Gildardo Pabón estaba en una fotografía de secuestrados entregada por las Farc en marzo de 1.999. No era una prueba de supervivencia. La imagen la dieron para informar que quienes estaban en ella eran personas que tenían en su poder pero que no serían sujetos de canje por guerrilleros de las Farc prisioneros en cárceles de Colombia. Los de la foto era un grupo de 41 militares y policías. Las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana habían comenzado en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, en medio de mucha tensión y una gran desaprobación por parte de la opinión pública.
Fue lo único que la familia de Gildardo Pabón Perdomo supo de él y la última imagen que tuvieron suya, después de que desapareciera sin rastro alguno, cuatro meses antes, el 26 de noviembre de 1.998.
Gildardo estaba en el Telecom de Puerto Asís con su amigo y compañero el también soldado y también vallecaucano José Andrés Preciado, quien entró junto con él a prestar el servicio militar. No hace mucho habían salido del Batallón de Infantería No. 25 José Domingo Rico en el Putumayo, donde desde 11 meses atrás estaban guarnecidos. Habían salido del batallón militar para asistir a una cita odontológica.
Gildardo Pabón hablaba por teléfono con su hermana Luz Helena, cuando de un momento a otro cortó la conversación y un poco exaltado le dijo –tengo que colgar. Ahora te llamo— Fue lo último que alguien cercano escuchó de Gildardo Pabón Perdomo, a quien le faltaban dos semanas para terminar su servicio militar y volver a casa.
Supieron que a las malas los sacaron del Telecom. Gildardo y José Andrés fueron metidos a empujones en una camioneta de color blanco. El 14 de agosto de 1999, casi un año después, el capitán Carlos Augusto Ramírez, del Cuartel General de la Tercera División, les comunicó a las familias de los soldados que estaban secuestrados por el Frente 48 de las Farc, en un momento en que la guerrilla estaba en alza bajo el mando de Manuel Marulanda Vélez, con un gran poder militar y territorial acumulado, muy bien parada para las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana.
Con la noticia fresca y la angustia de no tener noticias de Gildardo, algunos miembros de la familia viajaron a San Vicente del Caguán, escenarios de los diálogos y buscaron contacto con miembros del entonces Secretariado de las Farc. Recién se había conocido una lista con los secuestrados que en ese momento estaban en su poder en la que no aparecieron los nombres de Gildardo Pabón ni de José Andrés Preciado.
Oficialmente en ese momento la guerrilla no los tenía en su poder y el Ejército, por otro lado, tampoco sabía de su paradero. Nadie los tenía. Nunca más se supo de ellos ni que les pasó. Pareció que la tierra se los hubiera tragado. Nadie respondió por su paradero ni mucho menos por sus vidas.
Aun cuando la familia de Gildardo cree que está muerto y por ello en 2005 pidieron declarar legalmente su muerte por desaparición, muy dentro de sí su mamá, María Perdomo de Pabón, hasta que no tenga un cuerpo para enterrar guarda una poca de esperanza de que su hijo está vivo.
Mientras la espera de noticia alguna aparece, la cual lleva ya 22 años, la familia de Giladardo decidió no guardar silencio y levantar la voz ante la justicia para no dejar el caso en la impunidad. Alguien tenía que pagar por la desaparición y el 13 de Julio de 2010 instauraron acción de reparación directa, en contra de la Nación, pero un mes después el Tribunal Administrativo de Nariño rechazó la demanda. Tras la apelación el caso llegó al Consejo de Estado, que tumbó la decisión del tribunal nariñense y falló en favor de la familia víctima.
El Consejo de Estado resolvió condena en contra de la Nación y obligó al Ministerio de Defensa y al Ejército a pagarle a la familia de Pabón un poco más de $400 millones por su responsabilidad no cumplida con la seguridad del soldado.
La familia de José Andrés también demandó a la Nación por el mismo concepto, pero su caso no se ha se ha resuelto y aún está en los anaqueles del juzgado 34 administrativo de Bogotá, que en diciembre de 2018 admitió la demanda.
Resarcir económicamente a las familias víctimas es lo mínimo que el Estado puede hacer ya su obligación era cuidarlos mientras estuviesen prestando el servicio militar; pero Gildardo y su amigo Andrés salieron del batallón para nunca más volver.