo salario y mirando desde sus mansiones.
