En la evaluación que el ministro de Transporte, William Camargo realizó de los mega proyectos viales de Colombia, las 4G, una de las llamadas locomotoras de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos, la gran mayoría de las que están en obra pasó la prueba. Este fue el programa estrella del Ministro de transporte Germán Vargas Lleras que consiguió su financiación con la venta de Isagen, y que tuvo felices a los empresas de ingeniería y las grandes constructoras de Colombia, pero también internacionales. Sin embargo, hay una en particular que no permite que la sonrisa del boyacense sea total, la vía Mulaló – Loboguerrero, un tramo clave para completar la conexión entre Buenaventura y el interior de país.
Si bien la mayoría presenta un avance superior al 80% con algunas ya terminadas en su totalidad, este proyecto ha sido un verdadero dolor de cabeza. Está diseñado para conectar los corregimientos de Mulaló, en la zona plana del Valle del Cauca en el municipio de Yumbo con Loboguerrero en el municipio de Dagua, ya en la vertiente del Pacífico, un tramo crucial que permitirá acortar significativamente el recorrido entre el Puerto de Buenaventura y el interior.
Las demoras vienen desde mucho antes de que nacieran las vías 4G
Desde la década de los 80 la Gobernación del Valle se había planteado la posibilidad de llevar a cabo un proyecto que conectara a estos corregimientos, pero no fue sino hasta el primer mandato de Álvaro Uribe en el 2002 que fue incluido dentro del Plan de Desarrollo, aunque no se avanzó. Fue solo en el gobierno de Juan Manuel Santos, para quien la estrategia liderada por German Vargas Lleras de conectar Colombia con grandes vías y dobles calzadas fue prioritaria, que ésta empezó a divisarse como una posible realidad.
Ya en 2015, un año después de que fuera lanzado el programa de Vías 4G, la construcción y el mantenimiento del proyecto se le otorgó a Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. – COVIMAR, una empresa que tiene como accionistas a Estudios Proyectos e Inversiones de los Andes S.A.S. (Epiandes S.A.S.) con el 25% y la sociedad Proyectos y Desarrollos Viales del Mar S.A.S. (Prodevimar S.A.S.) con el 75%, todo parte del holding de Corficolombiana, la gigante compañía con la que Luis Carlos Sarmiento Angulo maneja su gran emporio con el negocio de peajes y carreteras.
El Presidente entonces de Corficolombiana era José Elías Melo, quien se retiró en el 2016 después de haber permanecido ocho años y terminó enredado con las coimas de Oderbrecht y está a punto de completar su condena en la cárcel La Picota y quedar libre. Lo reemplazó en el cargo Bernardo Noreña, quien estuvo dos años hasta la llegada de la exministra María Lorena Gutiérrez después de haber sido ministra de Comercio hasta el fin del gobierno Santos el 7 agosto de 2018.
Los líos de la vía con la consulta previa y la licencia ambiental
El proceso de consulta previa con las comunidades aledañas fue uno de los obstáculos que tuvo desde un comienzo la construcción de la vía y posteriormente se le sumo el tema de la licencia ambiental. El proyecto intervenía ricos ecosistemas con lo cual la ANLA condicionó la obra para otorgarle la licencia ambiental que finalmente la obtuvo en 2021 después de un largo pleito legal con Covimar, compañía adscrita a Corficolombiana.
Habían pasado ya seis años desde la licitación en la que el gobierno le entregó la obra y aún seguían los problemas. En el 2021, el mismo año en el que la ANLA finalmente otorgó la licencia, la empresa en cabeza de María Lorena Gutiérrez demandó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y solicitó la terminación inmediata del contrato de concesión. Sin embargo dos años después la solicitud fue negada por un Tribunal de arbitramiento y el consorcio quedó con la obligación de continuar la obra. Además, les obligaron a pagarle a la ANI más de $1.000 millones.
A comienzos de este año, el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga advirtió que como iban las cosas la obra podría terminar convertida en un elefante blanco y ahora, en un reportaje en La República, el ministro de Transporte William Camargo, planteo que la liquidación puede ser inminente y que se podría buscar la salida de una alianza público-privada para concluir la obra. Lo cierto es que la alta ejecutiva María Lorena Gutiérrez dejó la presidencia de Corficolombiana con la obra en el limbo.
