En el plenilunio que dejan las madrugadas de julio hubo un fuerte temblor en las montañas de la Sierra. El estruendo fue tan vigoroso que hizo crujir la nevada haciéndola sentir hasta la desembocadura de sus ríos.
Los mamos, autoridades espirituales de los pueblos indígenas Kogui, Kankuamos, Arhuacos y Wiwas habitantes de la Sierra Nevada interpretaron que vendrían noticias de dolor. Avisaron que se avecinaban hechos cargados de pesadumbre por la violencia y el rompimiento del ciclo de los hijos del territorio a quienes asesinaron en los caminos de la Sierra, justo por donde se tejen los hilos que alimentan a los padres espirituales de lo profundo de la tierra; Shendukua le llaman los wiwas, una madre que reclama ser saneada por las continuas afectaciones de sus hijos.
No era para menos, los días 18 y 19 de julio estaba programada la audiencia de reconocimiento de exmilitares del “batallón la popa” en la ciudad de Valledupar. Allí, ante los magistrados de la Justicia Especial para La Paz (JEP) y un grueso número de víctimas entre campesinos e indígenas, 12 exmilitares reconocieron su participación en los casos de 126 homicidos y 120 desapariciones forzadas por los cuales es investigado el batallón La popa con jurisdicción en el sur de La Guajira y centro del Cesar.
Si la muerte duele por sí misma, más dolorosa aún es la muerte violenta. Derrumba los planes de las familias rompiendo para siempre el ciclo de vida de las generaciones afectadas. En el auditorio de la Fundación Universitaria del Área Andina de Valledupar donde se desarrollaron las audiencias, todo temblaba, como lo hizo la Sierra en las noches previas. Temblaban las palabras de los victimarios, la respiración de los jueces y el alma de las víctimas que recibían con detalle el suceso más escabroso al que puede concurrir un ser humano; presenciar el relato de los últimos minutos de vida de sus seres queridos en la voz de sus propios verdugos.
En un país donde el muerto es el culpable, donde si matan a la gente la tribuna grita que “fue por algo”, los familiares de las víctimas reclamaron que el nombre de sus parientes fuera limpiado. Reclamaban que gritaran sus nombres y dijeran que era inocente, que era un campesino, que no llevaba granada en su mochila sino limones… que no llevaba puesto uniforme ni llevaban armas, sino ropa de civil y herramientas de trabajo.
Los exmilitares relataron con frialdad un plan de premios que existía alrededor de la escabrosa política de entrega de resultados. Un talonario de sangre que exigía bajas en combate, haciendo pasar civiles inermes como miembros de grupos armados a cambio de prebendas personales y grupales: permisos, dinero, armas, fiestas con prostitutas y hasta un arroz Chino a cambio de matar civiles inocentes y disfrazarlos de guerrilleros. Eso costaba la vida humana.
Las notas de prensa de la JEP y los medios de comunicación nacional replicaron las versiones de los exmilitares donde reconocieron haber asesinado a un hombre que llevaba el dinero para comprar el pudín de cumpleaños de su hija. Contaron que un joven a sabiendas de su fatal destino aceptó ponerse un uniforme camuflado a cambio de que su cuerpo fuera entregado a su familia y no fuera desaparecido como se conocía de algunos casos previos. Otro soldado aceptó que al intentar ejecutar a un civil por la espalda, se le disparó el fusil soltando una ráfaga que le destrozó el cuerpo separándolo de su cabeza. Cada relato traía consigo una historia de horror, dolor, y rabia represada que junto a la sangre de los ausentes y las lágrimas de los presentes procuraban resimbolizar las memorias de quienes jamás debió dudarse su inocencia, limpiar la honra de quienes jamás debieron partir de este mundo con esa carga de atrocidad a cuestas.
Víctimas wiwas y kankuamos
Las autoridades de los pueblos wiwa (Pedro Loperena) y kankuamo Jaime Luis Arias Ramirez destacaron en su intervención que se debe profundizar en las versiones dadas. Llegar hasta el final de los hechos, conocer la minucia de la verdad. Explicaron que se debe sanear el territorio y la colectividad de sus pueblos los cuales fueron afectados en el marco de una guerra que nunca llamaron a sus territorios. Explicaron que hay unas autoridades materiales y espirituales a las que se les debe reparar y sanear. Hay una colectividad que debe ser protegida por la sistemática violencia que se ejecutó en sus territorios en contra de su gente y sus autoridades hasta llevarlos casi a la extinción física y cultural como lo destacó la corte constitucional, y como lo exigió la corte interamericana de Derechos Humanos en su ordenamiento de medidas cautelares que protejan la integridad de estos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Lo vivido y reconocido en estos días de julio es apenas el inicio de un duro proceso de saneamiento que los mamos wiwa llaman Aguanguashi un complejo concepto propio donde se difuminan la vida y la muerte, el inicio y el final, el tejido de las palabras con el reconocimiento de los hechos en materia y espíritu.
En su época los curas y monjas lo tradujeron “confieso”. Así lo han seguido llamando los antropólogos. Pero aguanguashi es más que el sacramento católico donde el sacerdote se va enterando a través de la voz del confesionario del alcance de sus pecados
En aguanguashi los mamos saben con antelación lo ocurrido. Saben que en este caso hay más por decir y por aceptar. Saben que hay mucho más daño por reparar más allá de decir y relatar lo ocurrido, por lo cual preparan los sitios exactos para recibir la palabra y el pensamiento. Acondicionan los materiales que requiere el sitio para equilibrarse y retomar su misionalidad. Saben que apenas inicia un largo camino. Aún así, requieren los mamos y las autoridades propias de la suficiencia institucional que coadyuve a desenredar el hilo roto por la violencia y recomenzar el tejido de una nueva etapa, una nueva historia que retome, sin miedos, los caminos de la vida de sus pueblos en su propio territorio, y poder así calmar el temblor que brota del fondo de la montaña y sus nevados.
Iván Arrieta
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