La verdadera cara del racismo laboral

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Imaginemos la siguiente situación: Usted consigue un trabajo, en una empresa aparentemente seria. Luego de unos días, empieza a experimentar situaciones de acoso laboral, que se acrecientan con el paso del tiempo. Sus jefes no hacen caso a sus denuncias y finalmente, usted decide renunciar, ante ese ambiente laboral insoportable. La situación se repite y esta vez, usted decide denunciarla ante las autoridades competentes. Pero en cada nueva entrevista, su perfil es rechazado, llega al final de los procesos de selección y no hay contratación a pesar de cumplir los requerimientos… parece que su nombre está vetado, las empresas y las temporales han puesto su nombre en una lista negra que lo vuelve incontratable. Todo por defender sus derechos.

Esta es una historia real, que John Jak Becerra Palacios ha tenido que sufrir desde el año 2002 y 18 años después su viacrucis no termina.

¿Por qué esta impactante historia no ha salido en los principales medios de comunicación? La respuesta es corta. Este es un caso de Racismo Laboral. Y este es un tema que no interesa mostrar, es un secreto a voces, parte de la doble moral de la sociedad colombiana que esconde los problemas debajo del tapete.

A pesar de esto se han realizado algunos estudios académicos que develan la gravísima situación laboral de la población afrocolombiana. En estos, se muestra que pertenecer a la población afrocolombiana hace menos probable el ser llamado a una entrevista o a ser contratado¹, se gana un 29% menos por realizar el mismo trabajo que otros grupos étnicos², la tasa de informalidad es del 65% superando la media nacional de 56%, y tan solo el 2.2% alcanza trabajos calificados³ (gerentes y profesionales). A esto se le suma que por lo menos un 23% manifiesta haber experimentado racismo en su entorno laboral, acompañado de insultos racistas en el 35% de los casos⁴.

El racismo laboral es una situación que los afrocolombianos vivimos día a día y que permanece invisible ante los ojos del estado colombiano y los medios de comunicación, de igual forma que todos los temas que se relacionan con la comunidad afrocolombiana e incomodan, así como el caso que a continuación voy a relatar de manera concisa.

El señor John Jak Becerra Palacios, es un afrobogotano que vivió varios años en Quibdó y regresó a la ciudad en el año 2000. Después de muchas dificultades logró conseguir un empleo en la empresa “Hilandería Fontibón” por intermedio de la bolsa de empleo (TEM APOYO C.T.A), en la cual, experimento trato despectivo e insultos racistas como “esclavo” y “negro flojo”, hasta su retiro en 2003. Posteriormente trabajó en Clorox de Colombia, en donde se presentó una situación similar pero más intensa por parte de algunas compañeras de trabajo, y ante la negativa de las directivas de la empresa a intervenir, en 2008 decidió retirarse.

Sin embargo, la gota que rebasó la copa fue la situación en la empresa A.R Los Restrepos S.A en la cual laboró del 2009 hasta 2013. Aquí se encontró con trato desigual e insultos racistas constantes como “mico”, “mono”, “kini”, “manos de King Kong” y “el vallenato no es música y los negros no son gente”. Después de estos años de trato inhumano, el señor Becerra decide iniciar un proceso judicial en la Fiscalía General de la Nación, por actos racistas en contra de esta empresa.

Y es precisamente aquí donde empieza el calvario.

Inicialmente, en la fiscalía, el máximo órgano dedicado a investigar y acusar delincuentes, dijeron desconocer la ley antidiscriminación 1482 de 2011. El proceso se vio dilatado por constantes cambios de fiscal, y gracias al apoyo de algunos organismos del estado junto con organizaciones no gubernamentales, la denuncia fue aceptada bajo la ley 1482 de 2011, pero finalmente el proceso fue archivado en 2017. Durante este proceso, el señor Becerra hace contacto con la organización Dejusticia, quien lo ha acompañado en este proceso, y le recomendaron elevar la petición ante la Corte Constitucional.

En paralelo a este proceso, el señor Becerra trabajó en la empresa Suppla S.A por medio de MANPOWER GROUP, en donde el acoso laboral y el racismo se repitieron. La presión del proceso judicial junto con el acoso, hicieron que renunciara en 2016. Su siguiente empleo fue en la Constructora Marval, contratado mediante la temporal Adecco group, en la cual permaneció a pesar de recibir presiones y trato desigual. Pero en ese momento, un video publicado por el diario El Espectador y realizado por Dejusticia, que mostraba el caso del señor Becerra y su odisea hacia la Corte Constitucional, llegó a manos de sus Jefes en Constructora Marval, quienes lo señalaron de problemático y de inmediato, a través un engaño construido con las temporales MANPOWER Group y Adecco Group, le terminan el contrato el 27 de noviembre de 2017.

