Las consecuencias del coronavirus sobre la economía mundial son enormes: la pandemia ha afectado el comercio minorista, el turismo, las instituciones educativas, los sistemas de salud y la manera de relacionarnos. Sin duda alguna, ha tenido gran impacto en la vida de las mujeres.
En su reciente pronunciamiento, la ONU señaló que las mujeres son las más afectadas en esta pandemia, ya que no existe una sociedad en la que hayamos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres. De este modo, las desigualdades de género se profundizan en medio de la pandemia.
Tanto los gobiernos como los medios de comunicación han señalado que la casa es el lugar más seguro frente a la pandemia, sin embargo, la ONU en el 2019 afirmó que el 60% de los asesinatos de mujeres en el mundo se producen en el hogar y son cometidos por sus parejas, exparejas o familiares hombres.
Además, las mujeres enfrentan amenazas sobre su seguridad y sus libertades al estar confinadas con sus abusadores, entre ellas se encuentra el acceso a la salud reproductiva. Según la ONU, la violencia contra las mujeres ha aumentado en más del 25% en muchos lugares del mundo en medio del coronavirus.
En China, en las primeras semanas de confinamiento, se triplicó el número de llamadas de emergencia por violencia doméstica. En España, aumentó un 18% en las dos primeras semanas de aislamiento. En Francia y Estados Unidos aumentó un 30% y en Colombia, según el Observatorio Colombiano para las Mujeres, en las tres semanas de cuarentena hubo un incremento del 142% del número de llamadas a la línea 155 para reportar hechos asociados a violencia intrafamiliar.
La ONU también señala que las mujeres tienen un “riesgo mayor de infección ya que representan casi el 75 % de las personas que están en la primera línea en la asistencia sanitaria o en el cuidado” y la pregunta que surge es: ¿quién cuida de ellas? La gran mayoría de las mujeres en Colombia han asumido el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, ahora durante el confinamiento esa carga se ha intensificado ante el cierre de las instituciones educativas.
Sin duda, la situación actual debe llamar a los gobiernos y sus instituciones a abordar la violencia contra la mujer como un asunto de política pública y económica, en donde el Estado garantice la independencia económica de las mujeres y esto se logra brindando empleos de calidad y bien remunerados a las mujeres, tener sistemas estatales de cuidado para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral, atender a las mujeres e hijas/hijos víctimas de violencia por medio de lugares temporales de refugio donde accedan atención psico-social (terapia donde fortalezcan su autoestima, entre otras) y socio-jurídica (demandas contra sus abusadores y procesos de separación/divorcio) e instituciones que penalicen y condenen los actos de violencia contra las mujeres/niños y niñas y fortalecer los sistemas de educación y salud, donde puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva para que puedan decidir sobre su vida y su cuerpo.
