Entrado en la tercera edad, el excongresista Tiberio Villarreal Ramos parecía olvidado incluso por los miembros de aquel círculo al que los analistas llaman “el país político”. Su regreso al anonimato se dio después de un paso turbulento por el Congreso de la República, del que se marginó luego de que su nombre apareció en las páginas del famoso proceso 8.000.
A mitad de la década de los 90, Villarreal era uno de los caciques más influentes de Santander y aunque quizá con menos formación que ellos, su poder era comparable al que ejercían coterráneos suyos como Horacio Serpa Uribe y Hugo Serrano Gómez, ambos ya fallecidos.
Oriundo de Santander, se abrió paso en la política catapultado por su antigua condición de dirigente deportivo que lo llevó a ser dueño del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga. Poco ilustrado pero directo, alguna vez se presentó al despacho del entonces procurador Alfonso Gómez Méndez para quejarse de que los magistrados de la Corte lo quisieran investigar por el “delito de conciencia”. Se refería a la cercanía que atribuían en los tribunales con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali.
Algunos incluso creían ya fallecido a Villarreal, jefe del movimiento Insurgencia Liberal. No es así, a sus 81 años goza de cabal salud y recibió con plena conciencia la notificación de la Fiscalía en el sentido de que deberá presentarse a audiencia de acusación.
Los cargos aluden a él como uno de los presuntos determinadores de la masacre de La Rochela, en la que fueron asesinados el 18 de enero de 1989 los doce integrantes de una comisión judicial que investigaba una serie de desapariciones y muertes violentas en la zona del Bajo Simacota, en Santander.
Víctimas de la masacre de La Rochela
La comisión fue integrada por la Dirección de Instrucción Criminal, entidad que en esa época coordina a los jueces de investigación porque todavía no existía la Fiscalía. El equipo, integrado por quince funcionarios, llegó a la región en vehículos viejos y sin mayor seguridad. Todas las armas que tenían para defenderse en caso de una agresión eran los dos revólveres que llevaban policial judiciales integrantes del equipo.
El ataque se produjo cuando un fuerte grupo armado, cuyo cabecilla se identificó inicialmente como integrante de las Farc, le pidió a los integrantes de la caravana que se bajaran para dialogar. Cuando eso ocurrió, les dispararon ráfagas de fusil.
De acuerdo con información recibida en esa época por jueces de la región, entre ellos el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia Marco Antonio Rueda Soto, Tiberio Villarreal estaba alarmado por la inminente llegada de la comisión judicial en la zona porque creía que sus integrantes iban en busca de pruebas sobre sus nexos con los grupos con los primeros grupos de autodefensa que azotaron la región.
Según esas mismas versiones que hoy, 34 años después han conducido al hallazgo de nuevas evidencias, el político nacido en la población de Rionegro estaría sacando recursos de la contratación pública para promover a esas organizaciones armadas.
Incluso a comienzos de las 90 las Farc atentaron contra Villarreal y el ELN dijo en un comunicado que tenía videos de reuniones en las que el dirigente, uno de los primeros caciques santandereanos que llegó al Congreso a la República, coordinaba reuniones para la activación de estructuras armadas.
La expectativa en torno a la audiencia de acusación tiene que ver con las conexiones Villarreal Ramos con la banda paramilitar a la que pertenecía el ‘Negro Vladimir’, autor material confeso de la masacre y uno de los primeros condenados por ese crimen de lesa humanidad.
Tiberio Villarreal Ramos no solo ha negado sistemáticamente su participación en ese crimen, uno de los más graves cometidos contra la administración de justicia, después de la toma de las sedes de las cortes en 1985, sino que ha dicho que “repudia” todas aquellas acciones.
Esta no es la primera vez que Tiberio Villarreal enfrenta cargos judiciales. En la época del proceso 8.000 también fue investigado por la Corte Suprema de Justicia y eso marcó el fin de su carrera parlamentaria.
Tiberio Villarreal en su época de senador
Los familiares de las víctimas de La Rochela están pendientes de la suerte de Tiberio Villarreal en los estrados, ya que para ellas el caso sigue sumido en la impunidad. Entre ellas se encuentran el hoy fiscal Daniel Hernández y el exdirector de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Virgilio Hernández, cuyos padres hacían parte de la comisión inmolada.
La situación del exdirigente político, que actualmente funge como analista ocasional, podría verse agravado si se llegara a comprobar su relación con el crimen ocurrido en La Rochela porque la masacre tiene antecedentes serios en la misma región donde fue cometida.
Los jueces y funcionarios judiciales emboscados trágicamente en aquella ocasión buscaban el rastro de varios desaparecidos, entre ellos 13 trabajadores de la industria maderera cuyos cuerpos aparecieron flotando en aguas del rio Magdalena.
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