A partir de este momento, la búsqueda de trabajo para el señor Becerra se convirtió en un tormento, pues en cada proceso de selección, después de ser sometido a largas pruebas, desplazamientos fuera de la ciudad, e innumerables entrevistas, lo rechazaban por motivos extraños, o sin ninguno en concreto. Incluso después de completar los procesos y cumplir con el perfil, al final, la contratación siempre se truncaba. En cada rechazo, se iba dando cuenta que la explicación solo podía ser una: Un veto del sector privado, empresas y temporales, contra él. Todo por reivindicar sus derechos fundamentales, por pedir un trato justo y respetuoso, como el que merece cualquier persona.

Finalmente, a finales del año 2017, la Corte Constitucional profiere la Sentencia T-572/17, como respuesta a la acción de Tutela presentada por John Jak Becerra, un precedente para todos los afrocolombianos que sufren de racismo laboral. Entre las conclusiones más importantes de la sentencia, se encuentra la competencia del Ministerio de Trabajo para atender estas denuncias, y quien anteriormente declaró no ser la entidad correspondiente para el tema. Además, todas las situaciones acaecidas que fueron tratadas con indiferencia por la Fiscalía durante el proceso, son reconocidas como claros hechos de racismo.

A pesar de la importancia de la sentencia, para John Jack Becerra esta es una mera victoria moral, puesto que esta lucha le ha significado permanecer desempleado durante casi 3 años, sin contar con los medios para la manutención de su familia y mucho menos, para continuar con el proceso legal necesario en orden de obtener la reparación que le corresponde por los daños y perjuicios causados a su nombre y a su persona.

Y es que, a pesar de que esta no es la primera vez que se escribe sobre este caso, pues otros medios como CM& y el periódico El Espectador han tocado el tema, esto está lejos de ser una prioridad para una sociedad que niega el racismo con la misma fuerza que lo practica. El material más reciente sobre John Jak Becerra se encuentra en el documental “Afrocolombianos: el dolor de la segregación” realizado por el canal alemán DW.

Pero parece que no importa cuántas veces se hable de este caso, al final los involucrados no se ven afectados y muchos actores parecen empatizar en primera instancia. Sin embargo, pocos terminan comprometiéndose y aportando en la lucha de John Jak Becerra.

Por un lado, están los principales responsables de la situación actual del señor Becerra, el sector privado encabezado por las bolsas de empleo y temporales. Este modelo de contratación que ha acabado con muchas de las garantías laborales de los colombianos, ha utilizado su influencia en el sector, junto con el manejo de la información personal, para vetar a un hombre que está reivindicando sus derechos, porque a las empresas esto puede resultarles “problemático”. Teniendo en cuenta que estas empresas controlan la mayoría de procesos de selección en alguna parte de la cadena, y que 1 de cada 3 empleados en Colombia son contratados por medio de estas, un veto de este tipo es una sentencia de muerte laboral.

Aquí es donde entran los siguientes actores, las entidades del estado colombiano. El ministerio de trabajo, siempre incompetente para resolver las necesidades de los trabajadores y mucho menos si se trata del “fastidioso” tema del racismo. De igual forma que la Fiscalía general de la nación, quien decidió simplemente archivar este proceso, que será uno entre cientos que son denunciados por el mismo motivo y seguro tendrán el mismo fin. Estas son las entidades que deberían controlar cualquier tipo de persecución o veto a las personas, que va mucho más allá de la libertad de las empresas para contratar, sino un hecho que se convirtió en un ejercicio sistemático de discriminación coordinado, sabiendo que este comportamiento es un delito en Colombia.

Por otro lado, encontramos a las organizaciones de afrocolombianos, que conocen ampliamente el caso, pero les ha faltado compromiso y contundencia. Si no podemos acudir a estas organizaciones o a nuestros líderes afro cuando suceden estas graves violaciones de nuestros derechos ¿a quién podemos acudir? Es precisamente para estas situaciones que existes las organizaciones, los representantes a la cámara, los líderes destacados en los medios, no para obtener beneficios a nombre de la lucha afro y callar cuando conviene.

Finalmente, en lo personal creo que esto debe ser un llamado a toda la comunidad afrocolombiana. Al caso de John Jak Becerra le han dado la espalda muchos, pero para nosotros debe ser mucho más. Debe ser nuestra bandera de lucha, la prueba indiscutible que el racismo en Colombia va más allá de un insulto suelto, que es un racismo estructural, ejecutado por el sector privado y respaldado por el estado colombiano, tal y como lo fue la institución de la esclavitud.

Tomemos el ejemplo de John Jak, seamos valientes y luchemos. No es momento de callar, es tiempo de avanzar.

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