La pavimentación de la carretera Mocoa-Pitalito fue uno de los proyectos más importantes del programa “Vías para la paz” del gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, ya que decir Mocoa-Pitalito es lo mismo que decir Mocoa-Colombia, porque esta carretera eliminaría para siempre la soledad del Putumayo al comunicarlo con los centros de consumo de todo el país.
Se pavimentaron 60 kilómetros de la vía, con una inversión de 70.000 millones de pesos, de los cuales el Fondo de Inversiones para la Paz aportó 5.000 millones y los 65.000 millones restantes provinieron de un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Además, para ejecutar esta carretera se suscribieron 7 contratos de obra, que contaron con la debida interventoría.
La obra fue inaugurada en el primer semestre del año 2002 por Pastrana Arango. Sin embargo, hoy, 18 años más tarde, esta carretera se encuentra en el olvido y amenazada por el deterioro originado por la falta de mantenimiento, que pasó del manejo del Instituto Nacional de Vías a una firma privada que hoy se ha declarado en quiebra.
Una lucha social
Para que el gobierno nacional centrara la atención en el Putumayo, ubicado al sur de Colombia, se tuvo que gestar una lucha social para obtener una respuesta, ya que el departamento se encontraba incomunicado con el resto del país por la falta de una carretera de buenas condiciones. De hecho, existía una trocha donde las personas se aventuraban a transitar en buses conocidos como “chivas”, y la poca carga que ingresaba a la región se hacía en viejos camiones doble troque.
Fue así como un grupo de personas de Mocoa decidió crear un comité cívico pro carretera Mocoa-Pitalito, que se integró el 26 de mayo de 1986 (últimos cien días del gobierno de Belisario Betancur). Fue una etapa de gestiones e información. Más adelante, con el gobierno de Barco se hicieron una serie de foros y el propio ministro de obras de la época (Luis Fernando Jaramillo) vino a Mocoa a garantizar los recursos para el tramo que faltaba.
Pero este comité hoy, 18 años después, vuelve a entucar, ya que el carreteable registra 44 puntos críticos que cuales requieren de una intervención inmediata. Esta supera los 29.000 millones de pesos, según Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), donde se ha diseñado un Plan Remedial del Proyecto Santana, Mocoa, Pitalito, Mocoa, el cual tiene un plazo de 3 meses para su ejecución.
El 29 de octubre de 2019, nuevamente las mujeres integraron un comité de presión popular llamado C. O. I. P. La intención es integrar esfuerzos para presionar una solución definitiva al problema de la vía: esta se está acabando y las soluciones no se ven. Así pues, instauraron una acción popular contra el Inst. Nacional de vías. La demanda fue aceptada y en esta tarea integraron acciones con la defensora del pueblo y la sociedad de ingenieros del Putumayo.
Hoy la duración del viaje es de alrededor 3 horas y media, en tiempo seco, y cuando se registra invierno el viaje puede durar días, como ocurrió el 17 de noviembre del 2019, cuando se registraron varios derrumbes entre los kilómetros 55 al 59... tardaron más de 5 días para habitar el paso.
Los tropiezos
La autopista de cuarta generación cuesta 3,87 billones de pesos. El contrato fue firmado el 18-agosto-2015 con el consorcio Infraestructura Vial para Colombia, quien se quedó con la licitación. Sin embargo, terminó en manos de Aliadas para el Progreso, encargada de la ejecución.
El consorcio está conformado por las firmas Carlos Alberto Solarte Solarte S.A.S (con un 62,2%), CASS Constructores –también de los Solarte– (con 30,7%) y Latinoamericana de Construcciones S.A (con 7%).
El proyecto debía comenzar a intervenir 447 kilómetros entre Mocoa y Neiva, la construcción de un túnel falso de 400 metros en Pericongo y dos túneles de 90 metros, cada uno, en la vía Mocoa-San Juan de Villalobos.
Además, debía iniciar la construcción 36 kilómetros en calzada sencilla, incluidas variantes en Mocoa, Villa Garzón, Puerto Caicedo (Putumayo) y en el Huila la vía Mocoa-Bruselas-Pitalito cobraba especial atención.
Aliadas para el Progreso, también debía acometer la rehabilitación de la vía Pitalito-San Agustín y de la variante El Juncal; un tercer carril entre Hobo-Gigante y la construcción de la variante en Gigante, Hobo, Campoalegre y Timaná. También abarca soluciones viales para la zona de Los Altares, Pericongo y Puerto Seco, obras de conexión en Surabastos y el cruce hacia Algeciras.
La inversión total se fijó en tres billones de pesos, de los cuales $1,5 billones costará la obra y otro aporte similar el mantenimiento.
Cinco años después la obra quedó paralizada con un avance del cinco por ciento, según la Agencia Nacional de Infraestructura, entre otras razones, por los enredos judiciales del principal accionista, originados por los sobornos de la firma Odebrecht en lo que califica como un hecho de corrupción más en Colombia.
En febrero de 2019, la ANI inició un proceso sancionatorio por incumplimiento de algunas obligaciones contractuales. Le impusieron varias sanciones.
Sin embargo, el proceso administrativo para declarar la caducidad por incumplimiento grave, contrario a lo anunciado por el Ministerio del Transporte y la ANI, no está en la agenda. Solo se activó un plan remedial para enderezar el contrato y evitar la caducidad, que puede tardar varios años.
El 3 de junio de 2019 la ANI anunció un plan para reactivar el proyecto. El grupo empresarial antioqueño Ethuss estaría interesado en asumir el contrato de concesión, pero nunca despegó. El 19 de noviembre de 2019 el propio presidente Duque anunció que la compañía CCA Colombia Corp asumiría la ejecución de la obra.
Según el gobierno, la firma, filial de la compañía China Construction América, estarían interesada en adquirir la compañía Aliadas, dueña del proyecto, según la oferta vinculante que presentó. Sin embargo, se frustró porque al comprar la compañía tendría que pagar de entrada cerca de 23 mil millones de pesos de las multas por incumplimiento, hecho que no está saneado.
Ahora se contempla la cesión del contrato, cuyo plazo venció el 30 de agosto del 2019. Y lo más grave, Aliadas no descarta la posibilidad de demandar al Estado.
Pero sobre el tema en los últimos meses nadie se vuelve a pronunciar y menos en los tiempos del coronavirus.
